Entre la herencia y la improvisación

Twitter: @mnspezzapria

En sólo siete meses, Mauricio Macri comprobó lo difícil que es gobernar la Argentina. El Presidente sufre en carne propia los desaguisados de la gestión anterior, que dejó la economía con respirador artificial y la política detonada por la intolerancia, lo que se desparramó sobre la sociedad con los efectos ya conocidos. Semejante cuadro no ofrece respiro ni margen para la improvisación.

Sin embargo, esa imagen es la que se está propagando en este primer tramo de la administración macrista. Así lo advierten dirigentes políticos, empresarios y sindicalistas que en privado expresan su asombro porque Macri y su equipo de gobierno llegaron al poder bajo un halo de eficiencia que no se está verificando en la realidad. Las luces amarillas se encienden incluso entre los aliados.

Un par de ejemplos de la semana que pasó sirven para graficar la situación. Uno resulta un detalle, otro va al fondo de la cuestión institucional. Siete días atrás, las Fuerzas Armadas aguardaban la llegada del Presidente para iniciar el desfile central por el Bicentenario de la Independencia. El mandatario, que había estado el 9 de julio en Tucumán, se excusó porque estaba casi agotado, tal cual se lo vio. De allí se dispararon las versiones de que ya habría resuelto no ser candidato en el 2017.

Pero finalmente lo convencieron y se acercó a Palermo. La demora de Macri provocó un desfasaje en la organización que incomodó a propios y extraños: nadie se atrevía a dar la orden de iniciar el desfile si no lo hacía el comandante en jefe de las FFAA, es decir, el Presidente. Los funcionarios, entre ellos el ministro de Defensa, no se percataron, mientras los militares aguardaban en vano.

El desfile comenzó porque se hizo cargo de ordenarlo un alto jefe militar. Un día después, en la Casa Rosada, la mesa chica del gobierno se reunió para buscarle una salida al conflicto tarifario. Allí estuvieron el propio Macri, Marcos Peña, el ministro Aranguren y su colega Prat Gay, además de aliados clave como el radical Ernesto Sanz. Alumbraron entonces el tope del 400 por ciento.

El martes a primera hora se publicó en el Boletín Oficial una resolución correctiva de la que había emitido originalmente el Ministerio de Energía, que estableció el nuevo parámetro con que las empresas deben facturar los servicios públicos. No se esperó siquiera a que la Cámara Federal de La Plata se pronunciara sobre el recurso extraordinario que más tarde presentó el Poder Ejecutivo.

El resultado de esa desprolijidad quedó a la vista: pasaron los días y el tribunal de alzada platense advirtió que el fallo que suspendió el tarifazo del gas en todo el país aún estaba vigente, pese al decreto gubernamental. La Corte Suprema tampoco le dio un corte al litigio, sino que estiró los plazos para abocarse a la cuestión de fondo: la constitucionalidad (o no) del aumento tarifario, aunque la falta de convocatoria a una audiencia pública no vinculante puede corregirse rápidamente.

Entonces, el gobierno quedó entrampado en los tecnicismos y tuvo que salir a explicar que, en realidad, el tarifazo fue gradual y no un shock, porque el aumento requerido para que el sistema energético comience a reponerse es muy superior al que dispuso. Justamente la percepción contraria a la que tiene la sociedad. Por lo tanto, superado lo judicial, deberá enfrentarse con gran parte de la sociedad, que no puede pagar los montos que devienen de los nuevos precios de la energía.

De allí que la protesta del último jueves contra los aumentos tarifarios haya sido más significativa que lo que preveía el oficialismo, ya que los sectores afectados manifestaron su rechazo más allá de que la convocatoria estuvo motorizada por grupos kirchneristas que estaban necesitando un desahogo frente a tantas malas noticias sobre los estropicios de corrupción de sus referentes.

El malestar social, que en la Rosada prefieren llamar angustia por los avatares de la transición, se tornó evidente en las últimas semanas y se refleja en las encuestas que maneja el gobierno. El jefe de Gabinete Peña, que tres meses atrás destacaba que el Presidente tenía un 66 por ciento de aprobación, ahora comenta como un dato positivo que el 50% de los argentinos apoya la gestión.

El propio Peña salió ayer a la calle junto a figuras partidarias como la gobernadora María Eugenia Vidal y la ministra Carolina Stanley, para hacer un timbreo por la zona oeste del Conurbano y percibir de primera mano el humor social. El jefe de Gabinete está convencido de que la capacidad de escuchar críticas y cuestionamientos es una característica que los argentinos valoran del PRO.

Por eso la administración macrista ensaya rectificaciones de manera constante. Aunque la presencia del elenco gubernamental en el Gran Buenos Aires tiene una lectura política: allí se concentrará el año próximo la principal contienda electoral. Y hasta ahora, el oficialismo viene perdiendo iniciativa frente a distintas variantes de la oposición que abrevan en el peronismo.

El último jueves, en Tigre, se registró una fotografía preocupante para Cambiemos: Sergio Massa recibió a Miguel Angel Pichetto, el jefe del bloque de senadores nacionales del PJ-FpV, en una reunión que blanqueó el acercamiento paulatino entre grupos peronistas que antes estaban dispersos y hasta enfrentados. La amalgama se les facilita por los errores de la gestión macrista.

De hecho, Massa permaneció cerca de Cambiemos cuando la expectativa social que despertaban el Presidente y la Gobernadora era mayoritaria. Pero ahora que la balanza empieza a equilibrarse, no rechaza el acercamiento de peronistas que todavía lo miran con desconfianza -por aquella “traición” de 2013- pero que a la vez lo necesitan para derrotar al oficialismo en la Provincia, pero que insisten en verlo “solamente” como posible líder provincial, que “debe” acordar en todo caso con los líderes peronistas de otras provincias.

En el encuentro con Pichetto no solamente se escucharon críticas al gobierno por la situación de la economía y el tarifazo, sino también por la inseguridad que asola al Conurbano. Hubo incluso algunos dardos a la ministra nacional Patricia Bullrich, quien asegura que bajó la ola de secuestros express. La funcionaria sigue con suma atención el comportamiento de la Policía Bonaerense.

En su despacho, como en otros de la Casa Rosada y la Gobernación provincial, no faltan los informes de inteligencia en los que se advierte que sectores de esa fuerza pueden promover disturbios sociales, como el que días atrás se registró en Ituzaingó. Para la oposición, esas advertencias no tendrían razón de ser si la economía se recuperara y saliera de la recesión.

En algún punto, el gobierno comparte ese diagnóstico: por eso sacrificó este año la reducción del déficit fiscal para alentar el consumo interno, con el aumento de los planes sociales y el pago a los jubilados, más la recuperación de la obra pública que estaba paralizada. Sin embargo, no deja de percibir –como todos los gobiernos- supuestos intentos desestabilizadores en el Conurbano.

Tampoco se aparta el PRO del manual gubernamental cuando lanza al ruedo una agrupación juvenil, lo mismo que pergeñó en su momento Néstor Kirchner con La Cámpora, para captar ese segmento del electorado. Pero hasta el momento, su principal beneficio en ese sentido lo obtiene de resonantes casos judiciales que destapan la maquinaria de corrupción que fue el kirchnerismo.

El hallazgo de casi cinco millones de dólares en cajas de seguridad a nombre de Florencia Kirchner –más allá de que estuvieran declarados por su madre- no hace más que alimentar las sospechas de enriquecimiento indebido de la ex familia presidencial. Ni hablar de las imágenes del monasterio, que afectan a la Iglesia cuando la relación con el gobierno no atraviesa por su mejor momento.

La batalla por el favor de la opinión pública es recurrente, a tal punto que los especialistas hablan hace años de la “campaña permanente”. Los grupos de poder que la protagonizan deberían recordar que en medio de esa contienda siempre queda la población, muchas veces azorada y afligida. Los millones de argentinos cuya confianza no se extiende como un cheque en blanco.