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Las indemnizaciones y el blanqueo son parte de la negociación. Los puntos más conflictivos que plantean desde la CGT
El Gobierno y la CGT ya están sentados a una misma mesa para discutir la reforma laboral. Es una concesión que hace la administración de Cambiemos a la organización que nuclea a los sindicatos más importantes del país, ya que en otros terrenos avanza con iniciativas sin buscar un consenso previo. Un ejemplo reciente es la reforma impositiva que tomó por sorpresa a varias provincias.
Pero en el campo laboral, la gestión del presidente Mauricio Macri decidió participar a los gremios con el objetivo de que el proyecto –que apunta a reformar la Ley de Contrato del Trabajo- llegue al Congreso ya “masticado” y digerido al menos en parte por el triunvirato cegetista. No sea cosa que le pase lo que a Raúl Alfonsín en la década del 80 o a Fernando de la Rúa en el aciago año 2000.
Por eso la apuesta política de Macri –y de su ejecutor el ministro de Trabajo, Jorge Triaca- es de proporciones. Aunque cuenta con el efecto post-electoral, es decir con un Gobierno fortalecido por la victoria en los comicios legislativos. Tal es así que, según pudo saber EL DIA, la reforma laboral podría ser votada en diciembre, pero tras el recambio previsto para el 10 de ese mes.
En ese momento, en sesiones extraordinarias, el Congreso tendrá una integración más amigable para el Gobierno, pese a lo cual la administración de Cambiemos deberá negociar el apoyo de un sector de la oposición. En ese contexto, el aval de la CGT a algunos puntos del proyecto será determinante para superar el filtro del Senado, ya que el PJ se alinea allí con la central obrera.
Hasta ahora, los artículos del proyecto oficial que fueron subrayados en rojo por los abogados laboralistas de la CGT, como los más conflictivos, son dos: uno que modifica el cálculo de las indemnizaciones por despido; y otro que define la relación entre el trabajador y el dueño del capital como de cooperación. Según el triunviro Juan Carlos Schmid, “ninguno va a prosperar”.
Pero el Gobierno nacional salió ayer a bajarle el tono a esas desavenencias. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, pidió a los actores de la negociación que no se hagan eco de la “campaña del miedo” que se busca instalar en torno a la reforma laboral. Y dijo –tras una reunión con el presidente Macri en el Centro Cultural Kirchner- que el objetivo pasa por “despejar el exceso de regulación”.
Como fuera, el borrador de la iniciativa no sólo está en manos de la mesa directiva de la CGT –que se reunirá a analizarlo la semana próxima- sino también de varias cámaras empresarias, que fueron anoticiadas por el ministro Triaca. El Gobierno argumenta que, además de la necesidad de ganar en competitividad, la economía argentina no puede ir en zaga de la reforma brasileña.
Otros aspectos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Cambiemos que difícilmente sean aceptados por la CGT son la tercerización de servicios de una misma empresa –por ejemplo la seguridad o la limpieza- y los cambios de forma y modalidad de trabajo respecto del contrato original. Pero en otros puntos, Triaca y los grandes sindicatos ya se pusieron en la misma sintonía.
LICENCIA POR PATERNIDAD
Por caso, en el blanqueo laboral a partir de la rebaja de aportes patronales, una medida que según las estimaciones oficiales, podría incorporar a 300.000 trabajadores a la economía formal. Otro ítem que tiene consenso es la creación de una Agencia Tecnológica de Salud, para asistir a las obras sociales; y que se estire la licencia por paternidad de los dos días actuales a dos semanas.
El presidente Macri ya advirtió, delante del triunvirato cegetista, que todos los sectores deberán “ceder algo” para que las reformas sean efectivas. Por eso en la central obrera analizan si esas concesiones podrían ser el aval al regreso de las pasantías y a un programa de empleo juvenil que, el año pasado, naufragó en el Congreso porque se opusieron todas las bancadas de la oposición.
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