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Fuerzas de seguridad desalojaron esta mañana a trabajadores de la planta de la empresa Pepsico Snacks en Florida Oeste, partido de Vicente López, las que mantenían ocupado el edificio desde el pasado 26 de junio, cuando la mutinacional formuló una denuncia penal por "invasión a la propiedad privada", debido al reclamo de los empleados por el traslado de la firma a Mar del Plata, que dejó sin empleo a unas 600 personas que no pueden trasladarse a la ciudad balnearia para proseguir con su empleo.
El operativo se prolongó por más de dos horas, y arrojó un número no determinado aún oficialmente de heridos y detenidos, además de un eventual riesgo ambiental debido al parecer, por la rotura de un caño de gas en el lugar.
Más de 500 agentes de personal de Gendarmería Nacional y de la policía bonaerense integraron el operativo que comenzó a actuar a las 8.20 de la mañana cuando avanzaron con escudos, gases lacrimógenos y balas de goma, sobre los manifestantes que rodeaban la puerta de la fábrica.
Como respuesta, los despedidos que tenían tomada la planta y observaban desde el techo, comenzaron a arrojar ladrillos y objetos contra los uniformados. En tanto, en los alrededores del lugar, manifestantes de nucleamientos políticos y gremiales intentaban evitar el desalojo.
Tras incidentes en las inmediaciones de la fábrica, el personal de seguridad logró finalmente trasponer un portón de acceso vehicular y tomó el control del predio.
Sin embargo, negociadores de las fuerzas de seguridad debieron entablar diálogo con alrededor de unos 25 trabajadores de la compañía que se habían situado en la terraza del edificio, y que reclamaban la llegada de abogados y legisladores para proceder al desalojo pacífico del lugar.
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El fiscal dijo que existía un "riesgo ambiental"
"Les pedimos la presencia de una comisión de abogados y diputados para que nos protejan frente a la gran represión que vimos desde el techo que cometieron contra nuestros compañeros", detalló el delegado Camilo Mones.
En tanto, se acercaron al lugar los legisladores y dirigentes de Izquierda Nicolás del Caño, Claudio Dellecarbonara, Luis Zamora, Cristian Castillo y Vilma Ripoll, quienes coincidieron en fustigar la "represión violenta de la policía".
Incluso Del Caño increpó al comisario frente a las cámaras cuando, minutos más tarde, los medios de prensa comenzaron a denunciar que en plena cobertura, el personal policial había agredido a trabajadores de prensa.
Previo al desalojo, el fiscal que entiende en la causa Gastón Larramendi, había explicado que la decisión había sido tomada en virtud del "riesgo ambiental" ocasionado por la presencia de "contenedores de combustible, de aceite y otros productos que se utilizan para la elaboración de alimentos".
Alrededor de las 9.30 la advertencia del fiscal cobró fuerza cuando los operarios comenzaron a gritar desde dentro del edificio que se había "roto un caño de gas", lo cual aumentó la tensión en el lugar mientras continuaba el despliegue policial en la puerta de la sede de la planta.
Ripoll afirmó que "hay cinco mujeres en el techo, pero les da lo mismo a esa policía sensible de Vidal", ironizó. Tras lo cual contó que "la decisión es bajar con la garantía de que no los detengan".
La legisladora calificó el hecho como "al servicio de las necesidades y los objetivos comerciales de las empresas multinacionales que son millonarias y que muestran, en el caso de Pepsico, que trasladará su producción para precarizar el trabajo".
En tanto, el colegio cercano a la planta de Pepsico también fue desalojado preventivamente por el personal educativo.
Cuando finalmente salieron de la planta los trabajadores que estaban en el techo denunciaron: "Nos cagaron a palos ahí arriba, rompieron todo, nos tiraron gases lejos de las cámaras cuando estábamos negociando para bajar pacíficamente".
Los trabajadores sostuvieron que "cinco operarios fueron detenidos", sin embargo fuentes policiales confirmaron que "como consecuencia del desalojo hay tres detenidos del interior de la empresa".
Uno de los detenidos fue identificado por la policía "como quien arrojó la piedra que fracturó" a la sargento Natalia Tapia Almeyda, quien "posee fractura expuesta de tibia y peroné" de su pierna derecha y se encuentra en el Hospital Municipal de Vicente López.
Asimismo, la policía informó que se evalúan lesiones en principio de "carácter leve" en 10 efectivos de Infantería y en cinco de policía de seguridad.
Los operarios despedidos dijeron que "Infantería entró rompiendo todo y amenazando. Unos compañeros en la desesperación fueron hacia otro techo que se podía caer y no les importó", y sostuvieron que "el caño de gas lo pisó la policía y empezó a salir gas".
"Nosotros somos trabajadores despedidos, no tiramos piedras. Negociamos con ellos pero peleamos hasta el final y la lucha sigue hasta que tengamos de vuelta nuestra fuente de trabajo", afirmaron a los medios en el lugar.
"Me tiraron gases en la cara, me golpearon, me agarraron de los pelos, les dije que era una trabajadora y no les importó", denunció una operaria.
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