Con concesiones a los gobernadores y al interbloque de Juntos por el Cambio, como mayores subsidios al transporte, fondos para políticas alimentarias y una “cláusula gatillo” impulsada por la oposición para evitar que una eventual suba en la recaudación se destine a la campaña electoral del Frente de Todos, el oficialismo logro ayer en Diputados sacar dictamen al proyecto de Presupuesto 2023 al que aspira dar media sanción en la sesión especial convocada para el próximo martes.
Pero el proyecto aprobado tuvo otras modificaciones, varias de ellas impulsadas por el oficialismo, otras consensuadas con la principal fuerza de la oposición, Juntos por el Cambio que, de todos modos, no firmó el dictamen a tratarse la semana que viene en el recinto.
Los cambios más llamativos
Una de las sorpresas que trajo el Frente de Todos -en medio de la relación tirante con la Justicia- fue la incorporación de un artículo para terminar con la exención impositiva que beneficia a los jueces y empleados del Poder Judicial designados antes de 2017. Quieren que a partir de 2023 comiencen a pagar el impuesto a las Ganancias (ver aparte). De todos modos, legisladores de Juntos por el Cambio apoyaron la iniciativa.
En otro ítem impositivo, el oficialismo también aceptó incorporar un artículo para establecer una deducción de hasta el 40 por ciento en Ganancias de los gastos educativos familiares, que incluyen las cuotas de los colegios privados y se extendería a útiles escolares y libros. La propuesta la impulsaron Emiliano Yacobitti y Martín Tetaz, (Evolución Radical).
Además, se incorporó una propuesta polémica que obligará a un pago extra a los trabajadores que quieran aportar a un plan adicional de salud. La propuesta fue del jefe de La Bancaria, el kirchnerista Sergio Palazzo. En la comisión defendió la medida y advirtió que no debería impactar en las cuotas de los usuarios. Desde la oposición dejaron trascender que no piensan igual y que se trata de un nuevo impuesto para la gente.
Los cambios se articularon durante la víspera en el anexo de la Cámara baja donde nuevamente sesionó la comisión de Presupuesto y Hacienda presidida por el diputado Carlos Heller. A su lado, el también kirchnerista Marcelo Casaretto, logró imponer ese artículo que ordena que todos los integrantes del Poder Judicial deban pagar el impuesto a las Ganancias.
Los representantes de JxC, en tanto, no firmaron el dictamen en rechazo al intento del Gobierno por seguir manejando las alícuotas de las retenciones, en medio de los cambios de último momento.
Pero una calificada fuente de la UCR consultada por este diario sostuvo que no corre peligro la aprobación de la iniciativa. ”No firmamos por lo de las retenciones. Pero el 90% del interbloque va apoyar el proyecto en general y quizá podamos ganar la votación nominal en (el rechazo a) ese artículo”, argumentó.
Cláusula gatillo
Ayer el vicepresidente de la comisión, el economista del PRO, Luciano Laspina, pidió como “condiciones para poder acompañar el dictamen y evitar discrecionalidad”, la denominada “cláusula gatillo” para que “cuando los recursos totales de la administración pública nacional alcancen los recursos previstos en el artículo 2 de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá remitir en un plazo máximo de 30 días una ley complementaria de ampliación del Presupuesto a fin de establecer una nueva estimación de recursos y autorización del gasto”.
Traducido: en la oposición buscan que no sea el Ejecutivo el que administre ese excedente de la recaudación por la alta inflación que, en un año electoral, podría destinarse a la propia campaña del FdT.
Lo cierto que esta no fue la única modificación que se incorporó al texto para cumplir con las demandas de la oposición pero también de legisladores oficialistas que responden a sus gobernadores.
A pedido de la formoseña Graciela Parola, por caso, Heller confirmó “aumentos en las partidas destinadas a políticas alimentarias”. También se modificó la redacción del artículo 11 del proyecto con el objetivo de facultar al jefe de Gabinete a que “pueda efectuar las compensaciones necesarias para atender la financiación de las obras” públicas. En un año electoral, la eventual paralización de estos emprendimientos es uno de los temores de los gobernadores.
También lograron garantizarse más subsidios al transporte para mitigar las subas en los boletos de colectivos que recorren las ciudades del interior. Es que el proyecto fijó para el Fondo de Compensación al Transporte Público del interior unos $85 mil millones como “piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías preferentemente en base a la asignación de recursos, conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros”.
La semana pasada los gobernadores del Norte Grande le habían solicitado esta mejora al propio ministro Sergio Massa (Economía) e incluso le sugirieron achicar la brecha entre los recursos que son transferidos al interior en este rubro y los girados al AMBA, que absorbe casi el 80% del aporte de Nación.
También a pedido de los mandatarios provinciales, se postergó el pago de la deuda de las jurisdicciones con CAMMESA -la empresa estatal mayorista del mercado eléctrico- y se estableció un mecanismo de financiación “beneficioso” para las arcas provinciales.
Juntos por el Cambio, de todos modos, no firmó el dictamen por algunos cambios
Se incorporó un polémico pago extra del 15% para sumar un plan adicional de salud
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