"Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió hoy que "si se toma la calle va a haber consecuencias", al presentar "un protocolo para el mantenimiento del orden público" que incluye la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

Bullrich anunció que "las cuatro fuerzas federales" podrán intervenir "si hay un delito flagrante" durante las manifestaciones en la vía pública.

"Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple", dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

La funcionaria indicó que "si hay un delito flagrante" las fuerzas federales podrán intervenir "de manera inmediata" de acuerdo con "los códigos procesales vigentes" y que utilizarán "la mínima fuerza necesaria y suficiente", la cual será "graduada en proporción a la resistencia" que se oponga.

"Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal", agregó.

Ese artículo establece que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

Bullrich remarcó que el Gobierno tiene "una decisión tomada" de que "la forma de pedir o buscar un beneficio social" ya no es "por la vía del corte".

"Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz", señaló.

En ese sentido, la ministra recalcó que las fuerzas federales "van a actuar hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación" y que "si se corta la vía principal, se libera la vía principal" sin importar que exista "una vía alternativa".

"Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos", añadió, y resaltó que "se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados".

La funcionaria agregó que "se va a trabajar" en las estaciones de tren y ante aquellas personas que "vayan con palos, caras tapadas o formas de participar de una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad".

"En el caos de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a dar sanciones aquellos que lleven niños para que no estén en las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela", destacó.

También planteó que "se va a crear un registro de las organizaciones que participan" en cortes de la vía pública, y remarcó que "enviará la factura" a las organizaciones o individuos responsables por todos "los costos vinculados a los operativos de seguridad".

"El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se deberán hacer cargos del costo", sostuvo.

Al presentar el protocolo, Bullrich indicó que "hemos vivido muchos años bajo un desorden absoluto que ha hecho que la gente no ha podido llega a su trabajo y ha tenido problemas" y que el propósito de las nuevas normas es "cumplir la ley".

"Toda persona que esté en la vereda no va a tener ningún problema. Lo que no queremos es cortes de calles y de rutas", afirmó.

Esta mañana, en un anuncio que realizó en la Casa de Gobierno, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, adelantó que "por instrucción del presidente Javier Milei y contemplando el concepto de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", Bullrich daría por la tarde una rueda de prensa con los detalles del protocolo.

Este nuevo protocolo se conoce luego de que la conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) confirmara esta semana que el próximo miércoles realizarán un "paro activo" en la Plaza de Mayo, como respuesta a "los anuncios" del ministro de Economía, Nicolás Caputo.

La jornada de protesta coincidirá con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y finalmente la renuncia del exmandatario radical.

LA RESPUESTA DEL POLO OBRERO

Dirigentes del Partido Obrero y del movimiento social Polo Obrero calificaron hoy de "amenaza" al protocolo contra el corte de vías de circulación que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y advirtieron que "cuando hay semejante nivel de agresión" contra los sectores populares "inevitablemente se producen protestas sociales".

En una conferencia de prensa convocada para responder los planteos de Bullrich, los referentes del Partido Obrero, Vanina Biasi y Gabriel Solano, y el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, reivindicaron el "derecho a la protesta" y señalaron que la ministra de Seguridad "no tiene facultad legal" para impedirlo.

"Nosotros consideramos realmente una provocación los anuncios que ha hecho la ministra Patricia Bullrich", reprochó Solano en el local porteño del Polo Obrero, donde fue convocada la prensa.

En respuesta, Solano señaló que el ministro de Economía , Nicolás Caputo, primero anunció "un plan de guerra contra el pueblo" el martes pasado que, dijo, incluyó "devaluación significativa, aumento de la nafta del 80%, despidos de empleados públicos y amenaza nueva de quitar la movilidad jubilatoria".

Y consideró a las medidas de Bullrich como un "complemento" de los anuncios de Caputo y una "amenaza" para los sectores populares.

"Nosotros consideramos ilegal (el anuncio de Bullrich). En Argentina existe un derecho a la protesta que está amparado por la Constitución Nacional. Si la ministra quiere suspender las garantías constitucionales que existen tiene una vía: mandar (la solicitud) al Congreso para que se declare el Estado de sitio", rechazó Solano.

Y amplió que "si no se puede movilizar en la calle, no se puede cortar una vía, el derecho a la manifestación queda directamente abolido" y cuestionó que para definir una medida de esa magnitud "Bullrich no ha pasado por el Congreso. Por lo tanto, ha atropellado la legislación vigente, violando la Constitución Nacional".

En sintonía con ese planteo, Belliboni argumentó que el artículo 194 del Código Penal, al que hizo referencia Bullrich durante su conferencia de prensa, "solamente lo puede aplicar un juez".

Ese artículo establece que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

Los dirigentes reiteraron que el 20 de diciembre habrá una manifestación hacia Plaza de Mayo con "más de 50 organizaciones convocadas" y que la convocatoria se terminará de definir mañana en una reunión en la sede de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA.

Sobre esa protesta, Belliboni adelantó que "probablemente haya 50 mil personas en la calle" e ironizó sobre las propuestas de Bullrich: "¿50 mil personas pueden marchar por la vereda?".

Además, Biasi insistió que los anuncios de Bullrich se realizaron "a los dos días" de las medidas económicas de Caputo y consideró que entonces "se está intentando amedrentar al pueblo que tiene que salir a luchar".

La Política Obrera, otro sector dentro de la Izquierda, que lideran Jorge Altamira y Marcelo Ramal, coincidió en que los anuncios de Bullrich se encuentran "por fuera de la legislación vigente en relación a las libertades y al derecho de reunión".

"Los anuncios habilitan, no ya al desalojo de manifestaciones o piquetes, sino también a impedir el agrupamiento o la llegada de manifestantes a las concentraciones", agregaron y criticaron que "la posibilidad de que las fuerzas federales intervengan en la seguridad provincial, como insinuó la ministra, la pone fuera de la ley y del orden constitucional".