La política no puede quedar presa del autoritarismo irracional de los escraches

Una vez más el inicio de una campaña electoral en nuestro país se ve acompañada por agravios y actitudes intolerantes que no encajan con la vigencia del sistema democrático, arrogándose algunos grupos autoritarios una supuesta autoridad para zanjar diferencias a través de métodos violentos o de gestos de intolerancia. Los llamados escraches constituyen, por cierto, una palmaria negación de lo que significa convivir en una sociedad civilizada.

Hace unos años, al rechazarse en esta columna una injustificable agresión que se había cometido contra el anterior Gobernador provincial , como derivación de un escrache realizado por un pequeño grupo de productores rurales en Lobería, se aludió a la creciente permisividad con que el país vino consintiendo en los últimos tiempos la proliferación de actitudes supuestamente sociales, esgrimidas por algunos que -bajo el pretexto de formular reclamos o expresar disconformidad con acciones u omisiones de los poderes públicos o, inclusive, con simples ciudadanos que no piensan como ellos- no trepidaban en incurrir en actos de violencia verbal o física.

Esa misma e invariable actitud de reprobación se mantuvo aquí para cuestionar los llamados escraches que se registraron contra políticos, periodistas o ruralistas, por las posiciones críticas u opuestas a las que sustentaba la administración anterior. Se dijo siempre, en ese sentido, que esas muestras de intolerancia significaban –y siguen significando- inexcusables muestras de intolerancia.

Ahora fueron las máximas autoridades de la Nación y de la Provincia –concretamente el Presidente y la Gobernadora, así como el ministro de Educación nacional- las que sufrieron distintos tipos de escraches durante su presencia en recientes actos públicos. A su vez, en esas mismas jornadas, el abogado defensor de la ex Presidenta fue primero agraviado y luego duramente golpeado por un taxista que lo transportaba, en un incidente que se relacionó en forma exclusiva a cuestiones de naturaleza política.

“Le ha costado mucho al país la plena vigencia de derechos y garantías, como para permitir que grupos minoritarios se adjudiquen la prerrogativa de no aceptar el disenso y lo que es peor, de incurrir en acciones que bordean lo delictivo. No deben tolerarse expresiones minoritarias alejadas de los valores democráticos”

Como se recordará, en años anteriores fueron escrachados ex funcionarios en vuelos que realizaban a Miami o, en otro caso, en el buquebus en el que otro ex funcionario se trasladaba a Uruguay. A eso pueden sumarse abucheos en las canchas de fútbol y escraches cargados por una manifiesta hostilidad en los domicilios de políticos y funcionarios, en situaciones que desde aquí merecieron una fuerte reprobación.

Afortunadamente, en todos esos casos, se sumaron de inmediato varias expresiones de repudio, tanto por parte del oficialismo como de la oposición, aún cuando en estas últimas ocasiones, acaso, faltó el mismo énfasis en los repudios que se formularon contra esos ataques. Sería, por cierto, extremadamente penoso que la sociedad se acostumbrara a este tipo de desbordes.

Le ha costado mucho al país recobrar la plena vigencia de derechos y garantías, como para permitir que grupos minoritarios se adjudiquen la prerrogativa de no aceptar el disenso. Y, lo que es peor, de incurrir en acciones que bordean lo delictivo. Si bien en la historia reciente y, también, en el presente no faltan voces que, afortunadamente, bregan para que se alcancen consensos políticos de fondo, no deben tolerarse estas expresiones minoritarias y alejadas de los valores democráticos.

De allí que, entonces, tanto el Gobierno como la sociedad en su conjunto deban velar para que no reaparezcan metodologías autoritarias, que constituyen un claro desmedro de los derechos de los demás y que afectan a otras categorías constitucionales. Pero son los poderes públicos los que primero deben hacer lo necesario para eliminar de la vida pública todas aquellas muestras de división e intemperancia que, inevitablemente, repercuten en forma negativa en la sociedad.

Permitir que continúen estas actitudes sería promover la anomia como modelo de vida social, cuando lo que corresponde es que se les reclame a todos los habitantes sujetarse a los términos institucionales de la vida democrática. Ningún sector del país ni ninguna persona puede arrogarse el derecho de atacar a otros, ni superar las precisas fronteras marcadas por la Constitución y las leyes.