Buscan a un jefe policial acusado de enriquecimiento
Tiene orden de captura. Se trata de Basilio Barchuk, ex jefe de la Departamental Necochea
| 1 de Abril de 2004 | 00:00
La Cámara Penal platense ordenó ayer la detención del jefe policial Basilio Barchuk, quien es investigado junto a una veintena de comisarios de la Bonaerense por presunto enriquecimiento ilícito.
En el fallo, dictado por la Sala II -integrada por los camaristas Ricardo Szelagowski, Sergio Almeida y Sara Rodríguez- se hizo lugar a la apelación realizada por el fiscal Víctor Violini contra la resolución del juez de Garantías César Melazo, que denegó el requerimiento de detención formulado por el ministerio público.
Esta decisión de la alzada "podría tener consecuencias directas sobre la situación procesal de otros comisarios investigados, algunos de ellos con pedidos de detención que también fueron denegados por el juez de Garantías", destacó un vocero judicial.
Cabe recordar, que al rechazar el pedido del fiscal, el juez criticó el procedimiento seguido para investigar al policía, y concluyó que "por el momento" no se debía hacer lugar a la detención.
El eje de la discusión sobre el procedimiento empleado por el fiscal se encuentra en la interpretación del artículo 268 (2) del Código Penal, que castiga con penas de prisión o reclusión de dos a seis años al que "al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".
El debate pasa por establecer cuando se considera "debidamente requerido" al imputado la justificación del enriquecimiento patrimonial apreciable, ya que el delito en cuestión consiste en la no justificación de ese incremento.
Voceros judiciales indicaron que la jurisprudencia está dividida en dos posturas: la primera, sostenida por Violini, considera que el requerimiento debe ser administrativo. La segunda considera que ese pedido de justificación del patrimonio incrementado debe ser judicial.
Según el fiscal, Barchuk "ha incrementado en forma apreciable su patrimonio, sin haberlo podido justificar al ser 'debidamente requerido' por la autoridad de competencia para ello, en el caso las copias entregadas por la dirección general de Control de la Corrupción del ministerio de Seguridad bonaerense y los informes técnicos efectuados por un instructor contador de la Policía Judicial".
Para el doctor Melazo, que adhiere a la segunda postura, la investigación de la fiscalía está incompleta, porque "no se encuentra acreditado uno de los elementos del tipo objetivo, esto es el debido requerimiento".
El juez detalló en su resolución que "más allá de si de la autoridad administrativa que efectuó el requerimiento resulta ser competente para ello, el mismo no es específico ni presenta las particularidades requeridas en cuanto a accidentes de tiempo, lugar y modo".
Finalmente ayer, la Cámara se inclinó por la postura del fiscal y ordenó la detención del jefe policial.
La investigación sobre el patrimonio de los 20 comisarios denunciados actualmente está a cargo del fiscal Sergio Delucis -a cargo de la fiscalía por la reciente designación de Violini como defensor adjunto de la Casación- y la instrucción de la causa está en manos de la oficina de Derechos Humanos y Delitos de la Administración Pública de la Procuración bonaerense, que dirige el doctor Néstor Caramés.
Voceros judiciales informaron que el citado organismo de la Procuración realizó la tarea de investigación sobre el patrimonio de altos jefes policiales, que detectó la presunta "desproporción entre lo percibido por el funcionario policial y el patrimonio declarado por el mismo".
En el fallo, dictado por la Sala II -integrada por los camaristas Ricardo Szelagowski, Sergio Almeida y Sara Rodríguez- se hizo lugar a la apelación realizada por el fiscal Víctor Violini contra la resolución del juez de Garantías César Melazo, que denegó el requerimiento de detención formulado por el ministerio público.
Esta decisión de la alzada "podría tener consecuencias directas sobre la situación procesal de otros comisarios investigados, algunos de ellos con pedidos de detención que también fueron denegados por el juez de Garantías", destacó un vocero judicial.
Cabe recordar, que al rechazar el pedido del fiscal, el juez criticó el procedimiento seguido para investigar al policía, y concluyó que "por el momento" no se debía hacer lugar a la detención.
El eje de la discusión sobre el procedimiento empleado por el fiscal se encuentra en la interpretación del artículo 268 (2) del Código Penal, que castiga con penas de prisión o reclusión de dos a seis años al que "al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".
El debate pasa por establecer cuando se considera "debidamente requerido" al imputado la justificación del enriquecimiento patrimonial apreciable, ya que el delito en cuestión consiste en la no justificación de ese incremento.
Voceros judiciales indicaron que la jurisprudencia está dividida en dos posturas: la primera, sostenida por Violini, considera que el requerimiento debe ser administrativo. La segunda considera que ese pedido de justificación del patrimonio incrementado debe ser judicial.
Según el fiscal, Barchuk "ha incrementado en forma apreciable su patrimonio, sin haberlo podido justificar al ser 'debidamente requerido' por la autoridad de competencia para ello, en el caso las copias entregadas por la dirección general de Control de la Corrupción del ministerio de Seguridad bonaerense y los informes técnicos efectuados por un instructor contador de la Policía Judicial".
Para el doctor Melazo, que adhiere a la segunda postura, la investigación de la fiscalía está incompleta, porque "no se encuentra acreditado uno de los elementos del tipo objetivo, esto es el debido requerimiento".
El juez detalló en su resolución que "más allá de si de la autoridad administrativa que efectuó el requerimiento resulta ser competente para ello, el mismo no es específico ni presenta las particularidades requeridas en cuanto a accidentes de tiempo, lugar y modo".
Finalmente ayer, la Cámara se inclinó por la postura del fiscal y ordenó la detención del jefe policial.
La investigación sobre el patrimonio de los 20 comisarios denunciados actualmente está a cargo del fiscal Sergio Delucis -a cargo de la fiscalía por la reciente designación de Violini como defensor adjunto de la Casación- y la instrucción de la causa está en manos de la oficina de Derechos Humanos y Delitos de la Administración Pública de la Procuración bonaerense, que dirige el doctor Néstor Caramés.
Voceros judiciales informaron que el citado organismo de la Procuración realizó la tarea de investigación sobre el patrimonio de altos jefes policiales, que detectó la presunta "desproporción entre lo percibido por el funcionario policial y el patrimonio declarado por el mismo".
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