Las autoridades de la cartera educativa bonaerense decidieron poner la lupa sobre excesos de carpetas médicas por afecciones, algunas bastante raras, tales como "trastorno persistente del humor, del sueño, fatiga grave", y por desarreglos de "ansiedad, de personalidad, estrés grave, depresión, fobia, lumbago y ciática", en la mayoría de los casos por un mes, concedidas a docentes y auxiliares del distrito de José C. Paz.
En tal sentido, voceros judiciales explicaron hoy que "esas raras afecciones y la gran cantidad" dieron lugar a una auditoría y a una denuncia penal que quedó radicada en la justicia penal platense, que en las últimas horas indagó y procesó a Ángel Rubén Riquelme, Delia Inés Del Giovannino y Nerina Isabel Del Giovannino, tres empleados de la seccional de UPCN, de José C. Paz, quienes habrían conformado una banda dedicada a "vender" certificados médicos apócrifos, por distintas sumas de dinero, y cobrar a los docentes suplementes para ocupar los cargos que dejaban los falsos "licenciados".
En el caso, denunciado en el 2018, tomó intervención el fiscal del Crimen de La Plata Juan Cruz Condomí Alcorta, quien pidió la detención de los tres acusados de integrar una asociación ilícita para cometer fraudes contra la administración pública, pero el juez de Garantías Eduardo Silva Pelosi, decidió no hacer lugar al pedido del ministerio público, al considerar que no hay peligros procesales, porque pese al tiempo transcurrido desde que se denunció el caso, los acusados se presentaron a Derecho y a todas las citaciones de la Justicia, detallaron las fuentes consultadas.
Los tres sospechosos -agregaron- ya fueron indagados y procesados por los ilícitos antes mencionados y ahora se comenzará con las indagatorias a 46 docentes y auxiliares que habrían cometido el delito de fraude agravado, en perjuicio de la administración pública.
También explicaron que, los investigadores creen que la organización cobraba sumas de hasta 1.000 pesos por cada una de las licencias, y que además les habría cobrado distintos montos a los docentes y auxiliares del listado de suplentes, para incorporarlos al trabajo.
Voceros de Tribunales afirmaron que el doctor Condomí Alcorta habría dado por acreditado que "desde el 5 de febrero de 2018 y hasta fecha incierta, tres personas, se organizaron para proceder en forma habitual y onerosa (en la sede del Gremio UPCN seccional Jose C. Paz), a expedir certificados médicos apócrifos, utilizando para ello sellos de distintos profesionales médicos - habilitados para tal fin- presuntamente falsos, con patologías inexistentes".
"La maniobra antes descripta se materializó en al menos cuarenta y seis oportunidades", en las que "docentes y auxiliares en su carácter de trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación, concurrían a la sede del mencionado gremio en la localidad de José C. Paz, para solicitar a los aquí investigados la expedición de los certificados apócrifos a cambio de una suma de dinero, siendo por estos últimos, confeccionados y presentados en el sistema informático del organismo estatal, con licencias superiores a treinta días generando así un perjuicio patrimonial a las arcas de la administración pública provincial", detallaron las fuentes.
Además, se describió que el fiscal allanó la mencionada seccional de UPCN y encontró valiosa documentación para esclarecer el caso, por ejemplo, en uno de los estantes de esas oficinas un sello automático de color blanco y negro con el nombre de un médico Psiquiatra", junto a un listado compuesto de 18 hojas, con nombres de personas que habrían solicitado presuntas carpetas médicas apócrifas.
En este sentido, dijeron las fuentes, se halló en poder de los tres sospechosos el sello de ese médico psiquiatra, que en otra causa por hechos similares, en jurisdicción de Los Polvorines, declaró que se había enterado de que estaban falsificando certificados médicos con su nombre en otro distrito escolar.
En la causa se incorporó además una prueba clave, los médicos de una empresa de medicina legal, que realizó las juntas médicas, corroboraron que los agentes sospechados no tenían las patologías ya mencionadas, señalaron los voceros.
También explicaron que otra prueba clave fue el análisis de las comunicaciones telefónicas ordenadas por el fiscal, del que surgió "valiosa información para acreditar la autoría".
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