Desde Juntos en la Cámara de Diputados bonaerense le reclamaron al Gobierno provincial que derogue el protocolo que habilita a internos que habitan en las cárceles de la Provincia a utilizar teléfonos celulares para estar comunicados con sus familiares en el marco de las medidas dispuestas en su momento por la pandemia del Covid-19.
Se trata de una iniciativa presentada por los diputados Matias Ranzini y Alex Campbell (JUNTOS). “No entendemos por qué tal medida se extendió infundadamente más allá del plazo establecido expresamente por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia”, advirtieron los legisladores.
Vale recordar que, en su momento, se dispuso dicha vigencia durante el período que subsista la situación de pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio. “No fue suficiente para el Gobierno provincial el hecho de no apelar la decisión judicial de liberar presos con la excusa de la pandemia, sino que también pusieron en funcionamiento dicho Protocolo que hoy ya trae aparejado más problemas que soluciones al no ponerle fin, porque la gente se debe cuidar también de los delincuentes que operan desde dentro de las penitenciarías con un uso no controlado de los teléfonos celulares.”, repudió Ranzini.
Si bien este Protocolo fue requerido por resolución judicial, en la misma dispone expresamente que dicha “autorización deberá ser instrumentada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia mediante la creación del correspondiente Protocolo Normativo, que asegure no sólo la operatividad de la autorización, sino también la imprescindible vigilancia a fin de que se asegure la comunicación de los internos con sus familiares y que dicha tecnología no se utilice con fines delictivos.
“¿Cuál es el interés del Gobierno de Kicillof en que los internos dispongan del uso libre de teléfonos celulares?, ¿no saben acaso de la infinidad de delitos que se cometen gracias a esta modalidad? Lo saben por los distintos allanamientos a los penales, pero lo peor es que no hacen nada”, se preguntó Campbell.
“La utilización de la telefonía móvil y el acceso a Internet que se ha brindado a través de la decisión de la Provincia posee grandes riesgos asociados a la seguridad que, si bien no resultan insalvables, son de compleja y costosa gestión y prevención”, resaltaron los diputados.
En ese sentido, Álex Campbell recalcó que todo esto “trajo aparejado extorsiones, amenazas, coordinación de actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios, perpetración de atentados a la autoridad coordinados desde estos dispositivos, amenazas a miembros del poder judicial y testigos, planificación de evasiones, e intimidaciones”.
Los diputados señalaron que en los espacios en los que conviven los internos, por lo general, “se encuentran por fuera de los pabellones, con lo que se dificulta asegurar el correcto uso de los dispositivos con recursos humanos sin utilizar otros medios como equipos o tecnología específica; y esto, a la luz de la experiencia Provincial, ha quedado demostrado lamentablemente”.
“Todo sigue igual a dos años de aquella circunstancia que aceleró de manera arbitraria los tiempos de permanencia en prisión de miles de delincuentes y la morigeración, también arbitrariamente, del resto que aun habita los establecimientos penitenciarios y desde donde, previsiblemente, han hecho abuso de las libertades de comunicación que, por la vía de un Protocolo sin control y extendido más allá de lo dispuesto por la Justicia, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha generado”, culminó Ranzini.
Los diputados de Juntos solicitaron expresamente al Gobierno bonaerense que informe cómo se hará cargo de esta decisión política. “Solicitamos de manera urgente que se ponga fin a este Protocolo que ha agravado la situación de resocialización de los internos, y que ha contribuido a aumentar la tasa de delitos criminales desde dentro de los penales en que son víctimas muchos ciudadanos bonaerenses e incluso de otras provincias que han sido estafados desde penales bonaerenses”.
Finalmente, Campbell pidió a las autoridades “diseñar políticas para fomentar el acercamiento entre los internos privados de su libertad y sus familias”, pero advirtió que “no es a través del uso de teléfonos celulares sin control, porque esto se ha distorsionado, permitieron el crecimiento de distintas modalidades delictivas y criminales dentro de los penales”.
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