Menores: un sistema fracasado

El drama no es nuevo pero se reavivó en el último tiempo a partir del debate por la baja en la edad de imputabilidad. ¿A qué edad debe ser penado un menor? ¿Qué se hace con los chicos que delinquen y están por debajo de esa edad? ¿Quién se ocupa de los menores inimputables? ¿Qué red existe, de verdad, para contener a nenes que rondan los diez años y ni siquiera tienen un hogar que los cobije? Mientras jueces, abogados y agentes sociales debaten y opinan sobre un tema que no parece tener una única opción ni una sola arista, en suelo bonaerense el sistema penal juvenil hace tiempo que se hunde como un barco a la deriva y, con él, arrastra a miles de chicos a los que hace ya tiempo el Estado olvidó y sigue, aún hoy, ignorando por completo.

El procedimiento penal juvenil respecto de los menores que delinquen en nuestra provincia contempla varios frentes. Los lugares de alojamiento de los chicos privados de su libertad son 28, albergan actualmente a más de 600 menores y dependen del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia bonaerense -antes Secretaría de Niñez-, un ente donde hace tiempo que sobran las preguntas y faltan las respuestas. Aquellos chicos a los que no se les dictó la prisión preventiva son albergados en los llamados Centros de Recepción. Si tienen menos de 16 años y, por lo tanto, son inimputables, un juez puede aplicarle una medida de seguridad en un establecimiento especial, aunque no en carácter de pena sino como medida cautelar. En la Provincia, actualmente hay unos 3 mil nenes alojados en hogares y casas de abrigo, de los cuales casi el 65% ingresó por ser víctima de situaciones de violencia familiar (ver “Los números...”).

sin solucion

De cualquier manera, querer entender el sistema de menores bonaerense es, se ha denunciado infinidad de veces, tratar de interpretar una estructura kafkiana donde abundan los pibes en situación de abandono y brillan por su ausencia las autoridades que den una respuesta. El debate en torno a la edad de imputabilidad es todo un ejemplo. Pese a que el tema invita al debate o a cierta reflexión sobre lo que está ocurriendo con los menores en riesgo, desde el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, liderado por la licenciada Pilar Molina, se indicó esta semana que “ese es un tema del que se prefiere no hablar”.

No es la primera vez que las autoridades del sistema de Niñez y Adolescencia provincial prefieren el silencio. Ya es un hábito. Basta con repasar lo ocurrido hace apenas unos meses en el hogar materno infantil Arrullos, ubicado en 8 y 66 y donde los propios asistentes de minoridad que trabajan en el centro denunciaron desde casos de nenas con ataques feroces que no son atendidas por nadie y que se agreden y agreden a los empleados del lugar, pasando por la presencia de varones en el interior del centro fuera del horario de visitas, hasta la repetida fuga de chicas y el llamativo abandono de un refugio que parece no querer refugiar a nadie.

Puertas adentro, los testimonios de los trabajadores fueron dramáticos y pintaban el horror de un lugar que, no habría ni que aclararlo, está pensado como residencia de contención para aquellas menores en situación de vulnerabilidad. “Yo he visto llegar chicas pasadas de merca después de varios días sin que nadie supiera nada de ellas -le contó a este medio L.S., una asistente de minoridad que trabaja en el Arrullos-. La vez pasada una nena de 15 años estuvo afuera tres días y nadie supo dónde. Ya no hablamos de que estén en tratamiento. Al menos que dejen de tomar. Que las ayudemos a que dejen de tomar cocaína cuando deberían estar protegidas por el Estado”.

Si bien desde la dirección del hogar se admitieron “incidentes” y en noviembre pasado hasta se radicó una denuncia en la comisaría 9ª luego de que una cocinera fuera salvajemente atacada a cuchillazos por una menor, desde el organismo responsable tampoco hubo una sola autoridad que saliera a dar la cara. Nada. Apenas un breve comunicado del ministerio de Desarrollo Social en el que se informaba que “se está trabajando en la recuperación del edificio, luego de años de abandono”.

El problema se hace drama al comprobar que el Arrullos no es un caso aislado sino el ejemplo de una realidad que hace años es oscura y no cambia. Una trabajadora de una casa de abrigo ubicada en Morón, de hecho, en marzo pasado también recibió una puñalada mientras intentaba intervenir en una pelea de jóvenes. Casos similares, según denuncian desde el Sindicato de Obreros de la Minoridad y la Educación de la provincia de Buenos Aires, se repiten a lo largo y ancho del territorio bonaerense. Un día antes del episodio en Morón, por dar otro ejemplo, un agente del Centro de Recepción y Ubicación de Menores de Lomas de Zamora tuvo que ser hospitalizado luego de haber sido golpeado por varios internos.

El drama no es nuevo pero recrudece. Y mientras el debate sobre la baja de imputabilidad parecería hacerse sobre un panorama desolador, casi como opinar sobre chispas en medio de un incendio, cada vez son más las voces de jueces, defensores, especialistas en niñez y adolescencia que alertan sobre una situación que empeora a medida que pasa el tiempo y que, lo más terrible, tiene a nenes en edad de jugar como sus principales víctimas.

El Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, por citar a alguno de los tantos actores que intervienen en el debate, relevó varios hogares de la región -entre ellos el Arrullos- y sus responsables concluyeron que en casi todos los casos se trata de instituciones que se caen a pedazos, con trabajadores mal pagos, sin capacitación, insuficientes, con guardias interminables. Con falta de equipos técnicos y con edificios donde, una vez más, sobran las carencias y faltan las soluciones.

Sergio Bustos, asistente en minoridad y ex director del Hogar Arrullos, admite la debacle del sistema y va más allá. “La estructura para contener a los chicos de nuestra región colapsó hace tiempo en toda la provincia -asegura-. No hay recursos, no hay personal, y lo que sobran son pibes cada vez más chicos con severos problemas de adicciones pero sin lugares para ser tratados de verdad. Lo que hay son anuncios, palabras, pero detrás lo único que aparece es un sistema arrasado donde los chicos están a la buena de Dios”.

Las denuncias, se insiste, no son nuevas pero se reinstalan ante cada debate que deja al descubierto las rajaduras de un sistema que, para muchos, hace años, varios años, que se viene cayendo a pedazos. No hace tanto, incluso, hasta el propio Centro de Protección de los Derechos de la Víctima del ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense tuvo que salir a decir que en nuestra región no se cumplía la ley que establece las condiciones de atención y tratamiento de menores en riesgo. No hay centros especializados para casos de adicción, se asegura. No hay lugares preparados para recibir a nenas madres. Como dice Bustos: los chicos están a la buena de Dios. Y el debate para imputarlos, mientras tanto, parecería aún estar bastante lejos de traer algo de solución.

En la Argentina, según el Régimen Penal de Minoridad promulgado en 1980 durante la dictadura militar, los adolescentes menores de 16 años no son punibles, es decir, no pueden ser juzgados e ir presos a una cárcel. De todos modos, muchos expertos apuntan que “la ley tiene una trampa: dice que si el menor de 16 años es pobre o presenta problemas de conducta, el juez puede decidir internarlo en un instituto penal el tiempo indispensable que crea necesario”. Esto genera, en la práctica, que varios menores de 16 años se encuentren privados de su libertad sin que hayan tenido un juicio previo. En el caso de los adolescentes de 16 a 18 años, son plenamente punibles ante la ley aquellos que cometan delitos con penas mayores a dos años pero recién a los 18 pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel.

¿Cuál es la situación en todo el país?

Según el último informe realizado por la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Nación y Unicef, en la Argentina hay 871 menores privados de su libertad en centros cerrados, alcaidías y comisarías, el 22,3% del total de adolescentes en conflicto con la ley. El resto se encuentran bajo programas de supervisión estatal donde los jóvenes cumplen las medidas judiciales en su entorno familiar y comunitario. De esos 871 jóvenes privados de su libertad por edad, el 90,6% tiene entre 16 y 17 años, y el 9,4% corresponde a chicos considerados no punibles según la ley argentina. “En este sentido, la baja de la edad de imputabilidad implicaría un cambio efectivo en la situación de 82 chicos menores de 16 años privados de libertad en todo el país”, criticó Unicef en un comunicado. A esto se deberían sumar los casos de los menores de 16 declarados inimputables por la Justicia.

¿Qué sucede en otras partes del mundo?

En la región, la edad mínima de responsabilidad criminal va desde los siete años, en Trinidad y Tobago, hasta los 18 años en Brasil, según datos de Unicef. El de nuestro país es un caso particular. Si bien Argentina ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990, que exige tener un régimen penal diferente para que los menores no sean juzgados como si fueran adultos, nunca se modificó el sistema que rige desde el año 80. En Ecuador, por ejemplo, los adolescentes desde los 12 años son considerados responsables a través de un sistema que establece medidas alternativas y de custodia bajo un sistema juvenil de justicia. En Europa, Inglaterra tiene el régimen más estricto: no hay límite etario y cualquier menor, tenga la edad que tenga, puede ser juzgado y condenado.