Fondo de Manejo del Fuego: alertan del riesgo de haberlo disuelto

La decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Nacional de Manejo del Fuego desató fuertes cuestionamientos de organizaciones ambientales y referentes del sector. Y es que la medida, que forma parte de una política de recorte del gasto público, se toma, a su entender, en un momento especialmente delicado: se anticipa un verano seco, con alto riesgo de incendios forestales.

El fondo disuelto, que se financiaba con aportes del Tesoro y un pequeño porcentaje de las primas de seguros, había llegado a recaudar en 2023 más de 22 mil millones de pesos. Y aunque una auditoría realizada por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) detectó irregularidades en su ejecución, este organismo nunca recomendó su eliminación, sino una reforma profunda para mejorar la transparencia y eficiencia.

“Si hay problemas de manejo, lo que hay que hacer es mejorar el fondo, no disolverlo”, opinó Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). La preocupación central, compartida por brigadistas, es que al centralizarse los recursos en un fondo general del Ministerio de Seguridad, no haya claridad sobre su destino real ni se prioricen las acciones de prevención.

Desde Río Negro, una de las provincias más afectadas por incendios el último año, también hay incertidumbre. “No nos termina de quedar claro cómo se va a usar este fondo”, sostuvo Orlando Báez, coordinador del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, quien advirtió que “estamos viendo un invierno seco, con material que ya podría arder, y todavía no es temporada”.

Durante el verano 2024/2025, los incendios forestales en Argentina provocaron pérdidas millonarias en diversas provincias, con especial impacto en Córdoba, Río Negro y Chubut. Se registraron más de 90.000 hectáreas afectadas, incluyendo áreas productivas, bosques nativos y zonas cercanas a centros urbanos. Además de los daños ambientales y económicos —estimados en más de 25.000 millones de pesos por organismos provinciales—, se lamentaron víctimas humanas, evacuaciones forzadas y la destrucción de viviendas e infraestructura básica.

Pese a ello, el presupuesto destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego cayó un 81% desde que asumió la actual administración, según datos relevados por FARN.

En lugar de reforzar la respuesta ante emergencias, el decreto pone más presión sobre las provincias. Tanto Nápoli como Báez sospechan que, en el marco de la política de “déficit cero”, el Gobierno evitará ejecutar los fondos, lo que podría agravar la situación en regiones de alto riesgo como Córdoba, Chubut, Neuquén y Río Negro.

Las recomendaciones de la Sigen habían sido claras: mejorar la trazabilidad, establecer planes de compras y garantizar controles adecuados. Pero el camino elegido fue el opuesto. Y mientras las provincias se preparan para una temporada que podría ser crítica, crece la preocupación de que falten los recursos para prevenir y enfrentar los incendios.