Una iniciativa que despierta el repudio de varios sectores

Organizaciones sociales, legisladores de distintos partidos políticos, periodistas, actrices y escritoras repudiaron ayer, a través de comunicados y redes sociales, el proyecto firmado por la mayoría de los legisladores provinciales de Tucumán que pretende prohibir los abortos en casos de violación.

“Queda prohibida la discriminación al niño por nacer, gestado por causa de violación” dice el proyecto. Léase: no me importa que te hayan violado, debés continuar el embarazo. El Código Penal prevé que el aborto por violación es legal y no puede modificarse por leyes provinciales”, tuiteó el diputado nacional del PRO, Daniel Lipovetzky, uno de los principales impulsores del proyecto para legalizar el aborto.

“ESImportante que en #Tucumán la dirigencia conozca los contenidos de Educación Sexual y los principios elementales del derecho. No podemos seguir siendo noticias por estos papelones”, escribió en su cuenta de Twitter la Diputada Nacional por Tucumán del Bloque Evolución Radical, Teresita Villavicencio.

Por su parte, la Fundación Huésped escribió en su cuenta que “una ley así de la Legislatura de Tucumán sería claramente inconstitucional. El Código Penal es derecho común en toda la república y la violación es una de las causales para el aborto legal. Las provincias no pueden legislar sobre eso”.

En tanto, la periodista Ingrid Beck consideró a esa provincia “Pionera en incumplir la ley y violar la Constitución”, y la escritora Claudia Piñeiro se refirió al título publicado en el diario La Gaceta “Tucumán sería pionera en prohibir el aborto”: “Pionera” no sería la palabra más indicada me parece. Increíble que pase esto. Legisladores provinciales prohibirán abortar en caso de violación, podes creer?”

Además, a través de un comunicado que incluye la firma de Mujeres X Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacional, Centro de Estudios Legales y Sociales, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas), Centro de Estudios Estados y Sociedad (CEDES) y Espacio Intercátedra de la Facultad de Derecho de la UNT consideraron que la iniciativa “evidencia un absoluto desconocimiento del derecho”.