El gobierno venezolano defiende el uso de la fuerza, pese a las muertes
Edición Impresa | 6 de Mayo de 2017 | 02:32

CARACAS.- La muerte de un joven de 20 años llevó ayer a 41 el número de muertos en Venezuela desde el inicio de la última ola de manifestaciones de oficialistas y opositores, mientras el Gobierno defendió el uso “legal, proporcional y diferenciado” de la fuerza por parte del Estado y la gestión de Nicolás Maduro volvió a recibir cuestionamientos de Estados Unidos, por un lado, y de otros 8 países de la región, por el otro.
La nueva víctima es Hecder Lugo, herido el jueves en una manifestación opositora en el municipio San Diego, del estado Carabobo. La víctima “se encontraba en el lugar donde se desarrollaba la manifestación, cuando resultó herido por arma de fuego”, señaló el Ministerio Público.
Aunque la Fiscalía no detalló en que parte del cuerpo fue herido Lugo, el opositor Enzo Scarano, ex alcalde de San Diego y esposo de la actual alcaldesa de ese municipio, Rosa de Scarano, informó en la red Twitter que el joven fue “herido de gravedad en la cabeza” y que tenía un “orificio de entrada y salida”.
En este hecho, registrado en la localidad de Tulipán de ese municipio, también resultaron heridos otras cinco personas, según indicó Scarano, quien detalló que tres tenían heridas leves por perdigones.
ACUSAN A LA REPRESION
El diputado de Carabobo, el opositor Marco Bozo, había informado ayer que Lugo había sido herido “de gravedad” como “consecuencia de la represión de la GNB (Guardia Nacional, policía militarizada)” en ese estado.
Bozo y su par Juan Miguel Matheus denunciaron que Carabobo estaba siendo escenario del caos provocado por saqueos y por la represión a las protestas antigubernamentales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
“Carabobo vive anarquía total; para reprimir manifestaciones pacíficas sí son machos pero para poner orden a vándalos se frenan. ¿Complicidad?”, escribió entonces Bozo en su cuenta de Twitter.
Matheus dijo, a su turno, que el Gobierno perdió “el control” de Carabobo y que “los paramilitares se han apoderado de las vías del estado, pidiendo vacunas (pagos) para avanzar y quemando camiones de comida”.
CENTENARES DE HERIDOS
A la cifra de 41 muertos deben sumarse unos 700 heridos, según coinciden varias ONGs, en medio del habitual cruce de responsabilidades entre el Ejecutivo y la Mesa de Unidad Democrática (MUD) -que reúne a casi todo el antichavismo-.
El Gobierno salió ayer, a través del ministro de Educación y ahora encargado de la comisión para impulsar la participación en una Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, a reivindicar que el uso de la fuerza como respuesta del Estado a las protestas fue “legal, proporcional y diferenciado”.
“Hasta ahora la respuesta del Estado venezolano ha sido el uso legal, proporcional y diferenciado de la fuerza, pero incluso pudiéramos decir, estamos por debajo de los estándares porque estamos enfrentando a manifestantes armados, con pistolas, escopetas de fusiles en algunos casos”, afirmó Jaua.
El ex canciller aseguró que estos manifestantes armados “han ocasionado ya la muerte de cinco efectivos policiales, militares, guardia nacional (GNB, policía militarizada” y que las fuerzas de seguridad, en cambio, respondieron “con agua de propulsión, bombas lacrimógenas y contención física” de los que protestan.
Para Jaua, el presidente Nicolás Maduro debió “defenderse con los medios legales que posee el Estado y con las acciones políticas necesarias para desatrancar el conflicto político”, en referencia al plan de una Asamblea Constituyente, chocó con la decisión de la opositora “Asociación de Alcaldes por Venezuela” de participar del proceso.
“Le decimos a todos los venezolanos que no vamos a aceptar ese proceso constituyente, que no vamos a participar en él, que no podemos participar en un fraude a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo el alcalde del municipio capitalino Baruta, el opositor Gerardo Blyde, en representación de 80 alcaldes del país.
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