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Las fiscales Ana Medina y Betina Lacki pidieron su desafuero para poder indagarlo
No son días tranquilos los que vive el fiscal Fernando Cartasegna, quien acaba de sumar una nueva imputación en su contra: es por el delito de falso testimonio y tiene relación con la aparición de varios panfletos intimidatorios, que lo vinculaban al fallecido fiscal federal Alberto Nisman.
Como adelantó este diario en una edición anterior, peritos de Gendarmería ya habían confirmado que ese material salió de una impresora instalada en la UFI 4. Pero ahora, a la luz de las distintas probanzas que se fueron incorporando a la causa, las fiscales Ana Medina y Betina Lacki, que investigan el ataque que Cartasegna dijo haber sufrido entre el 29 de abril y el 3 de mayo último, que incluyó una presunta tentativa de homicidio, decidieron impulsar un nuevo procesamiento.
Claro que para llegar al acto de la indagatoria, según aclararon los voceros consultados por EL DIA, “primero deberá expedirse el Jurado de Enjuiciamiento”.
Precisamente, las fuentes indicaron que “ya se le envió una nota a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios para que evalúe su suspensión o destitución”.
Recién después, si se confirma alguna de esas medidas, Cartasegna “podrá ser sometido a proceso”, agregaron.
Se trata del segundo pedido de procesamiento que acumula el ex titular de la UFI 4, hoy en uso de licencia e internado en una clínica psiquiátrica, porque el fiscal Alvaro Garganta, días atrás, le notificó la formación de otro expediente por las supuestas irregularidades que se descubrieron en la dependencia que encabezaba hasta que estalló el escándalo.
En el requerimiento de las fiscales Ana Medina y Betina Lacki, se mencionó que “el análisis de los elementos probatorios resulta suficientemente por semiplenamente probado que el Dr. Fernando Cartasegna falto a la verdad cuando declaró en fecha 2 de mayo de 2017, en sede judicial, desconocer el origen de los panlfetos intimidatorios que aparecieron pegados en el edicio adonde funciona, entre otras, la fiscalía de instrucción que estuviera en ese momento a su cargo, apareciendo como víctima de un accionar intimidante dirigido a su persona”.
“Ello así por haber sido probado que los denominados panfletos han sido impresos en el dispositivo instalado en el despacho del fiscal Fernando Cartasegna, conectado a su PC y que era de su uso exclusivo”, añadieron.
Además sostuvieron que “de igual modo surge como indicio de oportunidad, la circunstancia de haber sido Cartasegna quien el día 1º de mayo de 2017 accedió a su despacho, sólo a las 07.30”.
“En el mismo sentido tenemos en cuenta que ese día, feriado, no accedieron hasta los lugares adonde aparecieron pegados los panfletos personas ajenas al edificio. Es decir, no ingresó nadie extraño o que no pudiera justificar su presencia en el lugar”, advirtieron.
Medina y Lacki evaluaron que, como los panfletos fueron encontrados en el baño exclusivo de hombres, en el subsuelo del edificio, sólo allí pudo haber entrado alguien que tuviera las llaves. Y como a ese sitio se podía llegar desde una escalera lindante a la mesa de entradas de la UFI 4, por aquellas ubicadas a las lados del salón oval o, incluso por el interior de la UFI 9, también a cargo de Cartasegna, la situación del fiscal quedó comprometida.
Otro dato que sumaron para la imputación fue una aparente orden hacia el personal de la UFI 4 para que hicieran desaparecer su computadora personal, por lo que, concatenados, esos elementos “forman un estado de sospecha suficiente” para avanzar con el proceso y la notificación de los artículos 1 y 60 del C.P.P., en orden al delito de falso testimonio, que está previsto en el artículo 275 del Código Penal y que prevé una pena de hasta cuatro años de prisión.
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