El Gobierno busca repetir el “Efecto Aníbal F.”

Twitter: @mnspezzapria

La suerte de Julio de Vido, el ex superministro kirchnerista, se decidirá durante la semana en la Cámara de Diputados, donde Cambiemos forzará una votación para intentar excluirlo del cuerpo aún a riesgo de perderla. La alianza oficialista alimentará de ese modo el simbolismo que utiliza como combustible para su campaña electoral, que iza la bandera de la lucha anti-corrupción.

Sin embargo, la avanzada de Cambiemos sobre De Vido -y por transferencia contra su jefa política Cristina Kirchner- no puede reducirse solamente a un criterio electoralista. También apunta a enviar un mensaje a la Justicia, cuya morosidad en las causas iniciadas contra ex funcionarios engorda la percepción colectiva de que hay políticos que buscan un refugio en el Congreso.

El caso de De Vido es emblemático porque durante 12 años estuvo al frente de la obra pública, el área del gobierno kirchnerista que focalizó las sospechas. El insólito episodio de José López -un ex subordinado de De Vido- revoleando bolsos llenos de dólares a un convento muy peculiar le puso imágenes a esas denuncias y terminó de convencer a buena parte de la sociedad.

Algo similar había ocurrido con las imágenes de La Rosadita, una financiera donde se contaban los dólares de Lázaro Báez, un contratista de Santa Cruz ampliamente beneficiado por licitaciones del Ministerio de Planificación Federal que encabezaba De Vido. Pero hasta ahora, el ex ministro había conseguido mantenerse a salvo gracias a una red de protección que hilvanó en forma metódica.

En los listados de las compañías que accedieron a pagos millonarios del Estado durante la era K también figuran empresarios muy allegados al actual gobierno. Tanto, que uno de ellos -Angelo Calcaterra- es primo de Mauricio Macri, mientras que otro -Nicolás Caputo- es un hermano que la vida le dio al Presidente, a tal punto que fue quien hizo el pago del rescate cuando lo secuestraron.

NEGOCIOS EXPUESTOS

En ese fino equilibrio político sobrevivió De Vido hasta que estalló el caso Odebrecht, por el cual hubo denuncias cruzadas entre macristas y kirchneristas, lo que terminó de resquebrajar la estrategia defensiva del ex ministro de Planificación. Entonces los negocios de la obra pública dejaron de estar bajo un paraguas político y quedaron en medio de la tormenta.

En el último año, el Gobierno preparó en sigilo el terreno para la batalla política que se venía. Calcaterra vendió su firma IECSA y Caputo bajó el perfil y se mudó a Miami. Así cerró los flancos que el kirchnerismo le había dejado abiertos, aunque no previó que fuera salpicado Gustavo Arribas, el jefe de la Agencia de Inteligencia, amigo personal de Macri.

La entrada en escena de Elisa Carrió completó el cuadro: la diputada de la Coalición Cívica recibió por fin el visto bueno del Presidente para avanzar sobre De Vido. Por eso fue la voz de Cambiemos en la comisión de Asuntos Constitucionales desde la cual el oficialismo reclamó la expulsión del ex ministro K. Carrió viene denunciando a De Vido como “el cajero de los Kirchner” desde 2004.

“Los bonaerenses saben que la plata de las obras que faltan están en los bolsos de López y en los bolsillos de De Vido”, afirmó ayer en Necochea –durante una recorrida de campaña- la candidata a diputada nacional Graciela Ocaña, quien fuera una de las mejores alumnas de Carrió. Y que hace muy poco ingresó a Cambiemos cuando empezaba a tomar forma la estrategia anti-corrupción.

La propia Carrió volvió a acompañar ayer en Mar del Plata a la gobernadora María Eugenia Vidal -como ya lo había hecho el viernes en La Plata-, convirtiéndose en una figura central de la campaña de Cambiemos pese a que la propia Vidal no la quiso como candidata en la Provincia. Por lo menos hasta el momento, Esteban Bullrich y Gladys González quedaron relegados a un papel secundario.

SESION EN PUERTA

En este contexto, De Vido sabe que no lo aguardan días fáciles. El martes vencerá el plazo para que haga su descargo, antes de que la comisión emita dictamen, y para el miércoles sería convocada la sesión en la que se tratará su expulsión. El ex ministro anticipó que no piensa renunciar –en un mensaje para propios y extraños- y que resistirá hasta el último momento.

Los alineamientos previos a esa votación crucial para su futuro político indican que De Vido podría zafar, porque Cambiemos y sus eventuales aliados en esta ocasión –el massismo y el justicialismo no K- no podrían conseguir los dos tercios de los presentes para excluirlo. Los diputados puntanos, santiagueños, misioneros y un sector del Movimiento Evita inclinarían la balanza a su favor.

El grueso del apoyo para el ex ministro en aprietos lo dará el Frente para la Victoria, con más de 70 votos de los 86 que necesita reunir De Vido para no ser expulsado. Los números están tan justos que Cambiemos pedirá una votación previa para que se impidan las abstenciones -como planea la izquierda- invocando casos como el del represor Luis Patti, en el que se procedió de esa manera.

Pero aún si consigue imponer ese criterio, el oficialismo no tendrá garantizados los votos para someter a De Vido. Sin embargo, en el PRO se imponía este fin de semana la idea de avanzar a paso redoblado. “Si los votos no aparecen este miércoles, tampoco lo harán dentro de una semana”, razonaron en el partido amarillo. Además, los apoyos tienen fecha de vencimiento.

En el caso del Frente Renovador, su líder Sergio Massa anticipó que avala la expulsión de De Vido siempre y cuando Cambiemos no la transforme en un “show de fuegos artificiales” dentro de la campaña electoral. Casi una forma de advertir que el frente 1País no sería de la partida si la votación se posterga para hacerla coincidir con una fecha cercana a las PASO del 13 de agosto.

JUECES FEDERALES

Más allá de las necesidades de coyuntura, que le son ajenas, el futuro de De Vido no está signado por la certidumbre. De hecho, acaba de pedir un juicio por jurados para afrontar las imputaciones que pesan en su contra por la tragedia de Once, aún sabiendo que la Justicia federal no dispone de esa modalidad. A su manera, el ex ministro demostró que no confía en los magistrados del fuero.

Se trata de un pensamiento extendido en el kirchnerismo, que ahora apunta que esos jueces son controlados por el Gobierno omitiendo que durante años las denuncias en contra de sus funcionarios cayeron en saco roto. El blanco de todos los cuestionamientos no es otro que Claudio Bonadío, el magistrado que mandó a la cárcel de Marcos Paz al contador de la familia Kirchner.

Pese a estos notorios inconvenientes, la ex presidenta sigue adelante con su campaña de tono moderado. La estrategia de la Unidad Ciudadana está planteada de este modo: Cristina Kirchner ya tiene asegurado un piso de votos que la ubican como una de las protagonistas de la elección legislativa; ahora debe sumar apoyo en sectores que no le son fieles de manera incondicional.

Por eso estuvo en un tambo del interior bonaerense -territorio en el que a priori tiene más llegada Cambiemos- y se espera que emita mensajes para seducir a la clase media, apuntando a los desencantados del oficialismo, que también intentan captar 1País y el randazzismo. Todos los espacios opositores coinciden en marcar que la economía macrista no favorece a las mayorías.

El Gobierno no piensa lo mismo, pero sus funcionarios admiten que la economía es el flanco débil de Cambiemos de cara a la elección legislativa. Para contrarrestar esa situación, en la alianza oficialista apuntalan la lucha contra la corrupción. También contra el narcotráfico, como lo dejó en claro el discurso presidencial en Mendoza. Ambos, temas clave de la exitosa campaña de 2015.

No lo dicen con todas las letras, pero lo que buscan es desempolvar el “efecto Aníbal F” que tanto les rindió cuando Cambiemos logró lo que parecía imposible: ganar la provincia de Buenos Aires.