La Justicia pidió al Gobierno que evite todo tipo de presión

LAS MINISTRAS DE LA CORTE ELENA HIGHTON DE NOLASCO Y CARMEN ARGIBAY

La Justicia pidió ayer al Poder Ejecutivo que evite “el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia”, en plena disputa judicial entre el Gobierno y el Grupo Clarín por la aplicación de la Ley de Medios.

Un comunicado conjunto fue firmado por un sector representativo de la Justicia integrado por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial (de la Corte Suprema de Justicia); la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de la Magistratura.

RECUSACIONES

El comunicado fue emitido luego de que hace unos días los camaristas del fuero en lo Civil y Comercial Federal señalaran que las recusaciones en su contra entabladas por el Gobierno en torno a la causa por la Ley de Medios afectan su independencia.

También se dio un día después de que el Gobierno recusara a todos los integrantes de la Cámara que ayer prorrogó la medida cautelar que mantiene frenado para ese grupo un artículo de la Ley de Medios.

Los jueces del fuero en lo Civil y Comercial esta semana entregaron un escrito en la Corte Suprema en donde acusaron “preocupación” por la “falta de cobertura” de vacantes, “recusaciones y denuncias penales” entabladas por el Poder Ejecutivo y hasta “campañas difamatorias contra jueces agraviándolos de manera personal”.

El comunicado firmado por varias entidades, y todas coordinadas por las ministras de la Corte Carmen Argibay y Elena Highton, señala la necesidad de “reiterar que la independencia del Poder Judicial se encuentra protegida por la Constitución Nacional y es un principio fundamental del Estado de Derecho que es sustancial para el funcionamiento de la democracia, y constituye una garantía fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos”.

“Tampoco puede ser afectado el derecho de ejercer la defensa y de criticar las sentencias, ya que ello forma parte de una sociedad transparente y participativa”, añadieron.

Además, instaron a los “titulares de medios de comunicación públicos y privados a ejercer el derecho de crítica sobre la base de opiniones y argumentaciones, evitando el agravio personal o familiar, siendo mesurados y prudentes al imputar faltas éticas o criminales que luego quedan en la nada, pero que lesionan gravemente a las personas y sus familias”. La Sala I de la Cámara, integrada por Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, es la que resolvió el pedido del grupo Clarín para extender más allá de hoy la medida cautelar que mantiene en suspenso la aplicación del artículo 161 de la ley de medios, referido a la desinversión.

El comunicado está firmado por la Comisión, además de la Junta federal de Cortes y Tribunales Superiores de las Provincias Argentinas y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura.

CARGOS

Además se pidió a las “autoridades competentes” cubrir “cargos de tribunales vacantes en tiempo oportuno, mediante el procedimiento adecuado”. El documento exhorta a cubrir los cargos vacantes en la justicia en tiempo oportuno, mediante el procedimiento adecuado.

También llama a los demás poderes públicos del estado, para que no avancen en la modificación de legislaciones locales en perjuicio de la estabilidad de los magistrados.

El punto cuatro exhorta a titulares de medios de comunicación públicos y privados a ejercer el derecho de crítica sobre la base de opiniones y argumentaciones, evitando el agravio personal o familiar, siendo mesurados y prudentes al imputar faltas éticas criminales que luego quedan en la nada, pero que lesionan gravemente a las personas y sus familias y convoca a los medios de comunicación a promover el debate democrático de ideas.

El sexto punto solicita, teniendo en cuenta la protección constitucional de la libertad de expresión, la pluralidad de voces que promueve la ley 26.522 y el carácter público de los medios oficiales, al Poder Ejecutivo Nacional, a la Jefatura de Gabinete y al Titular de la Afsca, que se habiliten espacios en los horarios y noticieros centrales de la televisión pública para que el PoderJudicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias, así como la difusión de videos institucionales en programas de difusión pública. La Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial está integrada por las tres asociaciones firmantes y es coordinada por las ministras de la Corte Suprema de Justicia Carmen Argibay y Elena Highton de Nolasco.