A cinco días del ataque a Cartasegna, no hubo cambios en la custodia de fiscalías

“En cuanto a la seguridad, no cambió absolutamente nada”. Esa frase es una de las más escuchadas en los corrillos del edificio de los tribunales penales de La Plata, donde hace cinco días intentaron estrangular al fiscal Fernando Cartasegna. La situación, por la gravedad de lo sucedido, es al menos llamativa, ya que, según admitieron ayer fuentes del Ministerio de Justicia provincial ante una consulta de EL DIA, ni siquiera hubo corrimientos entre los penitenciarios a cargo de custodiar esa importante sede judicial.

“Sólo quedaron a disposición de la causa, por si vuelven a pedir su declaración. Pero continúan trabajando con normalidad y sin salir de sus puestos”, agregaron los mismos voceros.

Como se sabe, los responsables de la vigilancia en toda la manzana comprendida por las calles 7 a 8 y 56 a 57, que aglutina a Casación; a todas las fiscalías de instrucción; los juzgados de garantías; algunas defensorías y hasta los órganos encargados de los juicios orales, entre otras dependencias, son agentes retirados del SPB. Y nadie fue desplazado de sus funciones, ni siquiera de manera preventiva, pese a que, como se dijo, el miércoles por la tarde un intruso ingresó a una oficina del lugar, tomó de sorpresa a un funcionario por la espalda, le hizo vivir una pesadilla llena de amenazas y tormentos (ver aparte), se habría robado un arma de fuego de un cajón y después se esfumó sin que nadie lo descubriera ni detuviera (ver aparte).

A partir del caso Cartasegna, desde ámbitos cercanos a la Suprema Corte bonaerense, se había deslizado que iban a ser revisados todos los protocolos de seguridad del edificio.

Sin embargo, al menos hasta el momento, “nada cambió”, repiten las distintas voces que a diario recorren ese ámbito laboral.

DURA CRITICA

Uno de los que salió a manifestar su preocupación por este tema fue Víctor Violini, juez de Casación y presidente de la Asociación de Magistrados de La Plata.

“Estamos librados a la buena de Dios, no se puede trabajar así. La Gobernadora -por María Eugenia Vidal- dice que quiere combatir las mafias, que está bárbaro, pero tiene que proteger a la gente que está trabajando y está en la trinchera. Es fácil decir vamos a combatir las mafias con el cuero del otro”, mencionó.

También pidió al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y al Procurador Julio Conte Grand a que “tomen las riendas en el tema y cuide a su gente, a la gente que le está investigando”.

“El fiscal está expuesto a que le lleguen amenazas, a que alguien lo insulte en la calle, lo que no puede ocurrir es que dejemos la vida de un fiscal en las manos de la gente. No lo mataron, porque no quisieron”, aseguró.

Por último, indicó que “lo que me preocupa es la gravedad de la situación que viven todos los fiscales: están muy desprotegidos en ese edificio”.

LA MISMA DESCRIPCION

Es la que hizo el fiscal de instrucción Marcelo Romero, quien describió la agresión a su colega como “absurda e inexplicable, que no pasó nunca en la historia del poder judicial desde la recuperación democrática“.

La sede de las fiscalías donde fue atacado Cartasegna “se encuentra custodiada por personal penitenciario jubilado y no tiene más rejas, porque está protegido por su condición de histórico”.

En ese sentido, con cierto tono de resignación, el magistrado entendió que “el poder judicial hace lo que puede con las herramientas que tiene”.

De todas formas, no dejó de mencionar que “atentar contra un magistrado judicial, sin distinción de fuero o especialidad, es atentar contra las bases de una comunidad jurídicamente organizada. Es atentar contra los cimientos de una Nación, ya que la magistratura judicial no pertenece a la persona que la ostenta, sino al Pueblo todo”.