Necesidad de revisar en el país la candente cuestión de los menores y el delito

El siempre polémico tema de la participación de menores de edad en homicidios, robos violentos, asaltos a mano armada y en otros graves delitos, en una situación que se viene presentando en forma creciente en los últimos años tanto en nuestra ciudad como en diversos distritos del país, volvió a cobrar vigencia al conocerse la reciente presentación de un proyecto de ley en el Congreso nacional que incluye la baja en la edad de la inimputabilidad penal.

Entre otras medidas, la iniciativa contempla la creación de un fuero especializado, penas diferenciadas para delitos graves, aceleración en los juicios y dispositivos especiales para penas privativas de libertad.

Tal como se informó en este diario el texto incluye en sus cláusulas bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años.

Según información estadística oficial de la Corte Suprema de la Nación, casi el 30 por ciento de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores que no alcanzan a tener 16 años de edad.

En ese contexto, el proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados, ahonda en los métodos de abordaje restaurativo a cargo de equipos interdisciplinarios, donde tiene mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que la violación a la ley.

Si bien como se ha dicho, en esta delicada cuestión existen posturas antagónicas, correspondería señalar que, en materia de inseguridad, si existe una cuestión que debe analizarse a fondo, revisando todos los aspectos involucrados en ella, esa es la de la intervención de menores en delitos graves.

Sin que esta afirmación implique abonar o no la propuesta ahora presentada, es preciso que los legisladores y especialistas que puedan asesorarlos, aborden este problema en todas sus manifestaciones -sean las intrínsecamente judiciales, las educativas y de otra índole que puedan incidir, entre otras la influencia den la droga en el mundo juvenil- ya que muchos de los aspectos involucrados reclaman no sólo soluciones sino, también, una profunda revisión previa.

Se han reiterado en esta columna, desde hace muchos años, fundamentos acerca de la necesidad de que existan en la Provincia y en el país políticas preventivas y de inclusión integral para alejar a los menores del delito.

Se sabe que existen condicionamientos que ejercen una indudable y creciente influencia -desde luego que negativa- sobre los menores de edad.

Se habla aquí de la incidencia que alcanza hoy el narcotráfico y, como derivación, el mayor y temprano consumo de drogas, entre otros factores que gravitan, relacionados fundamentalmente al crecimiento de los índices de pobreza.

A ese universo juvenil, si se quiere desorbitado y privado de rumbos certeros, se le puede sumar la actitud aviesa de muchos mayores que se aprovechan del estado de inimputabilidad penal de los menores, instándolos a delinquir.

La cuestión está lejos de agotarse en el país mediante debates por la imputabilidad de los menores, ya que la diversidad de factores que inciden es previa a cualquier definición en ese sentido.

Está comprobado que una mayor inclusión de esos niños y jóvenes en actividades educativas, culturales, artísticas, deportivas o recreativas resultaron totalmente positivas y sirvieron para apartarlos del delito y de la droga, abriéndoles, además, perspectivas concretas de un futuro mejor.