El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 ordenó hoy "hacer efectiva la morigeración de las condiciones de detención de Lázaro Báez", por lo que el empresario investigado por supuesto lavado de dinero será enviado a prisión preventiva domiciliaria, según informaron fuentes judiciales.
Pero cuando era trasladado esta noche al Country de "Ayres de Pilar", en donde tiene que cumplir con la domiciliaria, los vecinos del lugar impidieron que el vehículo del Servicio Penitenciario ingrese en cuatro ocasiones.
En el último intento la camioneta logró meterse dentro del barrio cerrado, pero los vecinos realizaron una sentada frente al vehículo y no le permitieron avanzar, obligando al mismo a hacer marcha atrás y retirarse por la Panamericana. Además le arrojaron piedras y huevazos, provocando la rotura del parabrisas.
"Estamos agotados, hartos de la falta de Justicia. No van a poder, cada vez somos más los que estamos decididos a defender nuestro país. Que se respete la Constitución. Necesitamos que los jueces se pongan los pantalones y defiendan la República", aseguró una de las vecinas en diálogo con el canal de noticias TN.
"Si tanto afanó, que hubiese separado 100 lucas para pagar las expensas. No queremos que venga, no le hace bien a nadie un hombre así. No va a entrar ni él ni los abogados", aseguró otro de los vecinos presentes en la protesta.
Por otro lado, los abogados de Lázaro Báez tampoco pudieron entrar al Country: los vecinos lanzaron huevos al auto que los trasladaba. "Son iguales a él", fue uno de los tantos gritos que recibieron los letrados.
POR LA MAÑANA LE CONCEDIERON EL ARRESTO DOMICILIARIO
"No existe otra posibilidad más que hacer efectivo el arresto domiciliario dispuesto por el Juzgado instructor, aun cuando hasta el momento no se ha depositado la caución real fijada en los autos N° 9630/2016/To2 del registro de este Tribual en oportunidad de conceder su excarcelación", sostuvieron los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado.
Esta mañana, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había ordenado conceder el arresto domiciliario al empresario en una de las causas en las que está procesado por supuesto lavado de dinero, al revocar el fallo de un Tribunal Oral que había rechazado otorgar ese beneficio.
Con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, la Casación dispuso otorgar el arresto domiciliario a Báez en la causa conocida como "El Entrevero", por supuesto lavado de dinero en la compraventa de un campo, y ordenó al Tribunal que proceda de acuerdo a esa decisión, que ya había dispuesto el juez del caso, Sebastián Casanello.
En ese contexto, el TOF 4 debió decidir si conceder el arresto domiciliario a Báez con tobillera electrónica, también en la denominada M&P, donde había sido excarcelado bajo una fianza millonaria que no logró reunir.
Fue allí que los jueces consideraron que no les quedaba más alternativa que proceder según lo ordenado por Casación.
Báez se encuentra detenido desde el 5 de abril de 2016 por lo que, como varias veces plateó su defensa, se encuentran cumplidos todos los plazos aplicables a la prisión preventiva.
Semanas atrás, el mismo tribunal había tenido que reducir en más de 200 millones de pesos la fianza impuesta a Báez para hacer efectiva la excarcelación en la causa conocida como M&P, por orden de la Cámara de Federal Casación Penal; lo que puso en evidencia la diferencia de criterios entre ambos tribunales.
En aquella oportunidad, el TOF 4 redujo el monto de la fianza de 632 millones de pesos a 386.578.500 pesos, tras una resolución del máximo tribunal penal del país que le había dado la razón a la defensa del empresario, que había planteado que el monto fijado para su caución era excesivo, tal como informó Télam oportunamente.
Además de las dos causas en las que se jugaba su salida de prisión, Báez se encuentra siendo juzgado en debate oral y público por supuesto lavado de activos a través de la firma "Austral Construcciones", en maniobras calculadas en 55 millones de dólares.
El empresario también es uno de los imputados principales de la causa conocida como "Vialidad", en la que se juzga si durante los años que gobernó el kirchnerismo se realizaron maniobras para direccionar la obra pública vial de Santa Cruz en favor de sus empresas.
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