Sólo omisiones injustificables pueden explicar la persistencia de las barreras arquitectónicas

La demanda judicial impulsada contra el gobierno provincial, a raíz de que la mayoría de las escuelas de La Plata son inaccesibles para personas con discapacidad debido a las múltiples barreras físicas que presentan, constituye un reclamo digno de mención, toda vez que apunta a lograr una mejor integración de las personas que sufren desigualdades motrices o de otra índole.

Tal como se informó en este diario, la acción fue iniciada ante el fuero contencioso administrativo por la organización no gubernamental “Acceso Ya” y cuenta con el patrocinio de la clínica de derechos humanos y discapacidad, un programa de extensión de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, poniéndose de relieve que las denominadas barreras arquitectónicas se encuentran en la mayoría de las escuelas de nuestra ciudad, tanto en las de gestión pública como privada.

Los antecedentes invocados dejan a la vista los notorios incumplimientos existentes en lo que concierne a la eliminación de barreras urbanísticas. De los algo más de 400 establecimientos educativos sólo un 1 (uno) por ciento resulta accesible; un 84 por ciento es inaccesible y un 15 por ciento no pudo determinarse, ya que las autoridades de las escuelas de este último grupo, pese a que existía un permiso administrativo, se negaron a permitir la entrada al edificio.

Tal como se sostuvo en la demanda, las barreras –por caso, escaleras en las entradas o en el interior- constituyen una de las causas centrales de la exclusión social de niños con discapacidades , que ven seriamente dificultado así su derecho a una educación inclusiva, como está determinado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la ley provincial 10.592. Desde la facultad de Derecho se puso de relieve que la acción fue iniciada luego de comprobarse los distintos incumplimientos, requiriéndosele a la Justicia que emplace a la Dirección General de Educación para que cesen estas omisiones, implementándose un plan de accesibilidad a las escuelas públicas.

Es cierto que existen falencias en casi todos los otros campos. Los colectivos carecen de sistemas mecánicos que faciliten el ingreso, permanencia y egreso de quienes sufren desigualdades físicas; en muchos lugares públicos faltan ascensores; buena parte de los edificios gubernamentales o privados no disponen de rampas de ingreso y en general faltan señalizaciones y otras adecuaciones –inclusive culturales y de comportamiento- que allanen la vida de personas con desigualdades. Pero estas omisiones casi universales no eximen, en modo alguno, al ámbito educativo, para que ajuste su actividad y sus estructuras a lo que disponen las leyes.

Las necesidades de las personas con desigualdades físicas deben ser respetadas. Las normas que están vigentes deben hacerse cumplir, sin permitir que se conviertan en meros enunciados retóricos de buenas intenciones. Es muchísimo lo que falta hacer en este tema y, por ello, lo importante es que tanto los organismos públicos como el sector privado confluyan en el diseño de ciudades aptas y funcionales para todo, sea en las construcciones nuevas como en la readecuación de las existentes.