Ante la ola de inseguridad que golpea a la Provincia de Buenos Aires, un grupo de diputados nacionales del Interbloque Juntos por el Cambio presentó un pedido de informes en el que solicitan a los Gobiernos nacional y bonaerense información sobre las medidas, políticas y programas implementados en materia de seguridad para combatir el delito.
El proyecto apunta a determinar, entre otros puntos, la cantidad de efectivos de las fuerzas federales de seguridad desplegadas y afectadas a los operativos de seguridad en la Provincia, el despliegue de las fuerzas federales discriminado por municipio, y los criterios de asignación de las fuerzas federales en el territorio bonaerense.
Se trata de una iniciativa presentada por la diputada nacional del PRO, Mercedes Joury, acompañada por sus pares Hernán Berisso, María Luján Rey, Martín Medina, Graciela Ocaña, Pablo Torello, Camila Crescimbeni, Ezequiel Fernández Langan, Sebastián García De Luca, Juan Aicega, Silvia Lospennato, Adriana Cáceres, Mónica Frade y Mariana Stilman.
Como se sabe, en lo que va de 2021, se han registrado numerosos casos de homicidios en ocasión de robo en dicha Provincia, que causaron una profunda conmoción en la sociedad y motivaron innumerables protestas de vecinos en distintos municipios del conurbano bonaerense en reclamo de mayor seguridad.
A modo de ejemplo, Joury cuestionó que las autoridades de la Provincia “sin ninguna explicación oficial cortaron todo tipo de diálogo y coordinación con las autoridades del municipio de La Plata, suspendiendo las mesas de trabajo en conjunto que coordinaban el despliegue y patrullaje de las fuerzas de seguridad en el distrito”.
La legisladora advirtió que, desde el cambio de gestión, en diciembre de 2019, “viene registrándose un enorme retroceso respecto de las políticas de seguridad implementadas durante la gestión anterior, que se enfocaron en luchar contra las mafias, los narcos y la impunidad enquistadas en la Provincia”.
Como ya se informó, en septiembre de 2020, el gobierno nacional firmó un convenio con la Provincia por medio del cual se le otorgaron diez mil millones de pesos para ser destinados a equipamiento de seguridad.
Frente a esto, los legisladores del PRO pidieron a las autoridades bonaerenses que “presenten la rendición de los gastos efectuados en seguridad y su correspondiente distribución a los municipios de la Provincia”.
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