La diputada bonaerense Natalia Sánchez Jáuregui (Partido FE) y y secretaria general del sindicato de trabajadores rurales (UATRE) de la Tercera Sección electoral, reclamó que en la vida interna de los sindicatos se ponga en marcha una “igualdad de oportunidad en todos los aspectos” entre varones y mujeres, un debate de actualidad tras la decisión de la CGT de modificar sus estatutos.
Para Sánchez Jáuregui, la implementación del cupo femenino en las conducción de los gremios “no sirve si es para cubrir espacios de poca relevancia, como puede ser un cargo de vocal o una Secretaría, siempre en roles que tienen que ver con lo femenino”.
“Queremos una mujer Secretaria de Finanzas, Secretaria de Organización, queremos la igualdad de oportunidad en todos los aspectos”, remarcó al referirse a las prácticas habituales en muchas organizaciones gremiales, donde se aplica la ley 25.674 (de Participación Femenina en unidades de negociación sindical) que garantiza el 30% de los cargos para las mujeres pero se les suelen asignar funciones muy específicas.
Por otro lado, en relación a las elecciones de los sindicatos para definir consejos directivos y distribuir lugares de responsabilidad, Sánchez Jáuregui advirtió que “en el caso de los sindicatos en el que los afiliados son mayoritariamente hombres, y hay un 15 por ciento de mujeres, a los puestos de mayor relevancia las mujeres no van a acceder y no estarán en lugares de toma de decisiones”.
El debate en torno a un movimiento obrero más igualitario a la hora de distribuir espacios de poder entre varones y mujeres retomó actualidad luego de que la CGT anunciara la inminente modificación de su estatuto para ampliar el consejo directivo de 35 a 70 miembros y que cada sindicato tenga dos cargos -uno correspondiente a un hombre, el otro a una mujer- en la conducción colegiada de la central sindical.
En la última sesión de la Cámara de Diputados bonaerense, realizada el último jueves, Sánchez Jáuregui exhortó a colaborar en la construcción de “un sindicalismo más igualitario”, y además exigió que se trate en el recinto un proyecto de ley que promueve la aplicación de la Ley Micaela (ley 27.499, capacitación obligatoria en violencia de género para toda la administración pública) en el ámbito sindical de la provincia de Buenos Aires.
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