A una década de la masacre de los policías, sigue el reclamo de justicia

Dolor, más muerte y como casi siempre, la sombra de la impunidad. A diez años de la masacre en la Planta Transmisora Policial de Arana, el sanguinario crimen de los tres policías que custodiaban esas instalaciones sigue presente, cada día, en la vida de los familiares, quienes en su reclamo por una reparación integral de la justicia exponen una de las peores caras del daño: todavía hay un prófugo al que se le adjudica participación en el hecho junto a los dos condenados a cadena perpetua.

Los oficiales Alejandro Vatalaro (27) y Ricardo Torres Barboza (26) y el sargento Pedro Rodolfo Díaz (45) fueron asesinados durante la madrugada del viernes 19 de octubre de 2007. La explicación de sus muertes y el ensañamiento sobre sus cuerpos, cada uno con decenas de puñaladas y varios tiros, están entre los interrogantes que perduran y se suman a las dudas acerca del móvil del crimen, que en el fallo de los jueces del Tribunal Oral Criminal Nº 2, Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Liliana Torrisi se circunscribe al robo de pertrechos para el delito. Los asesinos se apoderaron de, al menos, dos ametralladoras marca Uzi, dos cargadores de pistola 9 milímetros, una escopeta Itaca, tres chalecos antibalas, dos pistolas 9 milímetros, dos handy, el teléfono celular de una de las víctimas y la camioneta Chevrolet asignada a la dependencia.

El detalle está en la sentencia que en 2014 condenó a cadena perpetua a Marcos Casetti -un policía que también hacía guardias en la planta y era compañero de promoción de Torres Barboza- y a Mariano Ezequiel Filippi Medina.

Para las familias pasaron diez años en los que estas ausencias dejaron al tiempo en un pantano de dolor, con lazos rotos y reproches internos por la pérdida como lastre a la necesidad de seguir adelante.

Sobre esa carga, el reclamo de justicia y las dudas sobre la investigación, que también ubicó en la escena a Fernando Darío Maciel. De él nada se sabe. Está prófugo desde que fue incluido en la escena del crimen y los familiares temen que pudiera esquivar la cárcel por la prescripción de su responsabilidad penal, al pasar tantos años desde que se cometió el delito. “La policía no lo encontró porque no lo buscó y estamos en vísperas de que caduque el delito. De que esta persona quede libre de cualquier responsabilidad. Nosotros vamos a seguir adelante, reclamando justicia”, dice Oscar Díaz, hermano de Pedro Díaz, el sargento de 45 años asesinado en aquella madrugada.

Esa posibilidad fue desestimada por el juez Bernard. “Es muy difícil que prescriba un delito de estas características. Acá se trata de un homicidio calificado que no prescribe”, apunta el juez acerca del beneficio que se aplica de acuerdo con la pena del delito en cuestión. A la vez, aclaró que “antes de analizar si corresponde, la persona tiene que ponerse a derecho y luego solicitar este beneficio.

Según informó el Ministerio de Seguridad, sobre Maciel pesa una orden de captura nacional e internacional, a través de Interpol.

Cielo Barboza, la madre del oficial Ricardo Torres Barboza, coincide en el reclamo: “Pasaron 10 años y no pasó nada. Es raro, muy raro. Deben encontrar al prófugo y también se debe reabrir la causa para buscar a un cuarto atacante, cuyo ADN quedó en los pelos que mi hijo tenía en la mano, en manchas de sangre en la pared y en la pedalera de la camioneta en la que escaparon”.

En su persistente búsqueda de una acción completa de la Justicia, los familiares de los tres policías quieren llevar su pedido a las máximas autoridades de la Provincia. “Queremos una entrevista con la Gobernadora, María Eugenia Vidal; el Procurador, Julio Conte Grand o el Ministro de Seguridad”, dice Cielo Barboza.

Los policías fueron sorprendidos mientras estaban en el puesto de guardia del amplio predio donde un galpón y tres construcciones más chicas rompen el paisaje verde, dominado por pasto y árboles. Alrededor de las dos de la mañana Torres Barboza y Vatalaro recibieron dos tiros cada uno y un tercero en la cabeza. Luego, ya sin vida sus cuerpos recibieron decenas de puñaladas. En tanto, al sargento Díaz también le aplicaron varios tiros y puñadas. Su cuerpo fue hallado semi desnudo a metros de la casa en la que quedaron sus compañeros.

El juez Bernard recuerda hoy de aquel caso “un hecho espantoso, con tres personas en un descampado, muy expuestas. Nadie pensó en que se iba a cometer un delito de estas características y los sorprendieron descansando”. Mientras algunos familiares reclaman nuevas investigaciones dedicadas a profundizar sobre la participación de otras personas como autores materiales e intelectuales, Bernard espera que la Justicia llegue a Maciel: “hay que juzgar al prófugo. Esperemos que lo encuentren y sea enjuiciado”.

TRAS LA MASACRE, BLINDAJE

El mismo verde de quinta semi rural, los mismos edificios de chacra. Solo eso. Entre los múltiples impactos que provocó la masacre, uno fue sobre el sistema de seguridad en la Planta Transmisora de Arana. Aunque la respuesta llegó siete años después del fatídico episodio del 19 de octubre de 2017.

Los grandes ventanales de la oficina de guardia que apuntaban hacia el camino de ingreso y a los que Torres Barboza y Vatalaro daban la espalda cuando fueron sorprendidos por los asesinos, ya no están. Ahora la vista está recortada por ventanas de medio metro de lado, con vidrio fijo blindado y cortinas. La puerta también es blindada. En la oficina, de un perchero cuelgan chalecos anti bala que se usan en el sistema de rondines al que los policías realizan munidos de armas largas.

En esa casa, que se usa como centro operativo, las luces son azules porque no proyectan hacia el exterior la claridad y la imagen de lo que sucede adentro. En cambio, desde la casa y hacia el exterior hay un anillo de reflectores. A pocos metros otro y más allá unos más, apuntado al parque que domina el paisaje de las 24 hectáreas.

De noche se enciende todo, hay guardias que se mueven por el predio. Incluso un policía debe apostarse detrás de un enorme escudo metálico cada vez que ingresa un vehículo.

A todo eso se suma el sistema de cámaras que graban las 24 horas, del que, como el resto de la lista de novedades aplicadas hace tres años, carecían la Planta y aquellos policías. Según indica el comisario Amaro Valderrama, jefe a cargo de las instalaciones, a él le tocó aplicar los cambios, desde su designación en diciembre de 2014. ¿Puede pensarse en otro ataque? “Hoy en día, no”, dice el comisario. Claro, todo cambió: “en razón de lo sucedido se han dado medidas de seguridad al predio y al personal” que lo custodia.

Como hace una década, la Planta ya no es el corazón histórico de las transmisiones radiales de la frecuencia policial, que se manejan desde el Ministerio de Seguridad. No obstante, allí se desarrolló últimamente un sistema de emergencia que puede suplir fallas en la frecuencia principal o incluso de la telefonía.

Cristian Vatalaro, hermano de Alejandro, también exige avances con el prófugo Maciel: “Llevamos diez años sin determinación para resolver”

Además, el galpón lindero a las dos casas principales está repleto de equipos de comunicación, como si fuese un enorme depósito de una casa de electrónica. “Son nuevos y de última generación. Se están instalando en la Provincia como parte de un plan de modernización. Llegan acá y luego se envían a las regiones”, apuntó Valderrama.

TRES INVESTIGACIONES

La causa del triple crimen pasó por tres hipótesis: primero se trabajó en la pista pasional, detuvieron a dos personas y las liberaron al poco tiempo. La línea era rechazada por familiares de los policías asesinados. Más cerca de otras opiniones, incluso vinculadas a la Justicia, sospechaban de una banda con fines de robo. Con la recusación de la fiscal Leila Aguilar, fueron designados los fiscales Marcelo Romero y Maribel Furnus, quienes solicitaron asistencia al Servicio Penitenciario y crearon un enlace con la Gendarmería y la Prefectura.

La investigación empezó a transitar otras hipótesis, asociadas al robo de costosos equipos de comunicaciones y la influencia del tráfico de drogas, según indicaron en estos días fuentes judiciales. Se investigó entonces a una banda mixta de policías y civiles y se produjeron varias detenciones.

Todo en un contexto de tensión entre los fiscales y el gobierno, según recordó en estos días Romero: “la Procuradora de entonces, Carmen Falbo, intentó sancionarme en varias oportunidades. Quería evitar que salieran en el diario los avances en la investigación y eso perjudicara la imagen del Gobierno”.

Más tarde, la aparición de un video casero en el que el hoy condenado Casetti relataba los asesinatos a un compañero de detención y ubicaba en la escena a Fernando Darío Maciel y Mariano Ezequiel Filippi Medina, cambiaría todo.

Los fiscales consideraron que se trataba de un montaje poco creíble. Sin embargo, la versión prosperó y el segundo equipo de investigación fue recusado junto al juez César Melazo. Incluso, el fiscal debió afrontar un pedido de juicio político.

Finalmente, la causa tuvo otro vuelco importante cuando la investigación pasó a la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Jorge Paolini, Esteban Lombardo y Victoria Huergo. El nuevo equipo pidió la detención de Maciel y Filippi Medina, el primero hijo de un abogado y comisario inspector de la policía bonaerense, y el segundo de un ex oficial penitenciario.

En junio pasado, la Sala VI de Casación (Ricardo Maidana y Carlos Natiello), ratificó el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal II.

Marcos Casetti cumple condena en la Unidad 2 de Marcos Paz y Mariano Filippi Medina en la Unidad 30 de General Alvear.