En su incansable recorrida por distintos barrios del casco céntrico, de la periferia y por localidades del Gran La Plata, la ronda delictiva de los ladrones de medidores de gas está pasando ahora por Tolosa, tal como se reflejó en la edición de ayer.
Ocurre que en las zonas comprendida por las calles 5 desde 524 a 526 y en la de 521 entre 11 y 13 fueron sustraídos los pequeños caños de cobre que funcionan en los medidores domiciliarios, en una situación que dejó a los usuarios sin poder contar con el fluido necesario para sus cocinas y calefones.
El fenómeno ocurre sin prisa y sin pausa en toda el distrito, Los delincuentes actúan impunemente y se llevan esa pieza que, por lo que se sabe, después malvenden a los reducidores de metales a precios mucho más bajos que lo que el pequeño caño cuesta en el mercado.
Lo real es que a la hora de la reposición, algunos frentistas deben afrontar pagos de sumas muy elevadas, entre 20 y 50 mil pesos, de acuerdo a los costos del material y la mano de obra estimada por los gasistas matriculados.
Debe insistirse en señalar que este delito se consuma debido a la presencia de reducidores ilegales de metales, que son robados a los distintos servicios públicos de la ciudad, sean de gas, telefónicos, de agua o electricidad. Lo saben y lo señalan todos los frentistas víctimas de este delito, pero las chatarrerías ilegales siguen funcionando.
Está claro que más allá de la prevención policial que debe reclamarse, frente a este como a cualquier otra clase de delito, resulta imprescindible investigar la cadena delictiva y detectar a quienes compran los metales robados.
Esta fue y sigue siendo, por cierto, la clave para desbaratar algunos casos el robo de automóviles en nuestra zona: llegar a los desarmaderos ilegales, esto es a desmontar la existencia de organizaciones delictivas que vertebran su actividad con vehículos robados. Lo mismo pasa con las tapas metálicas de cámaras y muchos otros elementos pertenecientes a empresas de servicios públicos.
La mejor estrategia para encarar una lucha frontal contra el robo –tanto de repuestos como de los distintos elementos que integran las redes de los servicios públicos- pareciese ser, entonces, la de profundizar las pesquisas y encontrar a quienes comercializan esos productos. Sin embargo, da la impresión de que esa estrategia no es seguida por la Policía.
Podría aducirse, frente a la falta de resultados en el combate a estos robos -si es que hay combate-, que no resulta fácil encontrar in fraganti a quienes los cometen. Pero está claro que esos ladrones son apenas el primer eslabón de una cadena delictiva que concluye en un creciente y ya vigoroso mercado negro en el que todos esos metales se comercializan a precios elevados. Y no debería entonces ser tan difícil detectar esos “mercados” y desbaratar una modalidad delictiva que destruye el equipamiento urbano y perjudica con demasiada frecuencia a miles de ciudadanos.
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