El primer análisis global de apoyo legal para los trabajadores, que clasificó 181 respuestas gubernamentales a la pandemia, pone a la Argentina al tope del ranking en cuanto al apoyo laboral otorgado durante la crisis sanitaria. Los datos surgen del estudio titulado “COVID-19: Una enfermedad ocupacional. ¿Dónde están más protegidos los trabajadores de primera línea?”, realizado por la UNI Global Unión -con sede en Nyon, Suiza, y que representa a 20 millones de trabajadores del sector de capacidades y servicios en más de 150 países- y la Confederación Sindical Internacional (CSI), que nuclea a 332 centrales obreras en 163 países y reúne 200 millones de afiliados.
A partir del análisis y clasificación de los niveles de compensación laboral, programas de seguridad social y sistemas de salud pública en 181 jurisdicciones nacionales y regionales, el informe encontró que el 98 por ciento de los trabajadores del mundo no reciben el subsidio de enfermedad, el reemplazo de salario y los beneficios sociales que necesitan para soportar los impactos del COVID-19. Mientras que poco más de la mitad de los gobiernos estudiados reconocen al coronavirus como una enfermedad ocupacional a través de un proceso regulatorio formal.
Argentina, como se dijo, lidera el ranking, secundada por Austria, Suecia, Francia y España.
Las diez jurisdicciones mejor calificadas en el estudio, que incluyeron a nuestro país y estados estadounidenses como Massachusetts, New Hampshire y Nueva Jersey “brindan el mejor apoyo para los trabajadores afectados por COVID-19. Sin embargo, estas jurisdicciones representan solo el 2 por ciento de la población activa mundial, lo que deja a la gran mayoría de los trabajadores con provisiones y beneficios limitados si se ven afectados por el virus”, detalló el análisis citado.
Concretamente sobre Argentina, el informe destacó que “recibió la mejor valoración a nivel de país, demostrando que un apoyo fuerte no depende de las riquezas de una nación” y describió: “Liderado por un fuerte movimiento obrero, el gobierno argentino actuó rápidamente el 13 de abril de 2020. Aunque no fue el primer país en reconocer a la COVID-19 como una enfermedad profesional a través de una ley parlamentaria, esta rápida respuesta significó que los trabajadores pudieron obtener acceso al apoyo antes de que el sistema sanitario estuviera sobreexigido”.
Precisamente, esta semana la Intersindical de Salud, un espacio que integran más de 20 organizaciones sindicales nucleadas en la CGT, la CTA y la Corriente Federal, presentó ante diputados y senadores el documento “seis razones por las cuales el COVID-19 debe incluirse en el listado de enfermedades profesionales”. Un pedido que fundamentaron en motivos legales, epidemiológicos, económicos, de prevalencia, de mortalidad y sanitarios. “Es necesario y urgente que el COVID-19 sea reconocido e incluido en el listado de enfermedades profesionales para que los trabajadores tengamos el resguardo sanitario y legal desde el momento del contagio hasta la reinserción laboral”, reclamaron en el texto firmado, entre otros, por el secretario general de Suteba y la CTA bonaerense, Roberto Baradel.
Baradel también integra la Confederación Sindical Internacional que, junto a la UNI Global Unión, elaboró el informe que destacó a la Argentina entre las naciones que mejor resguardaron a sus trabajadores en la pandemia. “En el primer análisis global sobre el apoyo gubernamental otorgado a los trabajadores durante la pandemia -ponderó el dirigente gremial-, la Argentina encabeza el ranking. Esto lo hace un Gobierno con un Estado presente y organizaciones sindicales fuertes”.
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