Oportuno reclamo del Colegio de Abogados para que se normalice el servicio de Justicia

El reclamo formulado por autoridades del Colegio de Abogados de la Provincia, destinado a que se encuentre una solución al conflicto salarial que viene presentándose en el Poder Judicial bonaerense y, asimismo, a que se habilite la intervención de representantes de esa entidad en la mesa de negociaciones con el propósito de superar una situación que permanece indefinida desde hace varios meses y que se tradujo en 25 medidas de fuerza, corresponde que sea valorado dado el profundo conocimiento y la íntima relación que mantienen los profesionales con la actividad tribunalicia.

Resulta evidente, asimismo, que el estancamiento de las negociaciones entre el Gobierno y el sector gremial, alteradas por una sucesión de constantes paros y medidas de protesta, afecta la tarea de la administración de justicia y tiene como principales perjudicados a los justiciables y a los abogados y otros profesionales ligados a los litigios, en una situación que alcanza a todos los fueros y a todas las instancias.

El conflicto salarial en la Justicia parece no encontrar vías de solución y encontrarse en un callejón sin salida. La Asociación Judicial rechazó la última propuesta consistente en un aumento salarial del 24 por ciento ofrecido por el Poder Ejecutivo provincial. A su vez, ante la falta de avances, en las últimas horas representantes sindicales se reunieron con ministros de la Suprema Corte para requerirles que inicien un proceso de mediación con funcionarios del Gobierno. Se indicó también que el gremio, en tanto, podría anunciar nuevas medidas de fuerza próximamente.

Se vuelve necesario, una vez más, insistir en la necesidad de que se hallen fórmulas que impidan la reiteración indefinida de paros en los tribunales. No haría falta señalar que, subordinadas a la actividad judicial, existen cuestiones y derechos perentorios relacionados a la libertad, a la propiedad, a situaciones laborales o de familia que son acuciantes, entre otras múltiples obligaciones y garantías que pueden verse omitidas o conculcadas cada vez que una dependencia cierra sus puertas.

Se ha dicho ya que resulta inadmisible que, en el ámbito de un poder público de enorme relevancia institucional, como lo es el Judicial, pueda vivirse en una suerte de recurrente foco de conflictos, en el que desde hace ya algunas décadas se arremolinan casi los mismos puntos controversiales -sean ellos los niveles salariales, la porcentualidad u otras reivindicaciones que plantea el sector- y que también se traducen en una inacabable reiteración de medidas de fuerza, sin que ambas partes atinen a disminuir las fricciones y hayan logrado avanzar hacia algunas instancias superadoras. Y es la falta de definiciones la que termina por condicionar la actividad judicial, en una situación que origina demoras en la tramitación de las causas y serios perjuicios a los derechos de miles de personas involucradas en la actividad jurisdiccional, sin dejar de mencionar los graves trastornos que ello causa en el ejercicio de la abogacía y profesiones afines.

Está demás señalar que los salarios de los empleados y funcionarios son también un factor determinante de la calidad de la prestación de la administración de Justicia. No se puede esperar eficacia ni tampoco independencia en el accionar, sin que el personal se encuentre bien remunerado y jerarquizado. Pero, más allá de estas realidades y de los planteos gremiales -cuyo derecho a presentarlos ante las autoridades resulta incontrastable- debieran también, en todo caso, encontrarse formas de reclamo que no se traduzcan, como viene ocurriendo desde hace muchos años, en la paralización de la actividad de los tribunales.