Crecen los reclamos de los gobernadores por los fondos y la Casa Rosada endurece su postura

Molestos con la baja de la recaudación, el recorte de fondos y el freno de la obra pública, los gobernadores en bloque endurecen su posición contra el Gobierno. Después de que la semana pasada todos los mandatarios acordaran un proyecto para modificar la distribución del impuesto al combustible y los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) que les llega a las provincias, amenazan con presentar ese texto en el Senado en los próximos días, mientras prevén para este martes un nuevo encuentro al que se sumaría el ministro de Economía, Luis Caputo, celoso defensor del déficit cero que proclama el presidente, Javier Milei.

La avanzada de las provincias se da después de la inédita cumbre que celebraron hace una semana en la sede del Consejo Federal de Inversiones, donde los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño coincidieron de forma unánime en exigirle al Gobierno nacional la restitución de fondos coparticipables que, según denuncian, le están siendo retenidos.

Además de servir como una muestra de unidad política y de representar un abierto desafío para el Ejecutivo, el reclamo de los gobernadores puso sobre la mesa una cifra millonaria: un billón de pesos, que es el que, aseguran, el Estado nacional les retuvo por los ATN y el impuesto a los combustibles, cuya distribución quieren modificar.

Los ATN se financian con el 1 % de la coparticipación que aportan las provincias. Según la normativa vigente, deben destinarse para “atender los desequilibrios financieros de los distritos”.

Sin embargo, la historia reciente da cuenta de usos discrecionales que replica en forma extrema el actual Gobierno. Los mandatarios advierten que desde la asunción de Milei, solo 49 mil millones de pesos fueron girados a las provincias más dialoguistas, mientras que 630 mil millones quedaron en manos del ministro Caputo, como herramienta de ajuste.

Algo similar ocurre con el Impuesto a los Combustibles, cuyo destino legal es la ejecución de obras hídricas en las provincias. Sin embargo, la obra pública fue casi eliminada por decisión presidencial y esa partida (de unos 420 mil millones de pesos) también fue absorbida por la Nación.

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El resultado es el mencionado: más de un billón de pesos retenidos por la Nación que las provincias, en bloque, reclaman.

La furia de los gobernadores se agiganta además porque denuncian que de la recaudación de impuestos solo les llega entre 28 y 30%, a lo que se suma la creación de una serie de gravámenes que no son coparticipables.

Las demandas no terminan allí. Desde el Norte Grande y el Litoral, un grupo de gobernadores presionan al Congreso para tratar un proyecto que contemple una tarifa diferencial eléctrica para las zonas cálidas de esa región. Mientras que los mandatarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos pusieron el grito en el cielo por la suba de las retenciones al campo. Tal es el grado de tensión entre los gobernadores y la Casa Rosada que incluso un aliado como el tucumano Osvaldo Jaldo le advirtió en estos días al Presidente “que no se equivoque” porque “no puede gobernar solo” y que, si la gestión libertaria no reacciona, habrá “un costo social muy importante” en el país y aseveró: “O nos van bien a todos o nos va mal a todos”.

El Gobierno no cede

Lejos de ceder a los reclamos, en el Gobierno mantuvieron su posición a favor del “orden fiscal”. Fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien respondió a la presión creciente de los gobernadores por mayores recursos y una nueva ley de Coparticipación al remarcar que no van “a hipotecar el orden fiscal por presiones políticas” y ratificó: “No podemos aceptar (el reclamo) en aras del equilibrio fiscal”.

El funcionario aclaró que el Ejecutivo está “dispuesto a discutir, pero si no hay acuerdo el tema se debatirá en el Congreso”.

De hecho, el Gobierno viene participando de negociaciones con los gobernadores y, como se dijo, se prevé que mañana el ministro de Economía se involucre en la mesa del CFI.

Francos recordó que la reforma de la coparticipación “es una deuda desde la Constitución del ‘94” y admitió que el Gobierno busca avanzar en un nuevo esquema: “Es uno de los puntos incluidos en el Pacto de Mayo. Hay gobernadores que lo impulsan y otros que no, pero lo vamos a intentar. Hace más de 30 años que nadie pudo resolverlo”.