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Las órdenes de captura por contrabando son 11. Ya hubo 7 arrestos
La Justicia ordenó ayer detener por presunto contrabando a once personas en el marco de una causa que se investiga a la llamada “mafia de los contenedores”.
La Gendarmería ya arrestó al ex director de la Aduana, Edgardo Rodolfo Paolucci -quien fue designado en ese puesto por el ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray-, mientras que en los pedidos de captura se encuentran Claudio Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
Ayer se produjeron siete detenciones de las once ordenadas por el juez en lo penal económico Marcelo Agunsky, quien tiene a su cargo la investigación de la denominada “mafia de los contenedores”, un grupo de personas que adulteraba las planillas que indicaban el peso y el contenido de conteiners con mercadería importada, entre otras irregularidades.
En horas del mediodía fue detenido Paolucci en su casa del country Abril y minutos más tarde el empresario Carlos Oldemar “Cuqui” Barreiro Laborda, ex dueño de la compañia de seguridad para autos Lo Jack y quien apareció mencionado en la denuncia del ministerio de Seguridad contra el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien fue apartado momentáneamente de su cargo hasta que el presidente Macri ordenó que fuera repuesto.
El magistrado también dispuso la detención de Federido Ernesto Tiscornia, hermanastro del ex juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia; y de Minniceli hermano de la esposa de De Vido, quien hasta el cierre de esta edición no había sido capturado. El juez Aguinsky ordenó además detener a Néstor Frega, Osvaldo Giacumbo y Mauro Delmastro, quienes anoche también estaban siendo buscados; y a Vanesa Calamante, Martín Corral, Santiago Jimenez y Rodolfo Trebino, que ya habían sido capturados.
Los imputados forman parte de una grupo de personas que se habría organizado para eludir los controles aduaneros a la hora de ingresar mercadería importada al a país y, de acuerdo al fallo de 96 páginas emitido por el juez de la causa, las detenciones fueron ordenadas luego del análisis de una serie de escuchas judiciales.
La causa que lleva adelante el juez Aguinsky se originó en marzo a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), luego de una investigación en la que se detectó que habían sido falseados cientos registros de importación.
Los registros de importación contienen la información referida al peso y al contenido de los conteiners con productos importados y si no coincide con lo que efectivamente está siendo ingresado al país, los importadores deben pagar multas y, en caso de que la mercadería no sea reclamada, queda bajo observación judicial.
A principios de septiembre, Aguinsky recibió una serie de escuchas judiciales que habían sido ordenadas por el juez federal Luis Rodríguez en el marco de otro expediente, pero que podían tener que ver con lo que él estaba investigando.
Esas escuchas que recibió Aguinsky de parte de Rodríguez involucraban a las mismas personas que él estaba investigando y en ellas se daba cuenta de una serie de maniobras para destrabar containers que habían sido retenidos en la Aduana y estaban bajo observación.
El 10 de agosto el grupo conformado por los investigados logró mover “seis contenedores desde la Terminal 5 (BACTSSA) hacia el Depósito Fiscal Moreiro Hnos. de la localidad de Lanús, provincia de Buenos Aires”, sostuvo Aguinsky en su fallo.
“Se sospecha aquí que la modalidad de engaño ideada involucraría desde la confección de conocimientos de embarque apócrifos, la adulteración de datos a través de los sistemas informáticos de la Aduana y/o la solicitud de rectificación de la documentación que acompaña las cargas”, para eludir los controles de Aduana y la investigación judicial en curso.
La maniobra “involucraba la confección de Bill of Lading (documentos de embarque) apócrifos, la incorporación de información falsa a través de los sistemas informáticos de la Aduana, y la presentación de multinotas rectificatorias de la información consignada en los permisos de embarque”.
En su dictamen, el juez no descarta que con el progreso de la investigación “surjan nuevos imputados en calidad de coautores, partícipes o encubridores”.
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