Son horas decisivas en el conflicto que mantienen los gobiernos de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta por las clases presenciales ante la Corte Suprema de Justicia. Y en ese marco, el máximo tribunal recibiría hoy la respuesta del Estado nacional a la cautelar presentada por el gobierno porteño contra el decreto que impuso la restricción hasta el viernes 30.
El encargado de responder por el Gobierno será el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien apuntará a demostrar que el decreto presidencial es constitucional porque no elimina ningún derecho, sino que restringe alguno (la presencialidad en las escuelas de la Capital, el Conurbano y La Plata) para preservar la salud de la población en un contexto de emergencia sanitaria. Y robustecerá su presentación con datos epidemiológicos del Ministerio de Salud e indicadores en los que se basó el Gobierno para dictar la medida que cuestionó la administración porteña.
En el gabinete de Alberto Fernández sostienen que la negativa de Larreta a acatar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y su decisión de judicializarlo a través de la presentación de una acción declarativa de inconstitucionalidad “encierra una contradicción: el propio jefe de Gobierno porteño había avalado durante todo 2020 las medidas del Gobierno Nacional, muchos más restrictivas que esta que ahora cuestiona”, cuestionaron fuentes del Poder Ejecutivo.
La presentación buscará poner de relieve que el decreto con el que se dispuso la suspensión de la presencialidad en las escuelas del área metropolitana de Buenos Aires durante 15 días implicó “una restricción y no la eliminación de un derecho; es algo que se puede hacer cuando está en juego otro derecho superior”, agregaron desde la Rosada, y que se resaltará además que se trató de una medida temporal dispuesta en un contexto de emergencia, citando decenas de antecedentes jurisprudenciales que avalarían la decisión del Ejecutivo.
En tanto, en la Capital esperan un gesto favorable de la Corte a su demanda por inconstitucionalidad y para que se respete la autonomía del distrito en cuestiones educativas: “Si se llega a reconocer la autonomía para que la CABA sea quien decida sobre el funcionamiento de la educación, eso será el resguardo para decisiones futuras del Estado nacional”, explicaban en el entorno de Rodríguez Larreta.
La postura de la Rosada defiende que el artículo 2 del decreto que disparó la controversia judicial no se expidió sobre política educativa -algo delegado a las Provincias-, sino que se trató de una medida de alcances estrictamente sanitarios.
Zannini tiene tiempo de responder hasta mañana a las 9. Con ese descargo en su poder, la Corte quedará en condiciones de resolver. Pero antes de dar a conocer el fallo, los magistrados deberán pedirle su opinión al Procurador General Eduardo Casal, que ya se expidió en su momento en favor de la competencia originaria de la Corte, pero no opinó sobre el fondo de la cuestión.
El máximo tribunal anticipó que le daría al expediente un tratamiento “sumarísimo”. Y se espera que así sea. Pues, el decreto presidencial que abrió todo este laberinto judicial vence el próximo 30 de abril, aunque el Gobierno no descarta nuevas restricciones, mientras analiza una acotada vuelta a las aulas.
Por lo que si la Corte no apura su definición para antes del viernes, la medida dejará de tener vigencia y se habrá extinguido el motivo del enfrentamiento.
Como sea, la decisión lejos estará de pasar desapercibida. Por tratarse de un expediente con alto voltaje político y simbólico, que al mismo tiempo que mantiene en vilo a padres, alumnos y docentes, podría sentar jurisprundencia para lo que reste de gestión de la pandemia.
El Gobierno tiene tiempo hasta mañana para responder ante el máximo tribunal
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