Primero la Corte, después la reforma constitucional

LA CORTE, BLANCO DE LAS CRÍTICAS PRESIDENCIALES

Por MARIANO SPEZZAPRIA

Twitter: @mnspezzapria

El fallo de la Corte declarando la inconstitucionalidad de la elección popular de los consejeros de la Magistratura salió como tenía que salir. También la reacción del Gobierno era previsible, aunque no el nivel de indignación que le imprimió la Presidenta a su discurso. Por eso empieza a tomar forma en el oficialismo la idea de avanzar políticamente sobre el máximo tribunal de Justicia del país.

Es decir, pasar de los cuestionamientos públicos a los hechos concretos, más allá de que Cristina Kirchner pueda apelar al concepto de la “soberanía popular” como un lema de campaña de cara a las elecciones que se aproximan. Una idea lanzada al ruedo por uno de los propios jueces supremos sería utilizada, en este contexto, para agregarle otro capítulo a la denominada “reforma judicial”.

Se trata de un proyecto de ampliación de la cantidad de miembros de la Corte Suprema, que actualmente integran siete magistrados y que, de acuerdo al consejo de Raúl Eugenio Zaffaroni, debería sumar al menos otros 12 integrantes que se dediquen a mejorar la eficiencia del tribunal. Una iniciativa en ese mismo sentido ya tiene redactada la diputada oficialista Diana Conti.

UN VOTO MAS

La sanción de una ley para regular la composición de la Corte no requiere de una reforma constitucional. Ni siquiera de una mayoría especial en el Congreso. Bastaría con que el kirchnerismo logre sumar un solo voto más que la oposición en Diputados y el Senado. Claro que un proyecto de esa naturaleza debería ser apurado antes del recambio legislativo de diciembre.

Es que el Frente para la Victoria podría perder, tras las elecciones de octubre, la mayoría que ostenta en la Cámara baja. Según pudo saber este columnista, la iniciativa saldrá del cajón en el que se encuentra archivada en caso de que la Corte siga demorando -en opinión de la Casa Rosada- un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de los artículos vetados de la Ley de Medios.

El clima en la Corte no es, por cierto, el mejor con el Gobierno. Hasta Zaffaroni admitió que la reforma judicial fue un error político. Y no es para menos: Ricardo Lorenzetti fue acusado de tener ambiciones presidenciales, mientras en el oficialismo nadie se ocupó de desmentir que Juan Carlos Maqueda haya sido amenazado por un miembro de la agrupación La Cámpora.

LA IDEA DE LA SOBERANÍA POPULAR

Las menciones de la Presidenta al veterano Carlos Fayt también aportaron lo suyo, al igual que la ironía sobre su intención de ser jueza en 2015, cuando está previsto que concluya su segundo mandato. Vinculada a ese plazo constitucional brotó una andanada kirchnerista sobre la reforma a la Carta Magna que, sin embargo, no tiene en este momento posibilidad alguna de concretarse.

“No pueden hacerlo ahora. Es un año electoral y además, perderían”, advirtió un dirigente peronista con encuestas en mano. Pero los estrategas de la Casa Rosada evalúan que podrían intentarlo el año que viene si las próximas elecciones legislativas no determinan una derrota catastrófica para el kirchnerismo. La convocatoria a un plebiscito llevaría a la praxis la exaltada “soberanía popular”.

Pero ese sería un segundo paso, de concreción incierta. El primero apunta directamente a la Corte Suprema. La ampliación de sus integrantes es un camino posible en este escenario que se encamina hacia una disputa de poderes del Estado. Aunque es poco probable que la idea original de Zaffaroni -que propicia un tribunal numeroso y con funciones diversificadas- sea respetada al pie de la letra.

Al lanzar una cruzada contra los “poderes corporativos”, la Presidenta dijo en Rosario -donde encabezó el acto por el Día de la Bandera- que está dispuesta a “aguantar lo que venga”. Pero algunas señales políticas resultaron más que preocupantes este fin de semana en la quinta de Olivos, porque no provinieron de la oposición ni de los jueces, sino de las propias filas del peronismo.

En ese variopinto paisaje político llamó la atención la negativa de varios intendentes del Conurbano a involucrarse personalmente en las listas del FPV para diputados y senadores provinciales. Ya había provocado el enojo de los armadores oficialistas el rechazo de María Eugenia Bielsa a ser candidata en Santa Fe, donde se tuvieron que conforman con el ex gobernador Jorge Obeid.

Ni que hablar de los reparos que puso Carolina Scotto, ahora ex rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, quien llegó a poner en duda su candidatura en la provincia mediterránea, donde el peronismo responde al gobernador José Manuel de la Sota. Pero los nervios de punta se los puso Sergio Massa, que llegó a tentar a Daniel Scioli para engrosar su flamante tropa electoral.

LAS CANDIDATURAS Y EL EFECTO BRASIL

El cierre de las candidaturas, todavía fresquito, expresa en los hechos el comienzo de un proceso de realineamiento en el peronismo. Allí el recambio generacional no llegó, como esperaba la Presidenta, de la mano de La Cámpora, que pese a su influencia palaciega no pudo poner candidatos en lugares de privilegio porque no logra insertarse en el impreciso campo de la simpatía popular.

Menos para él, el lanzamiento de Massa resulta incómodo a varias bandas: para el Gobierno, porque evidencia un desgajamiento propio del paso del tiempo en el poder; para la oposición, porque otra vez un peronista se planta como la alternativa de cambio; y para el propio justicialismo, que ve cómo muchos dirigentes podrían quedar licuados si este nuevo liderazgo se ratifica en las urnas.

Fuera de ese microclima de la política criolla, los principales dirigentes argentinos siguieron en los últimos días con especial atención las protestas ciudadanas que se desarrollan en Brasil, en la búsqueda de una explicación frente a la concepción generalizada de que la gestión del Partido de los Trabajadores -antes de Lula, ahora de Dilma- representó un claro avance para el país vecino.

Pero al igual que sucedió en Chile con las protestas estudiantiles, la clase media brasileña parece haber comenzado a articular demandas de segunda generación. Es decir, no se queja por la situación económica como ocurrió en otras oportunidades, sino porque tiene nuevas necesidades sociales. Los recurrentes casos de corrupción en el sistema político brasileño influyen de forma directa.

Por eso brotó con fuerza el cuestionamiento a los gastos del Estado en el camino de preparación al Mundial de fútbol de 2014, previa parada este año en la Copa Confederaciones que se disputa ahora mismo. Nadie desconoce que aquí, en la Argentina, la difusión de casos resonantes como el de Lázaro Báez también tuvo su impacto en la imagen pública de la Presidenta.

Los gobiernos de la región tienen una tendencia natural a sospechar que detrás de algunos fenómenos políticos se encuentra la larga mano de los Estados Unidos, que buscaría socavar los liderazgos de origen progresista. También acusan a los “medios dominantes”. Aunque les convendría hacer un esfuerzo adicional para analizar la realidad social que ellos mismos ayudaron a alumbrar.