Causa Seguros: procesaron a Alberto Fernández por "negociaciones incompatibles" con su cargo de Presidente

Alberto Fernández fue procesado en el marco de la investigación de la Causa Seguros luego de que la Justicia resolvió "noegociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública". La pena por este delito castiga con uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua al funcionario que "se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero".

Así lo dispuso el titular del Juzgado Criminal y Coreccional 11, Sebastián Casanello, que además ordenó trabar embargo sobre los bienes y dinero del ex presidente por el monto de “$ 14.634.220.283,68”. El magistrado también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero, histórica secretaria de Fernández.

Además dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano y de ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos. También a Santiago Fraschina, un economista que estuvo a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)

Casanello asumió la subrogancia del Juzgado Federal Nº 11, donde se lleva la causa que investiga presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante el gobierno del Frente de Todos (FdT).

En la última semana, el ex mandatario se había presentado en los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria. Allí, durante una audiencia que se extendió por casi dos horas, negó cualquier tipo de delito, reivindicó su rol como jefe de Estado y sostuvo que las decisiones adoptadas se enmarcaron dentro de una política pública legal y transparente.

En la audiencia, Fernández respondió preguntas del juez Sebastián Casanello, del fiscal y de su propia defensa. Fue la primera vez que declara ante el actual magistrado del caso, ya que en noviembre pasado había sido indagado por el juez anterior, Julián Ercolini, ante quien optó por no responder.

El caso investiga supuestas irregularidades en contratos celebrados por distintos organismos públicos con Nación Seguros S.A., que habrían implicado el pago de más de 3.000 millones de pesos en comisiones. De acuerdo con la acusación, existió un esquema de direccionamiento de contratos hacia intermediarios cercanos al entorno del exmandatario.

Fernández está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Entre las pruebas figura un decreto firmado durante su mandato, 45 contratos bajo sospecha, 25 intermediarios y la presunta existencia de una cooperativa que habría operado como pantalla financiera para desviar fondos públicos.