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Luego del anunció sobre la intervención de la ex Ciccone, la oposición reaccionó con dureza y cuestionó la medida.
El diputado nacional por el Frente Peronista, Eduardo Amadeo, señaló que “con la expropiación de la ex Ciccone, el Gobierno Nacional intenta ocultar uno de los más grandes escándalos de su gestión”.
Y agregó: “la medida demuestra su necesidad por encubrir un millonario caso de corrupción y el fracaso en una de las tareas más esenciales de un Gobierno, como es la emisión monetaria”.
“El kirchnerismo cree que con esta expropiación va a lograr frenar las investigaciones que impulsamos sobre el caso Boudou”, aseveró el legislador para luego finalizar diciendo que “no nos detendremos hasta exponer ante los ciudadanos todos los hechos de corrupción de este Gobierno”.
Por su parte, el legislador nacional Gustavo Ferrari, dijo a un medio capitalino que esta medida “evidentemente no es una muestra de seguridad sino de debilidad” por parte del Poder Ejecutivo.
El diputado -que trabaja junto a Francisco de Narváez- sostuvo que “la resolución de declararla de interés público, intentar ocultar la verdad de lo que pasó en el caso Boudou”.
En tanto, el jefe del bloque de diputados radicales Ricardo Gil Lavedra, señaló que en mayo pasado, había presentado un proyecto para declarar a Ciccone de interés público nacional.
El radical incluyó en su proyecto que era necesario declarar “de utilidad pública y sujeto a expropiación la totalidad de las acciones que componen Compañía de Valores Sudamericana S.A.” para que pasen de forma “inmediata e irreversiblemente a integrar el patrimonio del Estado nacional y cuya titularidad exclusiva corresponderá a la Sociedad del Estado Casa de Moneda”.
En ese proyecto, estipulaba que “el Estado Nacional preservará las fuentes de trabajo de los operarios” de la imprenta.
Patricia Bullrich, de Unión por Todos, se preguntó: “Tenemos que pagar los platos rotos de Boudou. ¿Qué compramos? ¿La impunidad del Vicepresidente?”.
Mientras, Federico Pinedo, del PRO, aseveró: “El kirchnerismo quiere destinar dinero público para comprar la empresa de los amigos de Boudou”.
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