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La empresa, vinculada a Hugo Moyano y en la que trabajan unos 7 mil empleados, le debe a la AFIP 3.400 millones de pesos. Y esta semana se le vence la inscripción en el registro de operadores postales
Esta semana comenzará a definirse si la empresa OCA podrá continuar operando en el mercado postal. Con una deuda con la AFIP que asciende a los 3.400 millones de pesos, el 7 de diciembre vence su inscripción en el registro de operadores postales y el presidente Mauricio Macri ya resolvió que se hagan las consultas necesarias para determinar si presenta los requisitos necesarios para continuar brindando el servicio.
Para ello, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) debe consultar con la propia empresa, la AFIP y la Justicia antes de tomar una decisión.
Según se supo, en el Gobierno se tomó la decisión de "ir a fondo" y determinar si la firma, vinculada a Hugo Moyano, está en condiciones de continuar de seguir en actividad. Se le dará un plazo para que informe de su situación y "si no hay cambios, antes de fin de mes le cancelamos la licencia", indicaron fuentes oficiales.
La resolución de la mayor empresa postal del país llega en un momento en que la relación entre el Gobierno nacional y Moyano atraviesa su peor etapa. No pocos vieron la movilización de Pablo Moyano días atrás al Congreso para expresar su rechazo a la reforma laboral que impulsa el oficialismo como un elemento de presión por la situación de OCA.
La deuda con la AFIP ronda los 3.400 millones de pesos, suficiente para que el organismo no expida el libre deuda necesario para continuar con la actividad.
Desde la empresa intentan que la Justicia habilite la convocatoria de acreedores antes del fin de semana, que en caso de ser así podría destrabar su situación ante la AFIP.
Sin embargo, desde el organismo señalan que en caso de que ello ocurra, habrá que ver qué parte de la deuda es la que entra en concurso, porque si es la totalidad no habría mayores inconvenientes, pero si es lo que adeudaba hasta el mes de mayo, en ese caso no se le entregaría el certificado porque no estaría incluida la deuda posterior al concurso.
Lo cierto es que en el Gobierno resolvieron avanzar con este caso y si la empresa, en la que trabajan 7 mil empleados, no tiene resuelta su deuda con la AFIP deje de prestar servicios.
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