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Quieren saber qué abogados manejan la mayor cantidad de casos y si hubo contactos con los policías detenidos
Hernán Colli, presidente del Colegio de Abogados de La Plata, se reunió ayer con el fiscal que investiga la causa de los caranchos y no ocultó su preocupación por el tema - ARCHIVO
El fiscal penal de nuestra ciudad Marcelo Martini avanza en la investigación en la que fueron detenidos tres oficiales de la Policía bonaerense, dos de ellos en actividad en seccionales platenses, que trabajarían de acuerdo con abogados en causas accidentes de tránsito.
Voceros judiciales informaron ayer que el fiscal solicitará en las próximas horas a las compañías aseguradoras los convenios celebrados en los últimos meses por casos de lesiones en nuestra ciudad, y con el listado de los abogados intervinientes.
Al mismo tiempo ya se solicitó a las empresas de telefonía celular y de radio llamadas para detectar con qué abogados se comunicaban los imputados, explicaron las fuentes.
En tanto, ayer el fiscal Martini recibió la visita (el viernes había pedido una audiencia) del presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Hernán Colli, quien manifestó su preocupación por la causa que involucraría a letrados platenses,
Los voceros consultados describieron que el doctor Colli está interesado en determinar si algún colegiado en La Plata incurrió en alguna actividad ilícita o cometió faltas de ética en la profesión.
También señalaron que el fiscal puso al tanto al presidente del Colegio de las actuaciones y sobre los hechos investigados.
“Quedaron en prestarse colaboración mutua para el esclarecimiento de los casos investigados”, detallaron fuentes de Tribunales.
La fiscalía sospecha que tres policías trabajarían con abogados, a quienes le derivarían los casos de sus jurisdicciones, supuestamente a cambio de una retribución económica.
Los tres sospechosos quedaron detenidos el miércoles pasado, bajo sospecha de haber cometido el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, que establece penas de 2 a 6 años de prisión, y de 3 a 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Se trata del actual titular de la comisaría de Abasto, Leandro Martín Sarina; de un oficial de la seccional de Villa Elisa, Rodrigo Ezequiel Rocha, y del ex jefe de esa dependencia, Raúl Frare, que es uno de los imputados en la causa de los sobres, en la que fue excarcelado el 24 de enero pasado.
Para el fiscal y la jueza de Garantías Marcela Garmendia en la causa surgió “semiplena prueba e indicios vehementes “ como para sospechar que “el 7 y el 16 de marzo último un funcionario policial, que a su vez trabaja con un abogado que se dedica a la materia accidentes de tránsito, mantuvo comunicación telefónica con otros dos oficiales, uno de ellos subcomisario que se desempeñaba en la comisaría 7ª de Abasto, y el otro como oficial de servicio de la 12ª de Villa Elisa, acordando entre ellos que en caso de que estos dos últimos tomaran intervención en actuaciones penales por accidentes de tránsito lo pondrían en conocimiento al primero de los nombrados”.
También se explicó en la orden de detención que estos policías le darían intervención, cuando apareciera un caso de accidente de tránsito, al abogado señalado, “interesándose de manera directa, en miras de un beneficio -al menos económico-propio como de un tercero, en operaciones relacionadas a trámites de causas penales en las que intervienen en razón de su cargo, demostrando un interés indebido y espurio, ajeno al imparcial y fiel desempeño de la función pública, desprestigiando de esta forma la institución a la cual pertenecen”.
Cabe señalar que esta causa es un desprendimiento de las actuaciones por los sobres en la Departamental La Plata.
En esa investigación se detectó una conversación telefónica entre el imputado Frare y Sarina, en la que le contaba el primero que estaba trabajando con un abogado y le pedía al segundo que le enviara causas por accidentes.
Al elevar a juicio la causa sobres, el fiscal Martini le envió a su par Fernando Cartasegna estas escuchas, pero por el ya conocido intento de asesinato que conmovió al país entero, el caso quedó en manos del primero por disposición del fiscal general de nuestra ciudad, Héctor Vogliolo.
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