En La Plata ya no piden seguridad: proponen gestionarla por su cuenta

Si una ola de delitos pegaba fuerte en La Plata, los vecinos de la zona se juntaba para pedir patrullajes, presencia policial, controles, una garita, o se organizaban para marchar hasta la comisaría o llevar un petitorio con firmas al ministerio de Seguridad. No faltaban invitaciones al jefe jurisdiccional, para que en la reunión escuchara los testimonios de primera mano, aunque la cosa no avanzara más allá de la catarsis: los frentistas contando sus asaltos y el policía quejándose por la falta de móviles. Todo terminaba con éste sumado al grupo de WhatsApp del barrio y expulsado cuando lo relevaban del cargo con magros resultados.

Este tipo de crónicas, tan habituales hasta hace muy pocos meses, son ahora reemplazadas por las de encuentros vecinales en los que se discute tenencia y portación de armas, alcance legal de la legítima defensa, seguridad privada armada y seguimiento de causas penales. Los hombres y las mujeres de a pie ya no parecen juntarse para debatir cómo hacer efectivo un reclamo de seguridad, sino para encontrar el modo de gestionar la protección por su cuenta. Algo así como admitir que el Estado no responde y, por lo tanto, sólo se tienen a sí mismos. ¿Cambio de época? Puede ser. ¿Efectivo? Nadie lo sabe. ¿Riesgoso? Definitivamente.

Por lo pronto, anteayer el dueño de una distribuidora de Tolosa mató de cuatro tiros a un ladrón de 16 años que intentó asaltar su negocio con un cómplice que logró escapar. El fallecido tenía antecedentes. La moto en la que andaban, era robada. Antes de que el comerciante tomara su pistola 9 milímetros, vio -dicen testigos- que los asaltantes colocaron un arma en la cabeza de su mujer. Los peritajes determinarán si hubo un exceso o no en la legítima defensa, aunque es difícil imaginar a la justicia investigando por qué se llegó a un escenario tan dramático. El dueño del local situado en 520 entre 11 y 12 sigue libre, pero imputado en una causa por homicidio y con custodia de infantería frente a la distribuidora. Es que el ladrón vivía cerca, en la zona de El Mercadito, y sus allegados ya expusieron sus ganas de que la cosa no quede así.

Aunque el debate por la tenencia de armas se instaló a partir de una iniciativa de vecinos de la zona Norte -la misma donde ocurrió el trágico intento de asalto y donde hace 20 días la veterinaria Emilia Merlo murió de un paro cardíaco 48 horas después de sufrir un brutal asalto- el delito golpea fuerte en toda la Ciudad.

Esta semana, una reconocida empresa de alarmas monitoreadas difundió un relevamiento que se realizó con Inteligencia Artificial (IA), procesando bases de datos de noticias, redes sociales, informes policiales y registros gubernamentales. Se detectó por esta vía que Rosario, La Plata y Córdoba -en ese orden- encabezan el ranking de las ciudades más inseguras de Argentina, lo cual no difiere demasiado de las conclusiones a las que arribó la compañía con informes de su porfolio de clientes.

Ambas coinciden en que Córdoba ocupa el tercer lugar entre las zonas más inseguras, pero difieren con Rosario, La Plata, Bahía Blanca y Mendoza. En el caso de nuestra Ciudad, la empresa de alarmas la ubica en el cuarto lugar, por debajo del Conurbano bonaerense, CABA y Córdoba capital.

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“ACTUAR POR LA NUESTRA”

Después de la muerte de la veterinaria, vecinos de City Bell y de otras localidades de la zona Norte se reunieron para avanzar en el diseño de medidas de autogestión en materia de seguridad, aunque no lo hayan explicitado en estos términos. Es que debatieron sobre patrullas vecinales, confección de un mapa del delito o de calor para determinar las modalidades, horarios y sectores más “calientes”, coincidieron en que es necesario seguir causas penales para saber qué jueces o fiscales no investigan o liberan presos “a las apuradas” y terminaron organizando un encuentro con referentes de la Asociación del Rifle Argentina.

“Varios vecinos y conocidos se están armando o están en ese trámite”, confirma a EL DIA Héctor Tassino, escultor, empresario y referente de la asamblea de seguridad en City Bell; “en general, son personas que las heredaron y tienen que registrarlas o las compraron a conocidos que las tenían de épocas en que no se declaraban”.

El vecino marca una diferencia entre quienes tienen un arma para defenderse de una agresión, de aquel que la usa para perpetrarla.

“Años atrás hubo una campaña para desarmar a la gente, pero ¿de dónde salen las que usan estos pibes de 16 o 17 años? La gente que compra un arma legalmente tiene que estar preparada, o no se la dan. Saben dónde guardarla, cómo usarla y cómo reaccionar”, detalla Tassino.

En cuanto al mapa del calor, similar al que desarrollan desde hace casi dos años vecinos de Los Hornos, Tassino cree que puede relevar información útil para presentar ante el comisario de la Décima y reclamarle personal en ciertas zonas. “Yo he hablado con gobernadores, ministros de seguridad y con los últimos 12 comisarios que pasaron por esta seccional, uno de los cuales terminó preso. Hoy los vecinos te dicen dónde venden droga. ¿Nosotros lo sabemos y ello no?”

La decisión de organizarse para hacer un seguimiento de las causas obedece a “la bronca que genera saber que los delincuentes son liberados o no los imputan de determinados delitos. ¿Al que entró a robar en la distribuidora de Tolosa lo investigarán también por portación ilegal de armas? Porque al dueño de la distribuidora seguro que sí”, reflexionó Tassino.

“La gente está cansada”, concluye el vecino, que se declara dueño de un fuerte “sentido de la propiedad y de comunidad”.

“Si no hay protección de la policía, ni de la justicia, o si las leyes no son parejas para todo el mundo, hay que actuar por las nuestras. Nos ponen en la situación del lejano oeste. Yo no voy a dejar que entren a mi casa estando mi familia. Y si saben que los vecinos los pueden quemar, van a tener otra actitud, no van a entrar a las patadas”.

Daniel Castellani (39) integra la comisión a cargo de la Asociación del Rifle Argentina, con personería jurídica desde noviembre de 2022. “Ese mismo mes le iniciamos una demanda al gobierno de Alberto Fernández, por la resolución que subía 3000 por ciento los aranceles de los trámites”, para que “la gente desistiera de renovar su credencial o tenencia de armas”, explica a este diario. Luego presentaron otra demanda contra la misma gestión, a la que cuestionaron por “alentar el desarme civil”.

Castellani participó de la última reunión de los vecinos de zona norte, a pedido de los organizadores del encuentro.

“VENIMOS DE UNA CULTURA ARMAMENTISTA”

“Nos convocaron sobre todo para despejar dudas legales sobre la legitima defensa, personas que ya son usuarias, tenían armas desde hace tiempo o las heredaron y se les vencieron los permisos”, detalla Castellani, aclarando que, en general, la idea de armarse no seduce a quienes jamás hicieron un disparo. Sí considera que “los argentinos venimos de una cultura armamentista; hemos crecido viendo el revólver en la mesita de luz y la escopeta en el ropero. Y la gente grande, en su mayoría, pasó por la colimba, con una instrucción en el manejo de un arma de fuego”.

No obstante, asegura que la tenencia legal de armas cayó estrepitosamente en Argentina de 2011 a esta parte: según datos de la Asociación, hay unos 360 mil legítimos usuarios y son 500 mil los que “decidieron no renovar su credencial (se vence cada 5 años), porque es muy cara o porque el ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), está desfinanciado y funciona muy mal”.

“No le decimos a la gente que se compre un arma, a diferencia del desarmismo, que le dice que no se compre” - Castellani

Es que comprar un arma y legalizarla, no es sencillo ni barato. Hay que tener más de 21 años, acreditar un medio de vida lícito, presentar un certificado de antecedentes penales, otro de idoneidad de tiro emitido por el Tiro Federal y un psicofísico emitido por un profesional habilitado por el ANMaC, organismo que se ocupará de revisar toda esta documentación en no menos de tres meses. Luego habrá que desembolsar alrededor de 700 mil pesos para comprar un arma de puño (si hablamos de una nacional) y unos 300 mil pesos más para el papeleo (50 mil pesos vale la credencial), balas e instrucción de tiro.

“La venta de armas no subió, al contrario. Si te fijás en la vidriera, tenemos nada más que seis, entre muchísimos artículos de caza, pesca y camping”, contrapone Mario Cosoli, dueño de una armería que lleva 96 años en La Plata. Asegura que en su rubro sólo se mantienen abiertos tres locales, en buena parte por la comercialización de mercadería que nada tiene que ver con las armas.

Según Cosoli, la mayoría de los usuarios legales practican tiro deportivo, de modo que la venta de este tipo de material se mantiene estable con los años, más allá de los vaivenes de la inseguridad. “Algunos clientes, sobre todo mujeres, consultan o compran gas pimienta como método de defensa”, explica.

“NO ES LA SOLUCIÓN”

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) refiere que se registran entre 7 y 8 muertes diarias por disparos en Argentina, donde circulan aproximadamente cuatro millones de armas de fuego en el mercado irregular. Desde la Asociación del Rifle apuntan que las legales son un millón setecientos mil, incluidas las de las fuerzas de seguridad. Entonces, ¿el problema está en quienes eligen tener un arma con todas las de la ley?

“Estas reacciones de la sociedad son absolutamente comprensibles cuando ocurren hechos como los de estos días”, reconoce Pablo “Colo” Pérez, referente de ONGs como La Plata Solidaria y Víctimas por la Paz e hijo de un hombre asesinado en un asalto. “Lo primero que se le viene a la cabeza a cualquiera es tener un arma para defenderse y defender a su familia; pero en el fondo tiene que ver con la ausencia absoluta del Estado en todas sus fases desde hace años, en la represiva -no hay que tenerle miedo a la palabra-, y en la fase social”.

“No le decimos a la gente que se compre un arma, a diferencia del desarmismo, que le dice que no se compre” Daniel Castellani, integrante de la Asociación del Rifle Argentina

“El tipo que mató a mi viejo era en ese momento un joven adicto a la cocaína, que no tenía nada que perder ni que ganar. No estoy en contra de los que tienen legítima portación de armas porque cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero tener vecinos armados y patrullando no puede terminar de otro modo que mal”, concluye. Pérez está convencido de que “hay que trabajar para que la gente comprenda que tener un arma no es un juego de niños, porque el que ingresa a robar está jugado y no sé del otro lado cuántos pueden bancarse el matar a alguien”.

Para el referente comunal, todos son síntomas de “una sociedad que vive en la anomia absoluta. No se le puede pedir a la gente que espere, como si fuera un rezo utópico, pero armarse no es la solución”.

Por lo pronto, en estas horas trascendió que legisladores bonaerenses de todas las fuerzas políticas trabajan en un nuevo proyecto de ley de desarme, que se dará a conocer en los próximos días y que cuenta con el aporte de organizaciones civiles.

“SOLO UNA de CADA DIEZ ES PARA DEFENSA”

“De cada 10 armas de puño que se venden (revólveres, pistolas y pistolones) nueve son para practicar tiro deportivo, recreativo o incrementar bienes personales y solo una es para defender la propiedad o repeler una agresión”, disparan desde la Asociación del Rifle, con datos aportados relevados de armerías de todo el país.

“Nosotros defendemos el derecho constitucional de poder acceder de manera lícita a un arma de fuego”, cierra Castellani, porque “el ciudadano de bien llega a la conclusión de que le exigen un montón de papeles, cuando un delincuente tiene armas sin documentación”.

Pone como ejemplo las condiciones de tenencia y portación. La primera, explica, “te permite trasladar el arma descargada y ponerla en condición inmediata de uso (con municiones y lista para disparar), cuando entrás en tu propiedad. La portación está vetada desde 2004, porque “te piden el doble de requisitos y un pedacito de luna en el bolsillo”.