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Por unanimidad es ley el proyecto de protección a las víctimas

Por unanimidad es ley el proyecto de protección a las víctimas
21 de Junio de 2017 | 15:51

La Cámara de Diputados convirtió  en ley por unanimidad, con 219 votos, el régimen de Protección a las Víctimas de Delitos con derechos y garantías para su asistencia y participación en el proceso penal, con lo que da una "tutela  efectiva" a su condición.   
 
El jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, marcó al cabo de la  sesión especial en la que se aceptaron los cambios que en  revisión hizo el Senado al proyecto, que "con esta sanción venimos a  reforzar el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa" y el  derecho de la víctima a participar en el proceso judicial, además de priorizar "el principio de no revictimización".    
 
En tanto, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR- Cambiemos) destacó al inicio del debate, que  duró poco más que dos horas, que los derechos que se le otorgan a  la víctima "no son taxativos sino meramente enunciativos", ya que "se considera todos los demás derechos consagrados en la  Constitución Nacional como sumatoria de los mismos".    
 
La iniciativa original fue impulsada el año pasado por el  Frente Renovador-UNA como respuesta a episodios de violencia como los  sufridos por Carolina Píparo quien, embarazada, fue baleada en una  salidera bancaria en la ciudad de La Plata, y María Luján Rey,  madre de Lucas Menghini, uno de los pasajeros fallecidos en la  tragedia ferroviaria de Once.    
 
Por el FR-UNA, Graciela Camaño destacó que la ley "está  cambiando un paradigma" en cuanto al tratamiento de la víctima de  delito, en tanto que Mónica Litza sostuvo que en el bloque estaban "contentos porque estamos convirtiendo en ley este programa de asistencia integral a la víctima como sujeto de derechos".    
 
Sergio Massa, antes que empezara a tratarse el asunto en el  recinto, en una improvisada conferencia de prensa que ofreció en el salón de "Pasos Perdidos" abogó para que a partir de la sanción de  la norma "el Estado se haga presente para proteger y ayudar a la  víctima, para que no sea dos veces víctimas, del delincuente y de  un Estado ausente".    
 
La sesión fue seguida desde los palcos por representantes de  organizaciones de víctimas y de familiares de víctimas, entre ellas  "Madres del Dolor".    
 
Margarita Stolbizer (GEN-1País), quien hace poco tiempo sufrió un violento asalto en su vivienda en la localidad de Morón, advirtió que "de ninguna manera nuestra tarea estará cumplida hasta que no podamos asegurar que no habrá más víctimas o se multipliquen  las que están".    
 
Por el FPV-PJ, sólo intervino en el debate Diana Conti, quien  fue contra el discurso de Massa acerca de que los delincuentes en el actual sistema goza de más protección que las víctimas, y  recordó que ella, como otros, desde hace décadas vienen acompañando a las víctimas de delitos de lesa humanidad y comunes desde el  Congreso de la Nación.    
 
Una de las novedades del programa para proteger a las víctimas  es que se las habilita para ser querellante y se les otorga el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos, pedir la  revisión de las actuaciones y a recibir asesoramiento legal durante  todo el proceso.    
 
Por otra parte, la autoridad interviniente queda obligada a  notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones tomadas durante la causa, obliga a que se les reciba la denuncia en forma "inmediata" y se incorpora la presunción de peligro para la víctima para  su seguridad o de sus familiares.    
 
A su vez, la ley dispone la creación de centros de Asistencia  y Protección abiertos las 24 horas y da protección especial a personas discapacitadas, menores de edad, mayores de 70 años y también  a las que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el agresor.    
 
Dentro de las modificaciones que hizo el Senado se incorporó a  la norma la figura de un defensor público de la víctima, que  tendrá que ser designado por cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el establecimiento de una red de letrados de la Defensoría General de la Nación que actuarán como defensores  coadyuvantes.  
 

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