Asesinatos atroces

Por MANUEL BOUCHOUX

El linchamiento es un asesinato atroz consistente en la ejecución de una persona sospechada de haber cometido un delito, realizada por una pluralidad de sujetos por fuera de todo proceso legal.

En términos jurídicos, no cabe duda alguna que se trata de una conducta criminal, que además cuando surge como pretendida respuesta a un hecho que afecta la propiedad, es inmensamente más grave que aquella hipotética acción que lo precede. Sea porque implique un ataque intencional y premeditado de dos o más personas, o bien porque suponga colocar voluntariamente a la víctima en una situación de indefensión, puede constituir un homicidio calificado que el artículo 80 de nuestro Código penal castiga con prisión perpetua. Si los agresores no lograran la muerte deseada el homicidio calificado quedará en tentativa, y si la finalidad fuera la de lastimar al sospechoso constituirá el delito de lesiones dolosas calificadas.

En términos culturales es una aberración que socava los cimientos del concepto de estado y nos retrotrae poco menos que cuatro milenios atrás, cuando el rey de Babilonia estableció el primer límite a la venganza privada con aquello del ojo por ojo, diente por diente.

La sucesión de hechos de este tipo en los últimos días es preocupante, pero más aún lo son algunos discursos mediáticos y políticos, funcionales a este tipo de conductas vindicativas y a graves formas de violencia institucional. Detrás de aquéllos se esconden las viejas recetas de mano dura, cuyo fracaso se ha comprobado en todas las latitudes. Ni el aumento ni la disminución de las penas tiene efectos mágicos en materia de criminalidad. En el mundo contemporáneo, y nuestro país no es la excepción, el problema de la seguridad ciudadana existe y debe ser objeto de políticas públicas serias orientadas a gestionar la dimensión conflictiva de la sociedad, lo que compete a todos los poderes estatales.

La comprensible indignación de quien sufre un delito no puede justificar nunca la negación del estado social de derecho y las instituciones democráticas, máxime en un país en el cual aquellos que sufrieron los delitos más atroces de su historia, los ocurridos en la última dictadura cívico militar, esperaron décadas, siempre dentro de la ley, para ver finalmente juzgados a sus responsables.

Obsérvese que en los últimos años la ley ha reconocido a la víctima un rol cada vez más importante en el proceso penal, se le permite inclusive continuar con el juicio cuando el estado abandona la persecución penal.

*Docente de Derecho Penal Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP. Defensor Oficial Penal del Departamento Judicial La Plata