¿Policía y ladrona?: Wanda reclama alimentos y tiene de amante a un deudor

Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la escena mediática por una situación que mezcla escándalo, reclamos y un llamativo doble estándar. Mientras mantiene un duro reclamo judicial contra su ex marido, el futbolista Mauro Icardi, por una presunta deuda de diez meses de cuota alimentaria para sus hijas Francesca e Isabella, la empresaria viajó a España para encontrarse con el cantante L-Gante, quien figura inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) de la Ciudad de Buenos Aires.

La información fue confirmada por la agencia Noticias Argentinas, y agrega una nueva capa de polémica al vínculo entre Wanda y el artista de cumbia 420, cuyo nombre real es Elián Valenzuela. Su ingreso al registro de deudores alimentarios no fue repentino: fue la consecuencia de una larga disputa legal con su ex pareja, Tamara Báez, madre de su hija Jamaica.

En abril de este año, el abogado de Báez, Juan Pablo Merlo, había manifestado su indignación por la escasa suma que L-Gante destinaba a la manutención de su hija: apenas 500 dólares mensuales. En términos locales, eso equivalía a poco más de 300.000 pesos, cifra que luego fue ajustada pero que, según el abogado, aún resultaba insuficiente.

“Tamara estaba recibiendo una cuota mínima. Después se aumentó, pero no llega a cubrir ni la comida diaria de su bebé”, había declarado Merlo. El letrado también cuestionó el estilo de vida del cantante: “Pasa una vida de lujos, de excesos, con cadenas de oro, y no nos parece justo que su hija no tenga lo mismo. Tamara es quien la cría, la alimenta, la manda al colegio, y todo lo hace a pulmón. Mientras tanto, Elián viaja con amigos, muestra un nivel de vida alto, y a su hija le pasa lo mínimo”.

Ser incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no es una simple marca en un expediente judicial: tiene consecuencias prácticas y sociales severas. Un deudor registrado no puede obtener tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes ni acceder a créditos bancarios. Tampoco puede tramitar una licencia de conducir, salvo una provisoria por 60 días en caso de necesidad laboral. Además, queda inhabilitado para ser designado como funcionario jerárquico en el Gobierno de la Ciudad, presentarse a cargos electivos o participar en concursos para acceder al Poder Judicial.

Las restricciones se extienden también al ámbito civil y profesional: el deudor no puede ser inscripto en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos ni acceder a planes de pago, quitas o beneficios por deudas con el Gobierno porteño. Tampoco puede recibir adjudicaciones de viviendas sociales ni inscribirse como proveedor del Estado. No podrá concretar transferencias de titularidad de comercios o actividades habilitadas sin un certificado del Registro que indique regularización previa de la deuda.

Para salir del registro, el deudor debe haber pagado la totalidad de la deuda o haber llegado a un acuerdo de pago con la parte alimentada.