Con distintos protagonistas, otro escenario y peores consecuencias, el enfrentamiento a los tiros que días atrás, en el marco de una toma de tierras en La Matanza, dejó cinco muertos, no dista, en lo esencial, de las violentas usurpaciones que de un tiempo a esta parte se han ensañado con la Ciudad.
Este diario ha documentado en reiteradas oportunidades cómo de Norte a Sur, a lo largo y ancho de la Región se suceden sin freno innumerables tomas ilegítimas de propiedades. En algunos casos se trata de predios de más de 160 hectáreas, muchos de ellos correspondientes a vías ferroviarias inactivas, grandes parcelas sobre las cuales se ha permitido crecer ilimitados asentamientos habitacionales, en la mayoría de los casos ocupando tierras anegadizas y privadas de todo servicio, conformando una expansión aluvional que debiera ser detenida y revertida por criterios urbanísticos racionales.
Sin embargo, el Estado ha permanecido muchas veces indiferente, dándole así vía libre no sólo a falsos influyentes y a bandas mafiosas para lucrar con propiedades ajenas, sino a un desborde urbanístico que debiera ser impedido radicalmente por las consecuencias negativas que acarrea tanto para los intrusos como para los vecinos históricos, quienes terminan por sufrir, a partir de una toma ilegal, toda clase de problemas y privaciones por la inexistencia o las falencias (a veces absolutas) en los servicios básicos de luz, agua, gas, cloacas, teléfono y televisión por cable. Sometidos a abruptos aumentos de la demanda absolutamente imprevisibles.
Mientras, el Poder Judicial, pero también los Ejecutivos provincial y municipal se han declarado impotentes para reparar el daño que sufren las víctimas de este delito, convertido en un verdadero flagelo social y que viene asolando, entre otros, a sectores de Los Hornos, Villa Elisa, Villa Elvira, El Retiro, Lisandro Olmos, Barrio Aeropuerto, Arana, Parque Sicardi, Gonnet, Gorina y City Bell.
La megatoma de Los Hornos
Cierto es que no alcanzaría aquí el espacio para siquiera enumerar la cantidad de usurpaciones que sacuden a La Plata. De todas, acaso la más emblemática sea la megatoma de Los Hornos. Por volumen (abarca unas 150 hectáreas que van de 76 a 90 y desde 141 a 115) y por su extensión en el tiempo (el mes que viene cumplirá cuatro años de ocupación ilegal).
En esas tierras, que antes pertenecieron al Club de Planeadores, llegaron a instalarse más de 2.500 familias distribuidas en lotes de 10x30 y 10x40, como parte de una práctica extendida en la capital bonaerense, que en los últimos años registró 268 nuevos asentamientos informales, según advirtió en un informe de 2021 la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires.
También entonces, la misma entidad apuntaba contra las autoridades estatales que, “empujadas por la prepotencia del hecho consumado, decidieron planificar una urbanización y desistieron de la idea inicial del desalojo”. Y advertía sobre la modalidad que, con mayor o menor grado de planificación, se repite en cada toma: “Sin mediar aviso alguno y de madrugada, llegan camiones con familias conformadas de distinta manera, a las que se suman los aprovechadores de siempre, quienes demarcan una zona, ponen unas chapas y maderas para marcar territorio y decir ‘esta tierra es mía’”.
Mafias que actúan con total impunidad
Tanto en Los Hornos como en otras barriadas, las mafias a cargo de las usurpaciones actúan con total impunidad, vendiendo luego las tierras que ocupan a muy bajo precio, pero es tal su cantidad que el “negocio” les termina resultando muy lucrativo, tanto como para contratar empresas de relaciones públicas que les aconsejan algunos pasos para influir sobre la opinión ciudadana y también recibir el asesoramiento y hasta patrocinio de estudios de abogados.
Todo sucede a plena luz del día, frente a la inoperancia de la Policía y de los fiscales que, alertados por los vecinos, simulan desalojar a los intrusos que volverán como si nada hubiera pasado.
Solo entre agosto y septiembre del año pasado, este diario documentó una decena de ocupaciones ilegales. Dos de ellas, incluso, llegaron al extremo de usurpar terrenos pertenecientes a escuelas: la 93, de Villa Elisa, y la agrotécnica Juan XXIII, de El Retiro, cuyos docentes y alumnos sufrieron en carne propia los embates de un flagelo que no hace más que extenderse y que avanza sin importarle si el blanco a ocupar pertenece a un establecimiento educativo, a un propietario particular o al Estado. Todo vale en el reino inescrupuloso del arrebato.
La complicidad de punteros políticos y funcionarios
Son las propias autoridades las que admiten que la Región se ha convertido en una de las más conflictivas de la Provincia en este tema, con niveles de anarquía y anomia inconcebibles. Y, en algunos casos, con la complicidad de profesionales, punteros políticos y funcionarios judiciales que bien saben que algunas causas que inician los propietarios para recuperar su terreno se demoran o son derivadas al fuero civil, donde también puede pasar largo tiempo hasta lograr una sentencia. En muchos casos, los legítimos propietarios han debido rescatar lo que le corresponde mediante el pago de importantes cifras, negociadas con asesoramiento de abogados de ambas partes.
Frente a este cuadro de situación, y viendo lo que ocurrió en La Matanza, es el Estado el que debe ocuparse de resolver una cuestión tan sensible como lo es el derecho a la vivienda y evitar, por caso, los extremos de la justicia por mano propia en la que algunas veces incurren vecinos para retirar a los usurpadores. No son los vecinos los que deben defender físicamente sus derechos. Tampoco debe imperar la fuerza de los grupos mafiosos ni la ley de la selva. En tanto que la Justicia debe pisar el acelerador para evitar caer en demoras que constituyen un auténtico castigo para los genuinos propietarios.
Queda claro, como se ha dicho tantas veces, que el “vale todo”, el despojo y el robo de propiedades no son el camino a seguir. Las usurpaciones no son la vía para resolver el grave problema habitacional que sacude al país y la Región. Es, ante todo, el Estado el que debe actuar para restituir ese derecho y castigar con todo el peso de la ley a quienes se aprovechan de la carencia de la tierra para lucrar con ella.
El Estado debe ocuparse de resolver una cuestión tan sensible como el derecho a la vivienda
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