“Pedimos a las autoridades (de Casación) que pongan fin al estado de indefensión y de inseguridad jurídica al que las y los docentes se ven sometidos cuando el sistema judicial viola el principio de inocencia, el debido proceso, el deber de imparcialidad y el de valoración probatoria”. Con ese encabezado, allegados a Lucas Puig, el docente condenado por abuso, compartieron ayer un comunicado y reclamaron su libertad.
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