Decomisan los 800 mil dólares de Antonini Wilson con "fines sociales"

La Justicia ordenó el decomiso de los casi 800 mil dólares que el empresario  venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson quiso ingresar al país sin declarar para  presuntamente aportarlos a la campaña de Cristina Fernández a la  Presidencia en 2007.    

Fuentes judiciales informaron hoy que el juez en lo Penal  Económico Pablo Yadarola dispuso el embargo "definitivo y anticipado a  favor del Estado" y con "fines sociales reparatorios" de los  790.550 dólares encontrados en el interior de la valija de Antonini  Wilson.    

El juez, a su vez, solicitó al jefe de gabinete de Ministros,  Marcos Peña, que el Gobierno nacional "establezca cuál sería el  mejor destino en términos de utilidad pública (salud, educación, o  cualquier otro) para que la suma de dinero decomisada en esta causa  pueda reparar, en alguna medida, el daño causado a la sociedad  con motivo del suceso objeto de pesquisa".    

El caso de la valija estalló el 4 de agosto de 2007, en  vísperas de la visita al país del entonces presidente venezolano, Hugo  Chávez, cuando arribó al aeroparque "Jorge Newbery" un avión  privado contratado por la empresa estatal ENARSA que provenía de  Caracas.    

Allí viajaban dos funcionarios kirchneristas, el presidente de  ENARSA Exequiel Espinosa y el titular del Órgano de Control de  Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, su secretaria Victoria  Bereziuk y los pasajeros venezolanos Diego Uzcátegui,  vicepresidente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, su hijo Daniel,  Alejandro Antonini Wilson y tres funcionarios de la petrolera.    

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Al pasar los controles, Antonini dijo que llevaba en su valija  libros, pero los controladores descubrieron que sumaban casi 800  mil dólares que, en ese momento, abandonó allí.    

Antonini Wilson pasó tres días en el país, participó en la  recepción oficial brindada a Chávez en la Casa Rosada, y luego viajó  a Miami, Estados Unidos, donde reside actualmente.    

Allí hizo declaraciones, en 2008, a la cadena de noticias CNN  y aseguró que el dinero secuestrado en el aeroparque "era de  PDVSA", la petrolera estatal venezolana, e "iba para la campaña  presidencial de la actual presidente Cristina Kirchner".    

En abril pasado, la Corte Suprema de Justicia revocó la  prescripción de la causa y ordenó su reapertura al hacer lugar a un  recurso de queja presentado por la fiscal ante la Cámara Federal de  Casación Gabriela Baigún y sostenido por el Procurador General  Adjunto Eduardo Casal.    

La causa, caratulada "Uzcátegui Matheus, Diego Bautista  s/contrabando", "Uzcátegui Specht, Daniel David s/contrabando" y  "Uberti, Claudio s/contrabando", volvió al fuero en lo Penal Económico  para continuar su tramitación en relación con el delito de  "contrabando agravado", que contempla una pena máxima de 12 años de cárcel.