Se espera un alivio en tiempo de descuento

EL JUEZ GRIESA ACEPTARÍA UNA FÓRMULA PARA EVITAR EL DEFAULT

Por MARIANO SPEZZAPRIA

El acuerdo que intentaban anoche en Nueva York el ministro Axel Kicillof y los representantes de los “fondos buitre” salvaría sobre la hora a la Argentina de ingresar en una nueva cesación de pagos de la deuda externa, con las consecuencias negativas que acarrearía esa situación para la economía nacional. El entendimiento tendría a los bancos privados que operan en el país como los actores protagónicos.

Las entidades financieras le ofrecieron a Kicillof una puerta de salida para el conflicto que puso contra las cuerdas al Gobierno durante las últimas semanas, desde que la Justicia norteamericana dispuso el pago en efectivo de 1.330 millones de dólares a los “fondos buitre” que poseen los bonos de la deuda que no fueron canjeados en 2005 ni en 2010. Pero la jugada no fue tan sorpresiva como pareció.

Según pudo saber EL DIA, los principales dirigentes políticos argentinos -entre ellos los precandidatos a la Presidencia- tuvieron un anticipo de la propuesta que se hizo en el juzgado del magistrado Thomas Griesa, aunque no por fuentes gubernamentales sino por los propios banqueros. Un personaje clave en este entramado resultó ser el titular de Adeba, Jorge Brito, presidente del Banco Macro.

Pero según trascendió, no solamente los bancos privados de capitales nacionales habrían participado de la operación de salvataje, sino también aquellos cuyas casas matrices se encuentran en Europa. Así se entendió que el Gobierno kirchnerista anticipara esta semana el pago de la primera cuota acordada para refinanciar la deuda con el Club de París. El gesto formó parte de la negociación.

Es que los bancos nacionales recibirían -en caso de ser necesario- el auxilio de los europeos para sustentar la oferta a los “holdouts”. Y en última instancia, también el Banco Central se sumaría a esta operatoria, aunque la idea cerró porque las entidades financieras ingresaron como un privado que no puede ser asociado al Estado argentino, lo cual evita que los bonistas invoquen la cláusula RUFO.

Esa cláusula (Right Upon Future Offers en inglés) estipuló una igualdad de trato para todos los bonistas y caerá el 1º de enero de 2015, por lo cual un pago a los “holdouts” reconocido por el Gobierno argentino podría haber disparado una avalancha de litigios judiciales por parte de quienes ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Pero esa ya es una historia conocida y repetida hasta el cansancio.

Mientras Kicillof viajaba a Nueva York para transmitir al negociador Daniel Pollack la propuesta de los bancos -que a entender de los especialistas, integran el sector que más se benefició en la última década-, la presidenta Cristina Kirchner reiteraba ante el Mercosur en Caracas el discurso según el cual el poder financiero busca “asustar” a la Argentina para aleccionarla por su supuesta rebeldía.

La retórica presidencial había alentado incluso la convocatoria de la militancia kirchnerista al Cabildo de Buenos Aires para la tarde de este miércoles, mientras que en las calles del centro porteño aparecieron ayer miles de afiches que reflotaron la histórica consigna de “Braden o Perón”, utilizada en los años cuarenta del siglo pasado, para actualizarla con la disputa entre “Cristina o Griesa”.

Pero al caer la noche empezaron a llegar noticias desde Nueva York y la postura dogmática del kirchnerismo duro viró hacia una posición más pragmática, que pasó a destacar la “solvencia técnica” del ministro Kicillof y de los funcionarios que lo acompañaron en Manhattan. Por la mañana, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había abonado la idea de que el default técnico no se produciría.

En este punto, el argumento del Gobierno es que no correspondería llamar de esa manera a la situación financiera del país porque, en rigor, se depositaron los pagos a los bonistas que entraron a los canjes y el que los bloqueó fue el juez Griesa. A su vez, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, dijo que “no pasa nada” si el país vuelve a ingresar en una cesación de pagos.

Sin embargo, el FMI abrió el paraguas y aseguró -por medio de su directora gerente Christine Lagarde- que un eventual default argentino no influiría negativamente en la situación de otros países que tienen problemas con su deuda externa, ya que la economía nacional se encuentra “aislada” en el concierto internacional. El argumento de la economista francesa no cayó bien en el Palacio de Hacienda.

Con todo, los bancos privados le dieron al Gobierno una ayuda inmensa, proporcional a la que recibieron tras la devaluación de enero pasado, cuando se beneficiaron con una ganancia de 10.000 millones de pesos atribuida a las “diferencias de cotización”, con lo que obtuvieron en el primer mes del año tres cuartas partes de todo lo que ganaron en 2013. Kicillof se los recordó en la negociación.