Javier Milei arrojó una bomba política sobre la Provincia. Dijo que la millonaria inversión que tiene prevista la empresa Petronas para instalar una planta de licuefacción seguramente se terminará yendo a Río Negro. El Presidente volvió a descalificar al Axel Kicillof al que tildó de “comunista” y lo responsabilizó de que ese emprendimiento clave para exportar el gas de Vaca Muerta no se radique en Bahía Blanca.
La Casa Rosada reclama que Buenos Aires adhiera al RIGI nacional, un sistema de incentivo a las grandes inversiones que se incluyó en la ley Bases. Lo pidió también el presidente de YPF, asociada a los capitales malayos que se van a radicar en el país. Kicillof resiste y contraofertó armar un RIGI bonaerense con beneficios sobre impuestos provinciales. A Milei y a YPF, al parecer, no les alcanza.
En el gobierno bonaerense sostienen que, pese a la embestida presidencial, no hay nada cerrado. En Río Negro, en cambio, trabajan y declaran como si se tratara de una cuestión saldada.
Si bien tanto Milei como el titular de YPF, Horacio Marín, plantearon como condición la adhesión al régimen nacional de incentivos para que se termine eligiendo a Bahía Blanca, en la Gobernación aseguran que ningún funcionario nacional les pidió tal cosa. Tampoco Petronas, aunque es de suponer que la empresa busque asegurarse quedar amparada por un régimen nacional que, por caso, le permitiría litigar en tribunales extranjeros.
Esa pulseada esconde otras cuestiones que estarían excediendo las diferencias ideológicas abismales que separan a la Nación y la Provincia. Cerca de Kicillof sospechan de que la posible elección de Río Negro como lugar de instalación de la planta de licuefacción tendría que ver con una negociación que se cerró hace algún tiempo: la propia ley Bases que votó el Congreso hacia finales del mes pasado. Para sancionar esa norma largamente anhelada por la Casa Rosada, los senadores por Río Negro fueron determinantes.
¿Se habrá acordado en aquella negociación que lideró el gobernador Alberto Weretilnek con encumbrados funcionarios nacionales esa suerte de canje político? Al menos en la Gobernación lanzan esa sospecha porque se resisten a creen que se termine optando por el paraje de Punta Colorada en lugar del puerto bahiense que anota ventajas logísticas frente a la terminal portuaria por construir en la Patagonia.
Si así fuera, tampoco sería una novedad: otros gobernadores peronistas también negociaron con el Gobierno inversiones o ayuda financiera a cambio de apoyo legislativo.
Weretilneck se movió rápido. Apenas salió la ley Bases mandó un proyecto de adhesión a la Legislatura que se aprobó en un trámite exprés. Le añadió una serie de incentivos con impacto sobre impuestos provinciales.
“En Río Negro trabajan como si ya se hubiera decidido que la planta de licuefacción se instalará en esa provincia”
Kicillof salió a anunciar el RIGI bonaerense pero el proyecto aún no vio la luz. Dicen que ingresará en el Parlamento en los primeros días de agosto. La demora que fuentes oficiales adjudican a la necesidad de encontrar consenso en el propio oficialismo, contrasta con la rapidez con que se mueve el mandatario rionegrino para quedarse con una inversión que rondaría los 40 mil millones de dólares y que generaría, se estima, unos 14 mil puestos de trabajo.
“No estamos en contra de Bahía Blanca, sino que queremos que la industria vea que en Río Negro va a tener una provincia amigable para las inversiones y que la región tiene un mar que compite mejor”, dijo el gobernador patagónico luego de volver a recorrer el lugar donde se instalará la planta. El mismo donde YPF tiene prevista la construcción de un puerto petrolero.
ESPERANZA
En Buenos Aires se aferran a la esperanza de que Petronas logre torcer la eventual decisión política nacional. “Hace más de tres años se viene conversando con ellos y se encargaron de hacer los estudios de factibilidad que dieron positivos para la ubicación en Bahía Blanca”, insisten. Las señales de la Casa Rosada parecerían ir en otra dirección.
El debate gana temperatura y deja a Kicillof en la incómoda situación de acaso perder la inversión por no adherir al régimen nacional. De ahí se enganchan sectores de la oposición para reclamarle que mande un proyecto a la Legislatura.
Algunos hasta incluso estarían dispuestos a que alguna de las dos cámaras tomen la iniciativa y le aprueben la ley al Gobierno con el concurso de legisladores del sur bonaerense del peronismo, obviamente interesados en robustecer las chances de Bahía Blanca.
Desde YPF dicen que la definición llegará en agosto. En pleno tiempo de descuento, el Presidente pareció darle una estocada a la esperanza bonaerense.
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