Ponen en marcha la reforma judicial
Empiezan a instrumentar los cambios derivados de las leyes aprobadas la semana pasada
| 3 de Marzo de 2008 | 01:00
La reforma judicial bonaerense recientemente aprobada por la Legislatura comenzó a ser implementada en los tribunales provinciales, con la idea de que rápidamente pueda ponerse en marcha para descomprimir la Cámara de Casación penal y darles mayor celebridad a los procesos.
Actualmente, la Cámara de Casación -máxima instancia penal de la Provincia- está compuesta por tres salas de tres jueces cada una, que se encargan de revisar procesos de los tribunales inferiores.
En toda la Cámara hay un total de 7.000 causas que aún no tienen definición, lo que no sólo provoca mora sino también la caída de muchas de ellas por prescripción.
Además, con esta nueva ley, la Casación sólo velará por aquellas causas que ya han pasado por un tribunal oral, es decir, el juicio.
Así, tramitaciones como excarcelaciones, hábeas corpus y planteos de incompetencia serán tratados directamente por las Cámaras de Apelaciones de cada jurisdicción.
SEIS MESES DE PLAZO
Con la reforma el tribunal de Casación tiene un plazo de seis meses para resolver una causa, prorrogables por otros seis con fundamento.
Esta nueva ley se diferencia de la propuesta por el ex gobernador Felipe Solá, quien pretendía eliminar la Casación, lo que generó fuertes críticas en el interior del Tribunal y en la Justicia en general al afirmar que se reducían las garantías procesales de las personas.
Además, el dato saliente de las iniciativas transformadas en ley por ambas cámaras, es que se otorga mayores atribuciones a la Suprema Corte y se veda la llegada de apelaciones a este alto tribunal en el caso de delitos con penas de no más de 10 años de prisión.
"LAS MANOS EN LA MASA"
Otra de las medidas es incorporar en todo el territorio bonaerense el sistema de flagrancia, por el cual en 60 días se resolverá la situación procesal de aquellos que cometan delitos "in fraganti", es decir, "con las manos en la masa", según la definición del ministro de Justicia, Ricardo Casal.
Este sistema ya funciona desde 2005 en la ciudad de Mar del Plata y luego se empezó a aplicar en Bahía Blanca, Junín, Morón, Necochea, Pergamino, La Matanza, San Martín y Trenque Lauquen, entre otras.
El sistema prevé que una vez que el fiscal informa que hay un detenido en un caso de flagrancia, el juez de garantías deberá convocar a una audiencia oral dentro de los cinco días, donde también participa la víctima del delito, y así se instala la oralidad desde el comienzo del proceso.
En el caso de requerirse la excarcelación, al quinto día se fijará la audiencia y allí se podrá dictar la prisión preventiva, el sobreseimiento o la suspensión de juicio a prueba.
De concederse la libertad, en un plazo no mayor a los 40 días el acusado será convocado a una reunión similar para cerrar la investigación o llegar a posibles acuerdos.
Según los expertos, con este método para todos aquellos delitos que prevén una condena menor a los 15 años, se resuelven la gran mayoría de las causas que ingresan cada año.
También se quiere introducir reformas en el Código de Procedimientos penal para restringir los recursos judiciales que dilatan los expedientes.
De esta manera, se terminaría con las llamadas "chicanas procesales" que interponen en muchos casos los abogados.
Otra de las iniciativas que cada vez toma más forma, es la llamada descentralización de las fiscalías, donde pese a comprender a un determinado departamento judicial, se trata de acercar al ministerio público, representante de la sociedad, a los distintos barrios.
Todos estos proyectos fueron convalidados la semana pasada por los senadores y diputados bonaerenses con algunas modificaciones.
Actualmente, la Cámara de Casación -máxima instancia penal de la Provincia- está compuesta por tres salas de tres jueces cada una, que se encargan de revisar procesos de los tribunales inferiores.
En toda la Cámara hay un total de 7.000 causas que aún no tienen definición, lo que no sólo provoca mora sino también la caída de muchas de ellas por prescripción.
Además, con esta nueva ley, la Casación sólo velará por aquellas causas que ya han pasado por un tribunal oral, es decir, el juicio.
Así, tramitaciones como excarcelaciones, hábeas corpus y planteos de incompetencia serán tratados directamente por las Cámaras de Apelaciones de cada jurisdicción.
SEIS MESES DE PLAZO
Con la reforma el tribunal de Casación tiene un plazo de seis meses para resolver una causa, prorrogables por otros seis con fundamento.
Esta nueva ley se diferencia de la propuesta por el ex gobernador Felipe Solá, quien pretendía eliminar la Casación, lo que generó fuertes críticas en el interior del Tribunal y en la Justicia en general al afirmar que se reducían las garantías procesales de las personas.
Además, el dato saliente de las iniciativas transformadas en ley por ambas cámaras, es que se otorga mayores atribuciones a la Suprema Corte y se veda la llegada de apelaciones a este alto tribunal en el caso de delitos con penas de no más de 10 años de prisión.
"LAS MANOS EN LA MASA"
Otra de las medidas es incorporar en todo el territorio bonaerense el sistema de flagrancia, por el cual en 60 días se resolverá la situación procesal de aquellos que cometan delitos "in fraganti", es decir, "con las manos en la masa", según la definición del ministro de Justicia, Ricardo Casal.
Este sistema ya funciona desde 2005 en la ciudad de Mar del Plata y luego se empezó a aplicar en Bahía Blanca, Junín, Morón, Necochea, Pergamino, La Matanza, San Martín y Trenque Lauquen, entre otras.
El sistema prevé que una vez que el fiscal informa que hay un detenido en un caso de flagrancia, el juez de garantías deberá convocar a una audiencia oral dentro de los cinco días, donde también participa la víctima del delito, y así se instala la oralidad desde el comienzo del proceso.
En el caso de requerirse la excarcelación, al quinto día se fijará la audiencia y allí se podrá dictar la prisión preventiva, el sobreseimiento o la suspensión de juicio a prueba.
De concederse la libertad, en un plazo no mayor a los 40 días el acusado será convocado a una reunión similar para cerrar la investigación o llegar a posibles acuerdos.
Según los expertos, con este método para todos aquellos delitos que prevén una condena menor a los 15 años, se resuelven la gran mayoría de las causas que ingresan cada año.
También se quiere introducir reformas en el Código de Procedimientos penal para restringir los recursos judiciales que dilatan los expedientes.
De esta manera, se terminaría con las llamadas "chicanas procesales" que interponen en muchos casos los abogados.
Otra de las iniciativas que cada vez toma más forma, es la llamada descentralización de las fiscalías, donde pese a comprender a un determinado departamento judicial, se trata de acercar al ministerio público, representante de la sociedad, a los distintos barrios.
Todos estos proyectos fueron convalidados la semana pasada por los senadores y diputados bonaerenses con algunas modificaciones.
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