Tensión, angustia y conflicto entre dos jueces por desalojo en Gorina

El desalojo de un asentamiento de 141 entre 471 y 478 mantuvo en vilo durante toda la jornada del viernes a ese barrio y a Colonia Urquiza, donde en un principio iban a ser mudadas las familias que por una resolución de la Justicia penal debían abandonar tierras que ocupaban en Gorina. El gobierno provincial había dispuesto reubicar las viviendas en 186 y 142; se inició el traslado de la gente, pero los vecinos de esa zona resistieron la movida. Para completar el cuadro de incertidumbre, a la orden judicial original se le superpuso otra del fuero contencioso administrativo que dejaba sin efecto la primera medida. La presencia en el operativo del magistrado que dictó la última disposición tensó aún más la situación, pues la Policía desoyó su directiva, continuó con el procedimiento y se originó un conflicto de poderes en el ámbito judicial.

El asentamiento estaba conformado por un grupo de viviendas -la mayoría casillas de madera pero también algunas de ladrillos- que se extendía a lo largo de 700 metros sobre la 141. Era lindero al country Gran Bell y lo habitaban 57 familias, muchas de las cuales habían usurpado las tierras -propiedad de la Provincia- unos 20 años atrás.

La intervención policial para el retiro de las viviendas la había decidido el día anterior el juez en lo penal César Melazo, quien resolvía de esa manera una causa iniciada por los vecinos del country que pedían que fueran liberados de los "intrusos" los terrenos por los que alguna vez pasó el tren provincial. Pero mientras el viernes se desarrollaba el procedimiento el titular del juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, Luis Arias, libró una medida cautelar para frenar el desalojo y entonces se desató una crisis que terminó enfrentando a los dos magistrados y, como consecuencia, al jefe del operativo policial y a Arias, que se presentó en el ya casi desmontado asentamiento y exigió -sin conseguirlo- que le permitan a las familias quedarse en el lugar.

EL OPERATIVO

El procedimiento para cumplir con la orden de desalojo comenzó a las 7. A pesar de la pasividad con la que reaccionaron las familias que iban a ser retiradas del lugar y según lo que se denunció, algunas viviendas fueron destruidas por agentes de la fuerza de seguridad. Ese fue el primer momento de tensión y angustia porque el conflicto recién empezaba. A alrededor de las diez de la mañana partieron los primeros camiones cargando las estructuras de madera de las casillas, los muebles y la gente. El destino era un predio de 186 y 492 en el que el ministerio de Infraestructura pensaba instalar el asentamiento. Alertados por el inminente desembarco de las más de 200 personas, los vecinos de Colonia Urquiza "piquetearon" las calles y evitaron con la protesta que se efectuara el traslado.

Los camiones tuvieron que volver a Gorina y comenzaron a correr las horas. En medio de órdenes y contra órdenes y de algunas discusiones de los vecinos con la Policía, las familias continuaron con la tarea de desarmar sus casas, apilar la ropa y desconectar los electrodomésticos. En tanto, se iban renovando los vehículos que llegaban para seguir cargando pertenencias y dirigentes de la Confederación Argentina de los Trabajadores -CTA-, que trabajan en el barrio de Gorina con el Foro de la Niñez, buscaban lugares apropiados para alojar a la gente que se había quedado a la intemperie y poner a resguardo los muebles.

Con la luz de las viviendas que había sido cortada durante el operativo y un escasísimo alumbrado público, irrumpió en la calle 141 una noche cerrada. La mayoría de las mujeres y todos los chicos -que habían pasado el día sin comer- ya estaban en la Escuela 92, donde se les había dado alimento y un lugar para dormir; los hombres que habían decidido irse fueron albergados en hoteles de la zona de la Terminal. Pero algunas familias que no habían terminado de embalar todas sus cosas tuvieron que seguir levantando las casas iluminadas por las fogatas que improvisaron y dejaron el barrio ya entrada la madrugada.

TESTIMONIOS

Ruben Caliga es uno de los vecinos que habitaban el asentamiento y que, según contó, se quedó "sin nada" de lo poco que tenía: "vinieron con una motosierra, rompieron todo, me destrozaron la casa. Aprovecharon que yo no estaba porque trabajo para la Municipalidad y además hago changas de corte de pasto. No me dejaron nada sano, no entiendo por qué hicieron eso, hace 15 años que vivo acá".

Un testimonio similar brindó Elizabeth Tarcaya. La joven y su pareja ya habían desarmado la vivienda, pero cuando empezaba a anochecer y con una gran tensión en el ambiente porque la custodia policial se había redoblado en cantidad de patrullas y unidades de Infantería le pidió al juez Arias intervención porque los efectivos le impedían sacar del lugar que ocupaba su casa las pertenencias que todavía no había retirado. "Ya llevé casi todo a lo de mi mamá pero no me dejan pasar para sacar las cosas que me quedan", le dijo, llorando, al magistrado.

La gente del asentamiento sabía que debía irse del lugar y lo había aceptado. Con el patrocinio del abogado Marcelo Ponce Núñez, el grupo había logrado un acuerdo con el ministerio de Infraestructura -a través de un convenio firmado con Ferrobaires- para permanecer allí hasta agosto próximo. Mientras tanto, la cartera de obras públicas buscaría una zona donde relocalizarlo. "Por eso es que no se entiende este desalojo compulsivo, con policías que destruyeron casas cuando las familias las estaban levantando y que fue impulsado por particulares y un juez (Melazo) que desconoce el arreglo", señaló Carlos Leavi, secretario general de la CTA.

El grupo que ocupaba esas tierras está integrado por familias llegadas de provincias del norte argentino -Chaco, Jujuy, Entre Ríos- y Paraguay. Conformaban una comunidad organizada: los hombres con trabajo en la construcción, las mujeres con empleo para tareas domésticas en las casas de la zona y los chicos cumpliendo con su educación en las escuelas 92, 38 y el Jardín de Infantes 911. Por el tiempo que llevaban instaladas, las viviendas tenían servicios de luz y agua, obtenidos en forma regular a través de tarifas sociales.

UN LUGAR

El ministerio de Infraestructura de la Provincia estaría buscando un lugar definitivo para reinstalar el asentamiento que fue levantado en Gorina. Según se aseguró, “en una semana la situación quedaría resuelta”.