Un flagelo que se extiende en el país

Fue el último 11 de octubre. Ese día el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, cocinaba arroz en su casa mientras seguía las acciones del partido entre Argentina y Perú por televisión cuando escuchó una serie de estampidos. Al principio, diría después, creyó que era un mueble que se caía en el vestíbulo. Cuando vio los pedazos de mampostería que se desprendían violentamente de la pared, entendió. Se arrojó al piso y le gritó a su mujer que hiciera lo mismo. Ese día catorce balazos impactaron en el domicilio del gobernador, milagrosamente, sin dejar un saldo trágico. La investigación posterior condujo a seis personas, presuntos autores del ataque, vinculados a bandas narcos y barrabravas. Ese día, la inusitada gravedad institucional del episodio encendió luces rojas frente al vertiginoso crecimiento del narcotráfico en el país y sus imprevisibles consecuencias.

El atentado contra Bonfatti destacó por su gravedad, por lo inusual de que el ataque se dirigiera esta vez de manera frontal contra un representante de Estado. Pero se produjo en le marco de un explosivo crecimiento de la violencia narco y la guerra entre bandas, que en ciudades como Rosario se cobró la vida de 183 personas en 2012 y este año superaría las 200. Esas cifras colocan a esa ciudad por encima de Medellín y San Pablo si se considera a la tasa de homicidios intencionales. Paralelamente la dimensión del negocio de los estupefacientes registraba un crecimiento exponencial: si entre 1973 y 1988 se incautaron 3 kilos de cocaína en Rosario, solo en 2012 se incautaron 400.

Las guerras entre bandas no se limitan a esa región de la Argentina. El 30 de octubre, tras la muerte de un chico de 13 años en José León Suárez (partido de San Martín), los vecinos incendiaron una comisaría, destruyeron vehículos policiales, pintaron grafitis. Denunciaron otros crímenes, como el de Ivonne Alejandra Eloy, de 10 años, que murió al quedar entre el fuego de dos bandas narcos que se disputaban el territorio en la villa La Cárcova, mientras viajaba en un remise.

Los vecinos de San Martín denunciaron connivencia policial, una denuncia que se investiga también en otras geografías del país: en marzo de 2013 el ex jefe de la Policía de Santa e Hugo Tongnoli fue detenido por segunda vez acusado de ser cómplice del tráfico de estupefacientes, En Córdoba, hace un mes, estallaba un “narcoescándalo”, después de que el testimonio de un colaborador policial encubierto vinculara a altos jefes de esa fuerza con una red de narcotraficantes.

Para los especialistas, detrás de este avance del narcotráfico aparece un fenómeno que se profundizó en los últimos años. La Argentina dejó su rol histórico de país de tránsito para la droga que viajaba hacia Estados Unidos o Europa desde países productores, como Bolivia, Colombia o Perú. Y se transformó en un importante mercado de producción y consumo, con mafias que libran feroces batallas por el control del territorio y el manejo del microtráfico y crecen con la connivencia de jueces, policías y políticos.

Algunos entienden que esto se produjo por la propia dinámica del negocio: los pagos a los encargados del tránsito se hacían en drogas, que había que vender en el mercado local para convertir en efectivo. Según las Naciones Unidas, de la mano de ese fenómeno se duplicó el consumo de marihuana y cocaína en la última década, estableciéndose en niveles de prevalencia similares a los de Estados Unidos o Europa.

Junto a este mercado de consumo se desarrolló una lucha por el territorio entre bandas que se disputan pequeños mercados. Y la Argentina se convirtió en un país productor de la última etapa de la elaboración de la cocaína. Hoy es el país en el que se decomisan más cocinas de cocaína fuera de los grandes exportadores de coca, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.

Frente a este panorama, al que se suma la presencia en el país de líderes narcos de países como Colombia, los especialistas destacan la falta de una política integral para combatir el flagelo, que se produce en pleno avance de las mafias.

Fronteras descuidadas, con un espacio aéreo en un 90% sin radarizar, puertos y aeropuertos sin controles suficientes, completan un panorama que hace temer un futuro próximo en el que la Argentina se parezca cada vez más a países como México, donde el narcotráfico es un problema de difícil control que se filtra en todos los estamentos del Estado y que se cobra anualmente miles de vidas.

Los más críticos destacan que hasta la Secretaría del área (Sedronar) permanece acéfala desde hace meses y los últimos datos sobre criminalidad oficiales que se conocen corresponden al año 2009.

Mientras tanto, en cientos de barrios, el narcotráfico disputa territorios, ocupa espacios donde el Estado se retira y hasta se transforma en estrategia de supervivencia para familias sin posibilidad de inserción.