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Dispusieron la intervención judicial del Correo

Por Redacción

La jueza en lo comercial Marta Cirulli dispuso ayer la “intervención plena” de la empresa Correo Argentino S.A. y el “desplazamiento total” de su directivos.

Las medidas habían sido solicitadas por la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, y acompañada por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, luego de que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores y tras denunciar maniobras de vaciamiento.

Entre los motivos de la medida dispuesta por la jueza en lo comercial se encuentra la reticencia de la empresa ante requerimientos del tribunal, lo que imposibilitó el “conocimiento cabal del engrosamiento de sus nuevos pasivos” y sembró “un manto de duda sobre la sinceridad de lo que venía expresando sobre su real endeudamiento”.

Para decidir las medidas “hasta que concluya el procedimiento de salvataje”, Cirulli ponderó las dificultades que expuso el coadministrador judicial para llevar a cabo la tarea encomendada, por falta de datos e información, aunque calculó que -a fines de septiembre de 2019- la composición del pasivo posconcursal era de 191.997.055,52 de pesos.

En su fallo de ayer, la jueza cuestionó “el proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA en punto a la determinación concreta del pasivo posconcursal, aún bajo la coadministración” y consideró que “resulta esquivo e imprevisible, y sigue arrojando un manto de duda sobre el esperable comportamiento sincero”.

“Noto que el comportamiento de la concursada en punto a las imputaciones en examen, sólo contribuye a la procedencia del planteo formulado por el Ministerio Público”, sostuvo la jueza.

La magistrada señaló además que la empresa, además de “responder parcialmente y `a cuenta gotas´ lo requerido por el coadministrador, no controvirtió” las imputaciones formuladas por la fiscal Boquín sobre una deuda con AFIP “de nada menos que $600.000.000” de impuestos impuestos a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta.

Las autoridades del Correo Argentino S.A. habían responsabilizado al Estado Nacional de haber provocado una situación de cesación de pagos y apropiarse de sus activos.

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