Condenan a ocho mujeres policías federales

La Justicia condenó a tres años de prisión en suspenso a ocho mujeres policías federales acusadas de hacer trámites de pasaportes y cédulas y quedarse con la plata que debía ir al Estado, mientras se ordenó investigar si en la maniobra participaban jefes de la fuerza.

Según la investigación, la maniobra ocasionó un perjuicio al Estado de más de 735 mil pesos cuando los trámites de esos documentos estaba en manos de la Policía Federal. A esa estimación se llegó calculando sólo la base de las personas que realizaban el trámite por primera vez en el edificio ubicado en la calle Azopardo de la Capital Federal, entre los años 2000  y 2004.    

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a ocho mujeres, ex agentes de la Policía Federal hasta 2014, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la tramitación de la cédula de identidad y pasaporte. Las penas fueron de tres años de ejecución en suspenso e inhabilitación especial perpetua, tal como lo solicitara el titular de  la Fiscalía General Diego Luciani, informó la pagina fiscales.gov.ar.    

Las condenas, según la información oficial, recayeron sobre Mirta Isabel Noir, Silvina Angélica Pucci, María Cristina Venanzo, Viviana Laura Carbonelli, Romina Alejandra y Lorena Beatriz Orozco, Nancy Judith Carstens y María Laura Thouzeau, quienes eran  agentes de la Sección Timbrados del Departamento de Identificaciones Personales de la PFA y tenían a cargo varias cajas del sector.    

"La maniobra consistió en el ingreso y cobro de un primer formulario de solicitud de documentación -cédula, pasaporte o certificado de antecedentes-, al que le asentaban el correspondiente timbrado expedido por la máquina que tenían asignada", se precisó en el  fallo. Luego, se añadió, "percibían ilegítimamente el cobro de un segundo trámite por idéntico valor que el primero, que no era ingresado al sistema y al que no imprimían un nuevo timbrado, sino el ticket correspondiente a la operación anterior, que no había sido  entregado a la persona interesada".    

Para el fiscal Luciani, el desfalco era contra la Policía Federal Argentina (PFA) y se develó cuando "el subinspector encargado de contabilizar el dinero de los trámites, nuevo en sus funciones, notó un sobrante". En la instrucción más de 100 personas declararon que no les  entregaban el ticket de pago correspondiente, lo que revelaba la  ejecución de la "ingeniosa acción ilícita", según las palabras del fiscal. 

Una parte de la investigación continúa tramitándose en la etapa de instrucción, con la intervención de la fiscalía federal 5, para esclarecer si jefes de diversas divisiones de la Policía  Federal Argentina formaban parte de la maniobra.