la Procuración General de la Nación volvió a pedir al Poder Ejecutivo que se “extremen las medidas para evitar los diversos factores que facilitan” el incremento del crimen organizado desde las unidades penitenciarias. Durante la mesa interdisciplinaria convocada esta semana por el procurador interino Eduardo Casal se expuso un informe con casos que muestran la profundización de la problemática y también sobre secuestros extorsivos coordinados desde las cárceles.
El encuentro fue convocado por el procurador para conocer los detalles de la ampliación del informe que la PROCUNAR realizó en 2021 en el que concluyó que no alcanza con apresar y condenar a los líderes narco, ya que desde sus respectivos lugares de detención continuaron con su accionar delictivo, permitiendo un notable crecimiento del crimen organizado desde el interior de los penitenciarios federales.
El Secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel encabezó la mesa de trabajo de la que participó el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias, su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, junto a la Fiscal de Investigaciones Administrativas, Andrea Garmendia Orueta, y el Coordinador General y titular del Departamento de Investigaciones y Litigio de esa dependencia, Alejandro Patuna Sumicky y Luis Arocena, secretario letrado de aquella Secretaría.
El fiscal Diego Iglesias explicó durante el encuentro el trabajo emprendido frente a la amenaza de la narcocriminalidad cometida por organizaciones criminales complejas desde el interior de establecimientos penitenciarios, “con el objeto de mitigar los serios riesgos contra la sociedad, los operadores de los sistemas de administración de justicia y terceros vinculados al proceso penal”, como detalló en sus informes.
Durante la reunión se repasaron las catorce medidas de seguridad que hace más de un año y medio se requirieron a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal dependiente del ministerio de Justicia, respecto a los presos “con alto perfil por liderar o pertenecer a organizaciones narcocriminales relevantes”.
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