Pidieron indagar a la hija de Bonafini y a los Schoklender

Finalmente, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer la indagatoria de los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, de Alejandra Bonafini, y de otras más de 60 personas, al dar por probado el manejo irregular de fondos públicos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

Mediante un dictamen de 190 carillas que presentó ante el juez federal Norberto Oyarbide, el fiscal pidió que cite a todos ellos por los delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de dinero, entre otros y remarcó que los Schoklender formaban una organización compleja destinada a cometer delitos.

Argumentó que provocaron “un perjuicio patrimonial al Estado Nacional” al darse un “cuantioso desvío o pérdida de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales para ciudadanos de humilde condición económica y carente de vivienda propia”.

Di Lello resumió la maniobra delictiva de la siguiente forma: “A través del desvío de fondos públicos y de bienes administrados por la Fundación para la construcción de viviendas, sus apoderados y un grupo de empleados, en connivencia con terceros, direccionaban esos fondos hacia las empresas Meldorek SA y Antártica Argentina SA entre otras, las que no brindaban ninguna contraprestación por el ingreso de ese dinero”.

“(Eso) habilitaba la libre disposición del mismo por parte de estas personas como así también de terceros beneficiados, formándose un amplio entramado de sociedades y personas que detentaban los cargos gerenciales”, precisó.

Tal como adelantó esta diario ayer, el fiscal imputó a Alejandra Bonafini, hija de la titular de la asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, pero dijo que a la dirigente de derechos humanos le cabe una responsabilidad civil y no penal (ver aparte).

El extenso escrito ahora queda a estudio del juez Oyarbide quien se prevé se tomará vacaciones durante la feria judicial de enero, por lo que de haber citaciones recién lo serán en febrero de 2012.

UNAS 70 CITACIONES

El fiscal pidió citar también al contador Alejandro Abraham Gotkin (Director de la firma Antártica y presidente de Meldorek); al empresario Daniel Laurenti, al piloto Gustavo Adrián Serventich (socio minoritario de Meldorek); al financista José Fernando Caparros Gómez (dueño de la financiera Monetización S.A); a Patricia Beatriz Alonso, empleada de la Fundación y mano derecha de Sergio Schoklender; y la ex esposa de este, Viviana Salas, entre muchos otros.

El listado total de imputados es de casi 70 personas, muchos empleados de las firmas sospechadas, así como de la Fundación Madres, y entre quienes está Alejandra Bonafini, quien se desempeñó como asesora hasta septiembre de este año.

Según el fiscal, Alejandra Bonafini contribuyó “a despojar de fondos públicos a la fundación” y está sospechada por la venta a la empresa Meldorek SA de “la Unidad Funcional 15 ubicada en el pisos 4° y 5° de la calle 44, nro. 1324, en La Plata, y por la suma de 25.000 dólares, que no sería el precio real de mercado.

Además, se le endilga a la hija de Hebe un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) incluido en el expediente que entregó la Unidad de Información Financiera (UIF) N° 164, por un depósito que hizo en dos cuentas corrientes a su nombre (una en pesos y otra en dólares) por una suma total de 235.250 pesos.

Si bien el fiscal aclaró que en los hechos “no aparecen realizados o cubiertos directa y/o indirectamente por la Presidente de la Fundación”, le dedicó duros párrafos por el poder “amplísimo” que les dio a los Schoklender para actuar en representación de la entidad.

“Hasta este estado de la instrucción, no surgen evidencias que, provisoriamente, permitan imputar a la señora Hebe de Bonafini alguna conducta constitutiva de delito”, sostuvo el fiscal.

Pese a ello ordenó medidas para dar por concluida la investigación sobre la titular de la organización, y en ese sentido, pidió la “urgente” concreción de una pericia caligráfica sobre el contrato más importante que firmó la Fundación con la constructora Meldorek del 28 de diciembre de 2010 para la construcción de viviendas.

DEFENSA

Tras conocerse la decisión del fiscal, Sergio Schoklender consideró que “recién ahora voy a poder hablar” y que la indagatoria significa que “estoy 10 pasos más cerca de que se me sobresea y se conozca la verdad de todo”.